Por Carlos Peláez

Los reconocidamente necios no deberían tener lugar en la vida política pública, hacen mucho daño.

Eduardo Bonomi fue algo necio porque tardó mucho tiempo en reconocer que la protesta de la gente por la inseguridad era un síntoma de que algo iba mal. Pero su sucesor Jorge Larrañaga fue un necio a tiempo completo.

La seguridad no debió  ser nunca un comodín para el debate público, porque es un asunto de extrema gravedad y compleja resolución.

No alcanza sólo con perseguir y encarcelar delincuentes. Son problemas importantes la situación de la cárceles; los avances del narco y la existencia de nuevos delitos como el sicariato. Pero también es un grave problema la calidad de nuestra policía.

No basta con gritar “al policía se lo respeta”, si el policía no es visto como un ciudadano respetable..

Bonomi tuvo un acierto importante al perseguir con éxito importante la corrupción policial. Según números proporcionados por la división Asuntos Internos “en 10 años lograron la destitución de unos 3.000 funcionarios”. El 10% de la fuerza policial; ¿comprenden la gravedad del problema?

Con espíritu revanchista y fundacional, Larrañaga tiró por la borda lo que estaba bien hecho. Hoy vemos los resultados.

Que nadie entienda que estamos acusando a todos los policías, porque se sabe que la absoluta mayoría son buenos y abnegados ciudadanos dispuestos a exponer su vida para cuidar la nuestra. Nada menos.

Pero ¿cómo creen ustedes se sentirán esos policías cuando se enteran que algunos de sus jefes le avisan a narcos o contrabandistas que serán allanados? ¿Cómo pueden tener confianza en que sus superiores no los expondrán ante los delincuentes?

No se puede negar la corrupción

Ese delito, abuso de información privilegiada, fue uno de los que se adjudicó al tercer jerarca de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira, quién, según dijo el fiscal Jorge Vaz, “avisaba a delincuentes que serían allanados”. 

Ese delito también fue imputado a un policía de Investigaciones de Cerro Largo esta misma semana. Las investigaciones de la Fiscalía de Melo y los procesamientos decretados por la Justicia promovieron la renuncia – un eufemismo de destitución - del Jefe de Policía, comisario (r) José Adán Olivera.

Tres semanas antes se aplicó el mismo eufemismo al Jefe de Policía de Río Negro, comisario (r) Martín Botto acusado de proteger a un oficial de esa Jefatura  imputado por la justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado.

En junio varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para recuperar objetos robados”. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el Jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira, “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas, por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante por hechos banales. Pero Yeniffer Izquierdo, abogada del sindicato policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. Otra denuncia señaló a un efectivo por acosar menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior, fue interceptado, cuando paseaba con su familia, por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente, agregó el medio radial. Estas denuncias son investigadas en Melo debido a que la actuaria del juzgado olimareño es familiar directa de uno de los involucrados.

También en junio pasado tres policías de Artigas fueron formalizados por “abuso de funciones” y uno de ellos por “lesiones graves”. La acción judicial estuvo motivada por un procedimiento realizado en la vía pública que terminó con una persona herida de bala.

En agosto la justicia de San José imputó al jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.

En octubre del año pasado había sido destituido el Jefe de Policía de Flores por “incumplir órdenes del Ministerio”. Y en el mismo tiempo fue destituido el Jefe de Policía de Montevideo por “haberse reunido con el ex Director de Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal”.

A fines de la semana pasada fue enviado a la cárcel el subcomisario Ricardo Perdomo, integrante de la Jefatura de Maldonado, por “tráfico interno de armas”.

Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira, quién antes de ser Coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.

Vale recordar que hasta el propio Director Nacional de Policía, inspector Diego Fernández. carga con un bagaje complicado desde la época del inspector Julio Guarteche.

Abusos contra presos y  demasiados casos de femicidios o violencia doméstica, también afectan al conjunto de la policía

Uno de los errores más graves de Larrañaga fue haber barrido con decenas de oficiales jóvenes, sin los vicios del pasado y con formación, para sustituirlos por muchos  viejos oficiales que fueron protagonistas de un pasado que no dignifica a la policía.

El caso más emblemático de los últimos días es el del ahora ex Jefe de Policía de Cerro Largo. El jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo del 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Rio Branco y Acegúa. En Río Branco en un primer momento hubo mucho decomiso de drogas; después no, ni de drogas ni de contrabando y se reprodujo el abigeato. Lo mismo en Aceguá. Y muchos de los cargamentos que entraban al país se los detenía en Lavalleja y Treinta y Tres, pero había pasado por Río Branco”.

Ahora fue destituido porque uno de sus funcionarios de confianza fue remitido a prisión por contrabando. Pero habrá que ver si al culminar la investigación fiscal Jose Adán Olivera termina o no procesado.

