El debate sobre los parámetros del sistema de jubilaciones y pensiones

Siguiendo con lo anunciado en este número  de Claridad va la segunda entrega de este documento elaborado por el sindicato de los trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), el que refleja un importante nivel de elaboración y propuestas que sirven como base para la movilización tendiente a echar por tierra la reforma proyectada.

Este análisis debería partir de reconocer que los trabajadores al jubilarse en las condiciones actuales reducen significativamente su calidad de vida y que no debería modificarse ningún parámetro para disminuir las pasividades. Obviamente se estudiarán todas aquellas alternativas que puedan mejorar los actuales parámetros en beneficio de los trabajadores activos y pasivos. Por lo tanto, estamos en contra de las alternativas tales como aquellas que: aumentarían la edad mínima de retiro; considerarían la trayectoria completa del trabajador para calcular el Salario Básico Jubilatorio; reducir la tasa de reemplazo; aumentar el aporte de los trabajadores; modificar el criterio de indexación por el Índice Medio de Salarios. Entendemos, además, que deben aumentarse los aportes patronales que hoy son mucho menores que los aportes de los trabajadores y aumentar los mínimos y los topes de las jubilaciones. Por su parte, los topes salariales para contribuir al sistema y de distribución entre pilares deberían verse, si es que se mantienen, con posterioridad al análisis estructural del sistema. Rechazamos las propuestas de incorporar un sistema de cuentas nocionales - basadas en el modelo que implantó Suecia en 1994- por las siguientes consideraciones: se formarán cuentas individuales virtuales –al estilo de lo que ocurre en las AFAP, aunque sin capitalización– en la que cada trabajador acumulará dinero que tendrá únicamente valor contable. Esto último es porque el sistema seguirá siendo de reparto, es decir que los trabajadores activos “pagarán” las prestaciones de los jubilados. En el momento del retiro, al monto acumulado por cada individuo se le aplicará una tasa de interés ficta cuyo objetivo no es un “retiro adecuado” sino la preservación financiera del sistema. Suecia lo implanto para impedir que el gasto en seguridad social superara el 7% del PBI. La idea es utilizar la información de la vida laboral del trabajador para llevar una cuenta ficta de los derechos a pensión que va generando con sus contribuciones. En base a eso se calcula la renta vitalicia, que será lo que pueda pagar el Estado de acuerdo a lo acumulado por el trabajador y la esperanza de vida. En este sistema el valor de la prestación es indefinida y estará en función de los equilibrios financieros. Obviamente, esto implica, en los hechos, que el salario básico jubilatorio abarca toda la vida activa del trabajador. Por lo tanto, aquellos que tienen periodos laborales con vacíos temporales de aportes, como es el caso de las mujeres por la maternidad y/o el cuidado de los enfermos y los progenitores tendrán pasividades menores.

La reforma debe ser estructural e integral

La reforma de la seguridad social se ha instalado como un tema central y lo ha hecho casi sin excepciones desde el punto de su incidencia en el déficit fiscal. La mira está puesta en el BPS, que recibió 20.858 millones de pesos en 2018 asistencia financiera (1,14% del PBI). Mientras que las transferencias al Servicio de Retiros Militares (SRM) fueron 14.306 millones de pesos (0,78% del PBI) y a los Servicios de Retiros Policiales (SRP) alcanzan a 6.918 millones de pesos (0,38% del PBI), ambas cajas suman 21.224 millones de pesos (1,16% del PBI)(3). Como se observa en el cuadro 1 del anexo, la asistencia financiera per cápita es mucho menor ($ 46 mil) en el BPS, que atiende a la mayor parte de los jubilados del país, que en la caja militar ($ 392 mil) y atiende a 36,502 retirados y en la policial ($ 358 mil) para atender a 19.293 retirados. Un estudio de CINVE (4) - basado en los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 2017- muestra las diferencias en las prestaciones que pagan el BPS y los servicios de retiro militar y policial. Según esa encuesta la mediana del ingreso declarado por concepto de jubilaciones fue de: BPS ($12.300); Militar ($ 18.400); Policial ($ 28.000). La mediana de los retirados militares es 50% mayor que la del BPS y la de los retirados policiales es más del doble, 127%. CINVE aclara que en las encuestas suele existir sub-declaración de ingresos. La focalización en el BPS es explicada, por aquellos que impulsan la reforma, porque recibe 59.170 millones de pesos por la recaudación de siete puntos de IVA y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). El Sistema de Retiros Militares está sujeto a una reforma por ley 19.695 aprobada en diciembre de 2018, cuyos resultados no serán visibles por más de una década (se aplica a los que tienen menos de 15 años de servicio y para jubilarse se necesitan 25 años). El SRP ya procesó su reforma mediante la ley 18.405 de noviembre 2008, cuando la asistencia financiera a ambos era muy similar. Desde entonces mientras la asistencia al SRM creció un 150%, al SRP creció un 57%. En cuanto al BPS, el aumento de los egresos se explica por: el mayor acceso a pasividades - en 2008 los jubilados eran 345.650 y en 2018 ascendieron a la cantidad de 453.836; el aumento de las prestaciones, tales como, la ampliación de la red de protección social de las mujeres con hijos, el aumento de las jubilaciones mínimas; la jubilación promedio anual aumentó 54% en su poder de compra. Para realizar una propuesta sobre las necesidades de financiamiento deberían analizarse el conjunto de los sistemas estatales - Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas, Caja Policial- y para estatales – Profesional, Bancaria y Notarial-.

