Precarización del derecho a la vivienda digna

 

 

Escribe: Patricia Cayón Integrante del Comité Central y del Comité Departamental del Partido Socialista de Uruguay.*

El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Aníbal Durán, anunció que había recibido indicación expresa por parte del presidente Luis Lacalle Pou, para que elaborara dos planes de vivienda orientados a los deciles 5 y 6 de la población, respectivamente.

La tierra sería proporcionada por el Estado y no tendría costo para los beneficiarios. Esta solución habitacional pretende “solidariamente”, otorgar vivienda a los ciudadanos que habitan en asentamientos de todo el país.

Nuestra Constitución, establece como Derecho Humano la vivienda y la Ley Nacional de Vivienda 13.728, en su artículo primero  enuncia:

“Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido en esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho.”

Estos derechos y sus enunciados, nos conducen necesariamente a cuestionar, si los intentos gubernamentales no estarán vulnerando los mismos ya que en el proceso de concreción se impone un modelo pre establecido destinado a ciertos ciudadanos, los más vulnerables, y a  empresas constructoras, cuyos intereses serán la reducción de costos, en la producción de un producto que muestre que el estado compra “viviendas dignas”.

En los años 90, se co0nocieron los llamados Núcleos Básicos Evolutivos, de una calidad constructiva extremadamente precaria y prácticamente con fecha de vencimiento, a tal punto que en apenas cinco años de inaugurados, las patologías constructivas fueron tales, que en algunos casos ameritaron  su destrucción. Ahora será diferente porque estamos en otro modelo, por el simple hecho que estamos en otro tiempo, y por lo tal, en otra circunstancia.

Si nos retrotraemos en el tiempo, podemos tener una concepción del Estado paternalista, que, de la mano de las empresas que se ocupan de mercantilizar la vivienda, le dará “solución de vivienda solidaria a los habitantes de los asentamientos”, estableciendo así el asistencialismo de “manera natural”, esto es con viviendas poseedoras de título de propiedad privada, en lugar de otorgar el uso, fomentando la propiedad privada y lo que su concepto de individualidad encierra, y de las cuales, posteriormente, volveremos a escuchar que se comercializan.

Pero ahora el gobierno se arroga el derecho a la solidaridad como si la misma fuera un bien gubernamental.

El Uruguay tiene 50 años de experiencia en construcción de Vivienda Digna, auto gestionada, generando en los ciudadanos sentido de pertenencia, arraigo, compromiso, realización de una meta personal hacia lo familiar y social, cultura de que es posible trabajar en un proyecto, que se verá realizado, con lo que despierta en los individuos la satisfacción de comprobar que el esfuerzo y el trabajo son tangibles en determinado plazo, generando autoestima en los seres humanos vulnerables, por aquella frase de “José Artigas : "Que los más infelices sean los más privilegiados"

También existe larga experiencia en Mevir, en el terreno de los realojos.

Menos experiencia, porque son tecnologías más novedosas en estas latitudes, pero las hay también en construcciones con tecnologías renovables y ecológicas.

Es decir, que son varias las experiencias y los modelos tecnológicos diversos en la construcción de viviendas, que se pueden emplear y en la que tengan participación sus beneficiarios y no hay razón para imponer un único modelo de propiedad privada, proporcionado por la Asociación de los Promotores Privados de la Construcción,  comprado por el Gobierno, y que pagan los trabajadores, precarizando así el derecho a la vivienda digna.

Pese a lo policromático de la coalición de gobierno, éste no abre un abanico de otros colores, y aplica en cambio los mismos métodos, que otrora  aplicó con un solo color, obligando  a toda la población a participar de su fiesta neoliberal.

Las empresas constructoras a cargo de estos proyectos, no abonarán el IVA en los materiales y seguramente tendrán algún otro beneficio del cual nos enteraremos en su momento, con la finalidad de,  según se difunde: abaratar costos en estos proyectos de interés solidario, para solucionar el déficit habitacional.

El sistema cooperativo, auto gestionado y todos los demás sistemas constructivos mencionados en todas sus modalidades, pagan su tierra, los materiales y demás obligaciones que la construcción conlleva. Que las empresas privadas no lo paguen es evidencia de la desigualdad que se establece.

Esto nos lleva a pensar que si todas las posibles soluciones a las que aspira el gobierno, se aplicaran al sistema cooperativo auto gestionado y a los demás sistemas constructivos, probablemente se podrían construir más cantidad de soluciones habitacionales, pero está claro que, de esa manera, las empresas, de la mano del gobierno no tendrían la oportunidad de llevar adelante estos proyectos constructivos y el Estado perdería el control de las decisiones referidas a los sectores de los mas vulnerables, y esto podría desestimular los intereses de la corporación instrumentada por el gobierno y las empresas constructoras.

Es por eso que decimos que se precariza el derecho a la vivienda digna ya que, una vez más, lo importante NO es la gente, lo importante es mantener el proyecto neoliberal, capitalista, que defiende la actual coalición de gobierno.

Las fuerzas que integran el movimiento social, deberán una vez más dar la batalla, primero ideológica y luego movilizándose, concientizando a los ciudadanos de la situación que se generará, tal como lo supieron hacer décadas atrás.

Una vez más se vulneran los derechos y se retrocede en lo conquistado, avasallando a la clase trabajadora, quien pagará los costos de esta fiesta neoliberal que pretende desarmar el ya deteriorado tejido social.

No bajar los brazos será la consigna obligatoria de los próximos cinco años, para el movimiento social, que deberá revisar su actuación y sacar a luz las razones de este retroceso e ir desde el control sistemático que se deberá ejercer para tratar que los términos de la destrucción sean los menores posibles y frenar el impulso de esta topadora multicolor.

Lo que está en juego y contra lo que se está atentando, es el trabajo de décadas de formación y fortalecimiento del tejido social de las clases populares. En particular,  el área de la vivienda constituye uno de los puntos mas importantes y a la vez mas codiciados por el sistema.

*Cooperativista, integró la Secretaria de la Federación de Cooperativas por Ahorro Previo del Uruguay. Dirige un emprendimiento en TIC de hardware y Software, desarrollando Sistemas Informáticos en Tecnología de la Información