El muro azul

Para poder denunciar actos de corrupción el sindicato de Funcionarios Policiales del Uruguay (SIFPOM) propone la creación de una Fiscalía para que los efectivos puedan denunciar hechos delictivos de forma anónima y eviten represalias, como traslados o descuentos salariales abusivos.

El SIFPOM propone crear un ámbito en el que los policías puedan denunciar y se preserve su identidad, ya que advierten que inmediatamente que un efectivo realiza una denuncia «se le está avisando al jerarca» denunciado, y en algunos casos es el denunciado quien realiza la investigación interna, advirtió.

Para Patricia Rodríguez, dirigente de ese sindicato, “hay un antes y un después en la sindicalización, porque en la Policía, en un régimen vertical y de mando, hay mucho acoso sexual, muchísimo. El que está arriba tuyo se siente con la potestad… Tiene una forma de presionarte, si quiere, y una discrecionalidad que tienen, cuando llegan a ciertos mandos, que pueden jugar con la vida de un trabajador. Si yo me negaba a una orden de un jefe ya es posibilidad de que te cambien de turno, de que te cambien de lugar de trabajo. Vivís en una punta del a ciudad y te mandan a trabajar a la otra punta de la ciudad”.

El abuso de las jerarquías policiales se expresa de muchas formas, no sólo por las señalas por Rodríguez. Por ejemplo en la distribución de las horas ciudad, los servicios especiales y aún en aquellos que están prohibidos pero siguen funcionando como el “tener agencias de seguridad mientras se está en actividad”.

Son muchos los policías sancionados o descalificados por denunciar corrupción en propias filas. Contra el “muro azul” es difícil luchar.

El abuso en números

La corrupción policial no es un problema nuevo. Pero lo nuevo de este tiempo es cómo se la combate o no.

El 26 de marzo de 2019 el entonces subsecretario del ministerio, Jorge Vázquez, envió una comunicación a Asuntos Internos  solicitando información relacionada con “presuntos hechos de corrupción o irregularidades” denunciados durante los últimos años, que involucran a personal policial de todo el país. Vázquez recibió, semanas después, un expediente con detalles acerca de las actuaciones de esa repartición. El documento, obtenido por Brecha, revela el aluvión de denuncias que el principal órgano de contralor interno de la cartera ha venido enfrentando, con escasos recursos y una demanda creciente, en los últimos cuatro años. Entre 2015 y abril de 2019 “se han denunciado 22.077 irregularidades o presuntos hechos de corrupción”, respondían a Vázquez desde Asuntos Internos. Es decir: 4.415 casos al año o 12 casos diarios, incluidos sábados, domingos y feriados.

Pero el asunto era más grave. Por el 0800 5000 –número de atención al usuario– se reciben llamadas de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Trabajaban allí 24 personas en dos turnos. Según el expediente elevado a Vázquez, sólo en 2015 se atendieron 42.340 llamadas. En los años sucesivos el caudal fue disminuyendo: en 2016 se atendieron 40.822, en 2017 fueron 39.713 y en 2018, 32.533. Esto no quiere decir que las llamadas disminuyeran. Debido a la escasez de recursos humanos abocados a la tarea, año a año más llamadas fueron quedando sin atender. En el documento, Asuntos Internos consigna que se ha registrado un “aumento significativo de llamadas por parte de usuarios a este servicio en el presente año [2019], con importante nivel de llamadas que se registran abandonadas o no atendidas”. En efecto: en 2015 quedaron por el camino 13.044 llamadas. En 2016 el número descendió: no se atendieron 9.170. Pero en 2017 las llamadas ignoradas fueron 16.359, y en 2018 quedaron 41.358 sin atender (es decir: se atendieron menos de la mitad de las llamadas recibidas).

¿Alguien puede creer que con el cambio de gobierno estos números descenderían como por arte de magia? Si bien es probable que en el año 2020 con pandemia en pleno desarrollo y la gente voluntariamente encerrada, los casos de abusos policiales pudieron descender, con la recuperación de la actividad, los datos nuevos están a la vista. Y se llevan por delante a varios jerarcas.

Como en el gobierno anterior, éste también manifiesta un obseso interés por los números. Relatar que  hubo dos, tres o cinco homicidios más o menos olvida que detrás de esos números hay personas. Y que tampoco indican nada.

Primero porque no recogen la realidad de los barrios más afectados y luego porque la sociedad se encuentra ante nuevos delitos cometidos por delincuentes más preparados y mejor armados.

El ministro Luis Alberto Heber no parece ser el hombre adecuado porque ha terminado cediendo el control político de su ministerio a manos de una oficialidad con muchas complejidades, que en varias oportunidades lo han dejado en blanco.

Pero ¿hay un hombre adecuado o habrá llegado la hora de trascender gobiernos y partidos para  pensar en una política de Estado?¨