Mario Fígoli

De modo por demás insólito, nos vinimos a enterar por el New York Times del 29/07/26, que nuestro gobierno estaba manteniendo conversaciones con el de los Estados Unidos para darle refugio a inmigrantes cubanos expulsados de ese país.

Ante los requerimientos de la prensa el ministro, y también la subsecretaria, manifestaron que no había “propuesta concreta”, asunto que parece contradecirse con la información de Búsqueda que dice que el 24 de julio el gobierno de EE.UU. entregó una propuesta por escrito.

Luego se expresó la fuerza política, en la voz del compañero Fernando Pereira, manifestando que la idea no se compatibiliza con la política migratoria de nuestro país. También se han expresado dirigentes de las principales fuerzas políticas, incluso nuestro compañero senador Gustavo González.

No nos parece aceptable que ciudadanos y ciudadanas cubanos expulsados de los Estados Unidos sean traídos a nuestro país y depositados aquí como una carga molesta de la que hay que deshacerse.

Alguien podrá decir: —Bueno, hay una cuestión humanitaria, Uruguay tiene una larga tradición de asilo, casi todos somos descendientes de inmigrantes...

El tema es que en este asunto hay un evidente vicio de origen.

No estamos en presencia de una solicitud humanitaria de un gobierno que espera una decisión soberana del que sería el país receptor.

Estamos frente a una más de las tantas presiones a las que nos tiene acostumbrados el imperialismo y que además responde a la política de agresión hacia la República de Cuba, que se viene ejerciendo desde la década del 60 del siglo pasado y que ha recrudecido en los últimos años y meses.

Uruguay no es un país que necesite improvisar una política hacia los perseguidos: la tiene escrita en su propia historia. A los valdenses del siglo XIX se sumaron, en 1913, trescientas familias rusas del grupo religioso “Nuevo Israel” que huían de la persecución zarista y fundaron San Javier, una decisión soberana de un gobierno uruguayo que definió, por sí y ante sí, abrir sus puertas.

Vale la pena recordar, además, que esa misma colonia fue perseguida décadas después por la dictadura cívico-militar uruguaya, bajo sospecha por su origen “ruso”: el país que hoy discute a quién recibe, supo también perseguir a quienes había recibido.

La Ley 18.250 sintetiza esa historia, al consagrar el derecho a migrar y exigir que el ingreso por razones humanitarias responda a una decisión propia y no a la conveniencia de terceros, eso es precisamente lo que esta “propuesta indecente” no respeta. No estamos frente a una definición migratoria uruguaya, estamos frente a un encargo.

De acordar con las presiones yanquis, estaríamos respondiendo a los intereses de la política interna del gobierno Trump y por la vía de los hechos, dando una cierta forma de aval a su política xenofóbica y de ahorcamiento de la República de Cuba.

Si bien no podemos más que estar en contra de las persecuciones y las presiones sobre las personas migrantes que se llevan a cabo en el territorio de los EE.UU., cuestión que rechazamos tal como lo manifiesta nuestra Carta Ética en su artículo 5: “...combatimos ... toda corriente ultranacionalista, integrista, xenófoba o racista”, el problema es que a caballo de la solidaridad en abstracto, estamos siendo funcionales y actuando como válvula de escape de una política de deportación masiva de un tercer país, más allá que luego se revista de diálogo y garantías humanitarias.

Cabe agregar también que las distintas expresiones de la derecha de nuestro país, en principio, solo están en desacuerdo con las formas, no así con el fondo de la cuestión que se engarza con su alineamiento histórico con los EE.UU. y su crítica furibunda contra la República de Cuba.

En resumen, el antiimperialismo consecuente determina qué hacer en estas situaciones que, a primera vista, se presentan como un dilema difícil de resolver.

Siempre solidarios y abiertos con todas las personas que piensen y sientan que en nuestro país puede haber una vía de solución a sus problemas, jamás como mandaderos de ninguna potencia.