Fuentes de financiamiento para el pilar contributivo de reparto

 El concepto de Seguridad Social Universal que trasciende el seguro contributivo, debería ser financiado por el presupuesto del Estado y no debe ser considerado como un déficit del sistema contributivo. En cuanto a la definición de fuentes de financiamiento, consideramos que las cotizaciones y los impuestos, son formas de financiamiento complementarias. Los impuestos son tan válidos y genuinos como las aportaciones. Se deben analizar considerando sus impactos en la economía en general y en la justicia social. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

 Aumentar las tasas impositivas y reducir los subsidios al capital

Esto implica una discusión a fondo de la actual estructura impositiva que recae básicamente sobre el trabajo y no sobre el capital. La reforma tributaria de 2007, el ajuste fiscal de 2016 y las exoneraciones fiscales de las Zonas Francas y la Ley de promoción de inversiones favorecen claramente al gran capital en contra de los trabajadores. Hay tres impuestos directos que deben ser pagados por los capitalistas, estos son los impuestos: a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE); al Patrimonio; Renta de las Personas Físicas derivadas del capital. Estos tres impuestos representan, respectivamente, 13,9%, 5,2% y 2,4%, del total de la recaudación de la DGI en 2019. Los capitalistas pagan una tasa de 25% por el IRAE, hasta la reforma tributaria de 2007, pagaba el 30% con el nombre de Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. Reiteradamente los trabajadores hemos reclamado que vuelvan a pagar 30% de IRAE. En 2018 pagaron 55.631 millones de pesos, si se aumentara la tasa cinco puntos deberían pagar 11.126 millones de pesos, aproximadamente un 53% de la asistencia financiera que recibió el BPS: 20.859 millones de pesos (5). En el caso de los que pagan el IRPF, los capitalistas pagan muchísimo menos que los trabajadores: en 2018 pagaron 9.576 millones de pesos, mientras que los trabajadores pagaron 60.877 millones de pesos, seis veces más. Los trabajadores hemos planteados un conjunto de medidas para reducir la abismal diferencia, entre otras, aplicar una escala de tasas progresionales - tal como pagan actualmente los trabajadores. En el caso de los capitalistas pagan la misma tasa de IRPF los pequeños productores y los grandes empresarios. En el caso del impuesto al patrimonio, hemos propuesto aumentar las tasas impositivas, lo que se fundamenta en que las personas con mayor riqueza poseen una mayor capacidad de pago y son las que más se benefician de la protección de los derechos de propiedad, ya que estos beneficios son proporción al tamaño de su patrimonio. En 2018 por este impuesto solamente se pagaron 19.132 millones de pesos. (Ver en anexo, cuadro 2, los principales impuestos al capital que tienen exoneraciones totales o parciales.) Los subsidios al capital en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales y al Impuesto al Patrimonio son equivalentes, cada uno de ellos, a la asistencia financiera al BPS. Quiere decir que si se redujeran a la mitad los subsidios a estos dos impuestos se cubrirían prácticamente toda la asistencia financiera. Estos subsidios aumentaran significativamente con la puesta en funcionamiento de la segunda pastera de UPM. (5) CGN, Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2018, p. 43 Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

