Escribe Gabriel Portillo *

A modo de introducción

Para comenzar cualquier discusión sobre el tema de las empresas públicas en particular en Uruguay debemos decir que las mismas son fruto de intensos debates políticos, donde sin duda hubo avances, estancamientos y retrocesos en la construcción de estas herramientas en manos del Estado.  El hilo conductor es la permanencia significativa del Estado a lo largo del tiempo en el desarrollo de los servicios públicos en manos de los entes autónomos (o para simplificar, empresas públicas o EEPP).

 

A fines del siglo XIX y durante el siglo XX el Estado tuvo que dedicarse a las actividades de administración de servicios públicos asumiendo el rol que hasta dicho momento ejercían las empresas privadas, dando nacimiento a un conjunto de empresas públicas que permitieron expandir los servicios al conjunto de la población.

Son varios los argumentos esgrimidos sobre la importancia y defensa de los servicios públicos en manos del Estado, viendo la ola privatizadora de nuestros vecinos, tienen hoy absoluta vigencia y citaremos alguno de ellos: no habría evasión de capitales al exterior como cuando la empresa era manejada por particulares extranjeros, el estado se preocuparía por mejorar el servicio, y no por la ganancia, habría de extender las líneas para beneficiar a más amplios sectores de la población donde la empresa privada no tenía interés en ir, podrían rebajarse las tarifas, ya que el objetivo no era el lucro sino el aumento de la generación y abarcando el mayor número posible de usuarios de la energía eléctrica. Estos son algunos de los argumentos que aparecen en la fundamentación de motivos por parte de José Batlle y Ordoñez en la creación de UTE, y son generalizables a otros entes públicos.

Podríamos decir de manera simplificada que las empresas públicas ampliaron y abarataron servicios de interés general, y aportaron a Rentas Generales empezando a disminuir la carga impositiva. Dieron espacio y poder al Estado para incidir con fuerza en la vida económica nacional. Cuando el pueblo en el histórico plebiscito del 13 de diciembre 1992, reafirmo mantener las Empresas Públicas bajo el Patrimonio Nacional fue sin duda no por conservadores, sino porque no se acepta que el Estado, o sus empresas dejen de cumplir un papel social considerado como inherente a su condición de organismos públicos. Esta postura esta encarnada en la mentalidad del pueblo uruguayo y sin duda es un orgullo ya que refleja rasgos moralmente valiosos de solidaridad, y demostrado está que estamos dispuestos a defender las mismas todas las veces que sea necesario.

La ofensiva contra las empresas públicas comienza en los 90

En aquellas empresas que no fueron totalmente privatizadas durante los 90, se dio paso a un proceso de privatización disimulado, cambiando su rol y variado sus políticas de ingresos, de gastos e inversiones. Éstas pasaron por un largo periodo de intento de desmantelamiento ya sea por la ausencia de inversiones como por congelación de ingreso de personal, lo cual se revirtió a partir del 2005. Es así que a partir del 2006 se desarrolla una importante regularización de trabajadores que habían ingresado como  becarios, pasantes etc. (y tenían ya 5 o 10 años de antigüedad) y además se habilitó vía reestructura de las empresas, el ingreso de personal con contrato de función pública; y por otro lado fue necesario encarar la imprescindible reactivación de las inversiones públicas que permitieran actualizar y asegurar las prestaciones con calidad, seguridad y precios acordes a las necesidades de la gente.  Todo esto sin duda fue un salto en calidad en defensa de las empresas públicas.

Si bien el desarrollo posterior al 2006 dio continuidad a las inversiones públicas, éstas fueron dispares en las distintas empresas. Por ejemplo, no fue la misma estrategia en ANCAP, ANTEL y OSE que la UTE, en el sentido que esta ultima incluyó la participación de los privados en las inversiones estratégicas del ente, quedando hoy una matriz de generación renovable, del 40% de capitales privados, y con contratos de compra de la producción de energía que favorecen a los privados.

Cuál es la realidad hoy

El enlentecimiento de la economía que comienza en el 2015 significo sin duda un ajuste para las EEPP en materia de inversión y gastos así como en limitación del ingreso de personal supliéndose el mismo con empresas tercerizadas. El aumento de los trabajadores tercerizados en el Estado y en particular las EEPP no puede ser motivo de orgullo como surge de la respuesta de Presidencia de la República a los autoconvocados por cadena nacional. Hoy es el Estado el principal tercerizador, con falta de controles en las licitaciones, contrataciones que solo favorecen la intermediación, entre otras situaciones que podemos encontrar en el camino tomado de reducir la cantidad de empleados públicos pero supliendo los mismos (ya que siguen siendo necesarios) con trabajadores tercerizados a través de empresas intermediarias. Con esto no solo no se reduce el gasto sino que en algunos casos aumenta.

 

La reducción de inversiones y gastos, entre ellos el de mantenimiento, trajo varias dificultades en el asegurar el normal cumplimiento del suministro de calidad de algunos de los servicios públicos. Más allá del aporte significativo que tienen las mismas a rentas generales, lo cual es un ingreso importante para la construcción del presupuesto nacional, el papel y las actividades de las EEPP han variado.

