Escribe: Alvaro Portillo

Las recientes lluvias generaron en varios lugares del territorio nacional importantes inundaciones a causa del desborde de los cauces de agua, que obligaron a más de 8.700 personas a dejar sus casas.

No es un fenómeno nuevo.  Cada vez con más frecuencia este drama nacional se manifiesta. Entre otras cosas, ello ha llevado a que el Gobierno Nacional conjuntamente con los gobiernos departamentales, haya tenido que recurrir al Sistema Nacional de Emergencias, que ha funcionado con eficacia.

Esta nueva dificultad instalada en la vida de los uruguayos tiene, entre otras explicaciones, por un lado los efectos del cambio climático en la región que ha modificado el caudal de los cursos de agua y, por otro lado, el hecho de que en Uruguay, en las últimas décadas, las denominadas ciudades intermedias, han incrementado considerablemente su población.

La ocupación de las áreas inundables, lejos de ser una opción deseada por la población, es el recurso para  acceder a una porción de tierra en donde autoconstruir una vivienda. Los uruguayos no son tontos ni obcecados en la lucha por una vida digna, es lo que pueden hacer.

 El mercado inmobiliario excluye y segrega a quienes no pueden pagar el precio de terrenos debidamente servidos con equipamiento e infraestructura  que no corran el riesgo de inundación, por lo tanto, el acceso posible a la tierra de esos excluidos hace que edifiquen en tierras inundables.

La solución de fondo a este problema es el realojo de quienes viven en estas áreas,  con la férrea vigilancia para que no se continúe con esta situación. Ello implica una oferta de tierra a precios acorde a los ingresos de las personas y no en función de la lógica del mercado. 

La política de cartera de tierras llevada adelante por el Gobierno Nacional y algunos gobiernos departamentales  posibilita esta oferta, la que, articulada con los programas de autoconstrucción ya existentes, es una solución estructural para un hábitat seguro. Lamentablemente los recursos asignados para la adquisición de suelo urbano para vivienda de interés social han sido insuficiente.

Por lo tanto este camino implica una significativa afectación de recursos, la que es inevitable si se quiere resolver el problema de los inundados e inclusive de otros grupos sociales que, sin haberse radicado en zonas inundables igualmente habitan lugares  inadecuados.

Nuevamente, como en tantos otros temas nacionales, la solución implica la intervención del Estado y la aplicación de recursos que corrijan las inequidades propias del mercado inmobiliario.