Aumentar los aportes patronales y disminuir las exoneraciones

Los aportes personales y patronales a la seguridad social constituyen la fuente principal de financiamiento de los programas de seguridad social. Los aportes personales han mantenido su valor a lo largo del tiempo, en cambio los aportes patronales se han modificado, en general a la baja, para incidir en el proceso económico. En efecto, en el sistema de previsión social uruguayo múltiples normas han establecido exoneraciones de aportes patronales. Algunas de ellas se enmarcan en exoneraciones de tributos generales y permanentes, otras se aplican para determinadas empresas o actividades y por determinado tiempo. La amplia gama de excepciones puede ser evaluada desde muy diferentes ópticas: social, económico, político, legal, etc. En las circunstancias actuales, cuando se sostiene que el sistema es deficitario y que deben tomarse medidas para reducir sus costos, es fundamental cuantificar la pérdida de recaudación y quienes son los beneficiarios de la reducción de los aportes y de las exoneraciones que se han otorgado. En primer lugar, debe destacarse que al igual que se subsidia al capital con exoneraciones tributarias, se lo hace con la reducción de aportes patronales. Actualmente la tasa de aporte de los trabajadores es de 15%, mientras que la de los patrones es la mitad en la mayoría de los casos. Las cajas de Industria y Comercio, Domestica y Civil - las empresas del dominio comercial e industrial del Estado – pagan 7,5%. La caja rural tiene un régimen por el cual los patrones pagan por hectárea Coneat del establecimiento multiplicadas por un porcentaje de la BPC. En la Caja civil, hay tres tipos de aporte, los de la administración central (19,5), los de los gobiernos departamentales (16,5%) y los ya nombrados de las empresas pública. (Ver Cuadro 3 en Anexo) Como se observa en el cuadro 4 del anexo, los trabajadores pagan el 15% y el conjunto de los patrones el 8,59%. La tasa patronal menor es la correspondiente a la caja rural que paga solamente el 13% de lo que pagan los trabajadores, le sigue la Caja de industria y comercio que paga el 39% de lo que pagan los trabajadores, la Construcción paga el 47%, la domestica el 50%. La única caja que paga más que los trabajadores es la caja civil. La eliminación de todas las exoneraciones solo cubre el 29% de la asistencia financiera, pero las mismas se concentran prácticamente en su totalidad en la Caja de Industria y Comercio. En dicha caja aportan el 64% de la masa salarial. Analizado el valor del punto de aporte por caja se observa que, si se mantienen las exoneraciones, Industria y Comercio recaudarían 88,8 millones de dólares más por cada punto que aumente la tasa de aporte. (Ver cuadro 5 en el anexo) Si se eliminaran las exoneraciones, o fueran pagadas por rentas generales, aumentaría 5.854 millones de pesos por el aumento en la recaudación de los 7,5% que pagan actualmente y 3.589 millones de pesos por cada punto de aumento. Para cubrir la asistencia financiera, manteniendo las exoneraciones, se necesitaría que la tasa general patronal volviera al 15%. Si las exoneraciones se eliminan o son pagadas por rentas generales, se cubriría la asistencia financiera volviendo a una tasa general patronal de 12,5%. Cabe señalar que las Empresas Públicas también deberían aumentar sus aportes y eso reduciría lo que debe aumentar el aporte privado. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

Eliminar las transferencias de aportes del sistema de reparto a las AFAP

Quienes se afilien a las AFAP por el artículo 8 de la Ley N° 16.713 reciben una bonificación al momento de calcular la jubilación por el régimen solidario de hasta un 50% de la parte del salario sobre la cual se realizaron los aportes al régimen de reparto. De esta forma se incentiva la afiliación a las AFAP a costa del BPS porque los trabajadores destinan la mitad del 15% de sus aportes al BPS y la otra mitad a las AFAP. O sea, el BPS recauda menos y paga más. ATSS ha solicitado al BPS la información sobre el monto total de aportes que se transfieren del sistema de solidaridad intergeneracional a las AFAP, pero no hemos tenido respuesta. Al no disponer de información oficial para conocer exactamente cuál es el monto, recurrimos a un estudio sobre este punto, que realizó el Ec. Hugo Bai (6) a partir de una base de datos que le brindó el BPS, la cual contiene la totalidad de los cotizantes al organismo en junio de 2016. El resultado estimado es el siguiente: “De acuerdo al análisis realizado a partir de la base de datos, el 41% del total de aportes personales se destina a las AFAP. En el caso de no existir el artículo 8 y que todos aportaran exclusivamente por la parte del salario que supera el primer nivel, las transferencias a las AFAP se reducirían a un 19% de los aportes personales.” En el año 2018 el BPS transfirió a las AFAP 36.678 millones de pesos (7), si aplicamos la proporción estimada por Hugo Bai (53,6%), el monto transferido por el artículo 8 alcanza a 19.681 millones de pesos. Esta cifra es casi el total de la asistencia financiera (20.858 millones de pesos).