En definitiva, se ha venido planteando una reestructuración que si bien no plantea la privatización jurídica, impacta en la actividad propiamente dicha de las empresas y en la relación con sus trabajadores. Esas son claves en la dinamización de la economía local, con el fin de expandir y mejorar los servicios que se prestan. Mantener el nivel de dicha inversión en manos del sector público evitando el traspaso del negocio a manos privadas y en su mayoría multinacionales es un aspecto fundamental para el futuro desarrollo de las EEPP.

 

Es necesario que el Frente Amplio se plantee para su próxima administración un plan de destercerización y recuperación de servicios hoy en manos privadas. Los trabajadores tercerizados cumpliendo con el mismo trabajo que los trabajadores públicos cobran la cuarta parte y con la inestabilidad laboral como espada de Damocles (los ejemplos de las licitaciones de OSE son por decir lo menos escandalosos), perjudicando además la calidad del servicio. La vieja consigna de igual tarea igual remuneración tiene una centralidad y vigencia incuestionable. En este sentido está presentado en el Parlamento por parte del diputado Luis Puig un proyecto de ley sobre eliminación de las tercerizaciones, elaborado en conjunto con la Comisión de Trabajo Tercerizado del Pit-Cnt (CTT), y presentado en la comisión de legislación del trabajo.

 

El papel de los trabajadores

Debemos plantear también el esfuerzo que los trabajadores organizados hicimos para resistir el embate neoliberal de los 90 sosteniendo la defensa de las empresas públicas como herramientas para el desarrollo de un país productivo.

En el marco de la Ley de negociación colectiva para el sector publico también allí tuvieron un papel a jugar los trabajadores, en cuanto a las propuestas de transformación y de reestructura de las empresas publicas y sus objetivos. Es necesario hacer un balance de este desempeño de la negociación bipartita y la gestión de los distintos directorios frenteamplistas en cuanto a la aplicación de la ley de negociación colectiva en el sector.

Obviamente las relaciones laborales en el marco del capitalismo realmente existente no pueden, no están exentas de contradicciones, cómo se administran estas y su discusión en términos de superación de las contradicciones determinara el papel a jugar de los trabajadores y los representantes del gobierno de izquierda. En el entendido que si bien no hay un programa común entre la fuerza política en el gobierno y el programa de los trabajadores, hay si puntos de conexión que deberían permitir desarrollar las capacidades de transformación social que tienen los trabajadores. Las dificultades constante en materia y el deterioro de la negociación colectiva en el sector público en lo que va de este periodo deja al desnudo las dificultades del gobierno a través de los directorios de gestionar las EEPP en acuerdo con los trabajadores. La acción de los directorios da la impresión no admiten diferencias ni críticas en la gestión teniendo una mirada de la negociación colectiva funcional a los intereses de la administración política, eso muchas veces lleva a las direcciones a incumplimientos por ejemplo en materia de los convenios colectivos firmados.

Algunas líneas de discusión pendientes:

 

El poder de compra y una concepción de desarrollo nacional. La idea de las empresas públicas como factor de desarrollo nacional se apoya en varios pilares, entre ellos: asegurar el control nacional de recursos claves, garantizar el suministro de insumos estratégicos para las actividades productivas que se desenvuelvan en el país, promover la incorporación tecnológica en el tejido productivo, mejoras en la calidad de vida de la gente mediante un acceso equitativo a los servicios que brindan, etc. Entre esos pilares se encuentra también el estímulo al desarrollo de la industria nacional y de la investigación científico-tecnológica dentro del país, utilizando como herramienta el poder de compra de que disponen las empresas públicas, como grandes organizaciones que son.

Mediante el uso del poder de compra de las empresas públicas se puede crear una demanda para empresas industriales y para centros de investigación científico-tecnológica.

Esa capacidad de compra puede utilizarse con objetivos de desarrollo nacional, claramente definidos.

 

La creación de un Polo Público de Inversiones como propuesta para atender la necesidad de aprovechar la potencialidad que dan las empresas públicas buscando generar sinergia entre ellas. Que permita realizar las inversiones necesarias en infraestructura ya sea industrial, en educación o  transporte incluyendo como proyecto político la mejora de la coordinación entre lo público y la democratización de los procesos de decisión e inversión. Su creación tiene por objeto colocar en el escenario político una alternativa a la falta de recursos económicos para afrontar por parte del Estado las inversiones necesarias para otro desarrollo; obligar a los protagonistas a transformar sus criterios de gestión y movilizarlos al servicio de una política que responda a las condiciones nacionales y a un plan de desarrollo. Se parte del núcleo central las empresas públicas, incluyendo al sector financiero, cumpliendo este además un papel asesor ofreciendo a los emprendimientos una política de crédito que favorezca las inversiones económicas, la investigación y el desarrollo social.

 

Si las EEPP en el marco de normas claramente orientadas en defensa del trabajo nacional, desarrollan una estrategia de dinamización de la economía y del empleo del país no se habrán limitado a cumplir con su misión específica, sino habrán colaborado aún más al bienestar público.

 

 

• Ex-dirigente de AUTE. Coordinador del Frente Sindical León Duarte. Integrante de la dirección del PVP.