Fundamentos para eliminar las AFAP

ATSS ha denunciado reiteradamente los enormes perjuicios para la clase trabajadora que provoca el sistema de Ahorro individual. En este punto se analiza la experiencia nacional e internacional que demuestra la absoluta inconveniencia de mantener este sistema. (6) “La opción voluntaria de aportar a las AFAP. Inequidades y otros problemas del Artículo 8”, abril de 2018. https://issuu.com/ert-comunicacion/docs/articulo_8_v10 (7) “Memoria Trimestral del Régimen de Jubilación por Ahorro Individual Obligatorio”, Banco Central de Uruguay. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

Los perjuicios para los trabajadores uruguayos

Primero, porque en el régimen de ahorro individual la prestación es indefinida porque está sujeta a variables que pueden presentar alta volatilidad y depende de dos organizaciones con fines de lucro: una AFAP y una aseguradora. Al ahorro realizado por cada trabajador se le restan las comisiones que cobran las AFAP y se lo utiliza en inversiones con rentabilidad variable. Los fondos acumulados por el trabajador se traspasan a una empresa aseguradora que debe pagar la renta vitalicia, la cual dependerá en gran medida de la tasa de interés del mercado. Segundo, porque las comisiones por administración que cobran las AFAP son excesivamente altas. Esto es así porque las comisiones fijadas - 1,371% para Sura, Integración y Unión Capital y de 0,69% para AFAP República - se aplican sobre el ingreso de aportación del afiliado no sobre el 15% que efectivamente aportan los trabajadores. Las AFAP deducen, además, una prima por seguro de invalidez o fallecimiento que es de 2,5%, que es igual para todas. La suma de los aportes de los trabajadores y la rentabilidad obtenida por las inversiones realizadas alcanzaron en diciembre de 2018 a $ 502.775 millones de pesos, un 27,5% del PBI. Tercero, las rentabilidades obtenidas por las inversiones de las AFAP son muy bajas. Según el Banco Central (setiembre de 2019) la rentabilidad neta proyectada en UR que obtendría un afiliado - considerando períodos móviles de los últimos cinco años – oscila entre 2,19% (SURA) y 2,56% (República). Cuarto, solo el 57% de los afiliados a las AFAP aportaron en setiembre de 2019. Según el Banco Central, de los 1.439.306 afiliados de las AFAP solo 821.722 cotizaron en esa fecha y el promedio de esas cotizaciones fue de $4.131.-. Por mes. Quinto, la única aseguradora que, en nuestro país, es el Banco de Seguros del Estado, el cual debe calcular la renta vitalicia considerando la tasa de interés técnico y la tabla de mortalidad. En el segundo semestre de 2019, la tasa de interés técnico aplicada por el Banco Central del Uruguay es la cuarta parte (0,73%) de la que regía hasta el año 2012 (3%) y la mitad de la que regía hasta el primer semestre de 2018 (1,5%). El monto de la jubilación de las AFAP, pasa a depender de la aplicación de una tasa de interés regida por la estimación de la Bolsa Electrónica de Valores de Montevideo de acuerdo a una decisión discrecional del Banco Central del Uruguay. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

Las incertezas del régimen de ahorro individual son una constante

El Banco Central del Uruguay ha venido disminuyendo la tasa de interés técnico que se le aplica al capital acumulado por el régimen de ahorro individual al momento jubilatorio en el que Banco de Seguros realiza dicho cálculo. A igual capital acumulado e igual esperanza de vida, quien se jubiló en el primer semestre de 2019 cobrará hasta el último día de su vida, mucho menos de RENTA AFAP respecto a quien se jubiló un año atrás. Ello se debe a la aplicación de una disminución progresiva de la tasa de interés técnico que se le imputa al capital acumulado al momento del cese de actividad laboral. Para una prestación económica de largo aliento, como lo es una jubilación, se aplican modificaciones semestrales generando inequidades sociales estructurales que afectan a los jubilados hasta el resto de sus días. En otras palabras, los trabajadores que están afiliados a las AFAP son víctima de promesas falsas detrás de una rentabilidad prometida plagadas de incertezas. La disminución de la tasa de interés técnico constituye un ajuste fiscal encubierto que equilibra cuentas fiscales del Banco Seguros del Estado (única aseguradora que paga rentas AFAP´s) a costo de los trabajadores. El trabajador es prisionero de un régimen que ofrece una prestación indefinida, variable y volátil. Cabe consignar, que el cambio en un parámetro para el cálculo de la jubilación tira por tierra el asesoramiento recibido por los cincuentones. Sexto, las prestaciones que hoy se pagan por el ahorro individual son más que insuficientes. Séptimo, las AFAP están fuertemente subsidiadas por el Estado. Por un lado, el BPS hace todo el proceso de recaudación de los aportes de los trabajadores y se los entrega a las AFAP sin ningún costo; por otro lado, la rentabilidad de las AFAP, proviene en gran medida, de intereses pagados por el Estado, o sea, por la ciudadanía a través de impuestos y contribuciones. En efecto, las inversiones están reguladas para reducir los riesgos financieros y, como consecuencia, se produce una alta concentración de las inversiones en papeles del Estado. Octavo, es falso el argumento de los que apoyan y sostienen las AFAP porque promueven la competencia y mejoran la eficiencia en beneficio del aportante. El llamado “mercado” de la seguridad social uruguayo presenta diversos tipos de fallas que hacen sumamente negativa su existencia. Por otra parte, el Banco Central como unidad reguladora, tiene un enorme poder para determinar el valor de la renta vitalicia. Este organismo es el que resuelve, a pedido del Banco de Seguros de Estado, las medidas pertinentes para preservar la “estabilidad financiera” de dicho banco. En resumen, institucionalmente el valor de la renta vitalicia de cada trabajador está sujeto a dos tipos de organizaciones con fines de lucro - AFAP y el Banco de Seguros del Estado – y a un organismo regulador que es el Banco Central que controla la estabilidad del sistema financiero, pero desconoce los requerimientos vitales del sistema de seguridad social. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

10.2. Antecedentes internacionales para eliminar las AFAP Basta transcribir lo que dice la OIT (8), al analizar las lecciones de tres décadas de privatizaciones. La privatización de las pensiones se presentó internacionalmente como una solución para aborda el envejecimiento de la población y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de la seguridad social. “Se esperaba que aumentaran las tasas de cobertura y los niveles de beneficios, que disminuyeran las desigualdades, que se redujeran los costos administrativos a través de la competencia en el mercado, que mejorara la gobernanza de la gestión de las pensiones y que los mercados de capitales profundizaran su apoyo a las nuevas inversiones y al crecimiento económico.” “Sin embargo, en la práctica la privatización de las pensiones no produjo los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de prestaciones se deterioraron y las desigualdades de género y de ingresos se agravaron, lo que hizo que las reformas fueran muy impopulares. El riesgo de fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, reduciendo por tanto los niveles de beneficios. Los altos costos de transición -a menudo subestimados- crearon grandes presiones fiscales. Si bien se suponía que la administración privada debía mejorar la gobernanza, por el contrario, la debilitó. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. Las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses.” Como consecuencia de ese fracaso total se han revertido múltiples procesos de privatización, a título de ejemplo, citamos las principales. Eliminación total. A través de reformas constitucionales: Venezuela (2000); Ecuador (2002); Nicaragua (2005) Las pensiones privadas fueron declaradas inconstitucionales y se derogaron las leyes que las habían creados; Bolivia (2009) prohibición de privatizar la seguridad social y cierre de las cuentas individuales para los nuevos afiliados. Eliminación y transferencia al sistema público de reparto por ley. Argentina (2008), abolió las cuentas individuales y transfirió los afiliados al sistema público de reparto; Hungría (2010) transferencia al sistema público de reparto; Federación Rusa (2012) se canalizan al seguro social; Procesos graduales de eliminación Reducción de los aportes a las cuentas individuales. Bulgaria (2007) congeló la contribución al pilar de cuentas individuales en un 5%; Letonia (2009) redujo la contribución a las cuentas individuales del 8 al 2%; Lituania (2009) redujo del 5, 5% al 1,5%; Macedonia (2011) redujo del 7,42 al 5, 25%; Croacia (2011) redujo del 10 al 5%; Eslovaquia del 9 al 4%. Transferencia de las cuentas individuales a la Administración del Gobierno, Kazajstán (2013).

8 “La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018), OIT, ESS – Documento de Trabajo N° 63.