Jorge Ramada

 “Cuando se trata de defender los intereses públicos

se sacrifican los particulares” - José Artigas.

 

A Artigas hay que tenerlo presente siempre, pero especialmente en este mes, el de la promulgación de su Reglamento de Tierras.

Esta frase, que parece tan fácil de entender, es como si el tiempo la hubiera ido cambiando y hoy se entendiera como que: cuando se trata de defender los intereses de los inversores (que según algunos economistas son los que van a traer la pública felicidad), se sacrifican los de los pobladores (que en definitiva son particulares, aunque sean muchos).

Esta primera reflexión viene a cuenta de los proyectos sobre Hidrógeno Verde que andan en la vuelta y que tanto entusiasman a algunos técnicos y jerarcas del equipo gobernante y a muchos defensores del “progreso” (así en abstracto). Ya habíamos hecho mención al HV en un artículo del Nº 66 de Claridad (mayo de 2023) y es un tema que merece ser tratado más en profundidad (quedará para la próxima); pero al menos señalar esta vez cómo, en función de los inversores que impulsan los proyectos, el Estado se apresura a cambiar la caracterización de algunos padrones, a expropiar terrenos, a permitir prospecciones y a aplaudir públicamente los proyectos. Todo esto sin consultar previamente a posibles afectados y aún antes de que existan los estudios ambientales necesarios, como ya pasó antes con los proyectos Aratirí y Neptuno, por suerte no concretados.

Una contradicción básica del sistema se da entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. El carácter privado de la apropiación no es otra cosa que la acumulación por parte de los dueños del capital, de la mayor parte del valor generado por el trabajo. Lo público no es necesariamente lo social, pero en una economía regida por el mercado (esa lotería donde los privados juegan sus fichas y a la larga terminan ganando los más poderosos), solo una fuerte política pública puede orientar la economía hacia una mayor equidad social. Una política que privilegie a los colectivos de trabajadores o pequeños productores y no a las grandes empresas.

Cuando el Estado es débil (o lo han debilitado deliberadamente, ya sea por políticas liberales o por bloqueos a países que han querido rumbear hacia el socialismo), siempre va a aparecer gente con capital suficiente para hacer lo que el Estado no puede (o no quiere)¹ .

¿Se necesita entonces un Estado fuerte? Sí, pero ¿fuerte para qué?, ¿para reprimir? ¿o para tener capacidad para orientar y dirigir emprendimientos productivos que favorezcan a las mayorías y especialmente a “los más infelices”, con palabras de Artigas?

Habría que decir también que ese “Estado fuerte” debería generar los mecanismos para debilitarse en función de lo social y no en función de nuevos intereses privados, ya sea de poderosos capitales o poderosos funcionarios surgidos en el propio Estado.

Podemos ver cómo se expresan ahora en nuestro país algunas (solo algunas) de esas contradicciones entre lo público, lo privado y lo social, empezando por reconocer que desde hace muchos años lo privado viene ganándole espacio a lo público, especialmente (pero no exclusivamente) cuando el gobierno queda en manos de los neoliberales.

Empecemos por la educación: en la década del 90 se autorizó la primera Universidad privada, a la que luego siguieron varias más, todas ellas eximidas de aportes patronales (que sí paga la enseñanza pública) y otros impuestos. Son consideradas entidades sin fines de lucro, aunque éste bien puede disfrazarse de altas remuneraciones al personal de dirección. Aquí el Estado favorece a emprendimientos privados que, además, van a sectores con más poder adquisitivo (los que pueden pagar las abultadas cuotas), mientras la enseñanza pública sigue sin recibir los recursos prometidos desde hace años.

También se exoneran aportes a aquellas empresas que hacen donaciones a actividades de enseñanza privada, lo que permite que sean los empresarios y no la administración pública los que definan el destino de esos recursos. Hay que aclarar que todas estas disposiciones son legales, pero las leyes no vienen del cielo, sino de decisiones políticas que pueden cambiarse por otras leyes.

Otro ejemplo lo tenemos con la vivienda. La Constitución garantiza (¿garantiza?) el derecho de todo habitante a gozar de vivienda decorosa. A su vez pide que la ley estimule la inversión de capitales privados para ese fin. Hoy la inversión privada en vivienda es abundante, sin embargo, no es para garantizar ese bien social y público que sería la vivienda decorosa para todos, sino para facilitar la colocación de capitales que andan en banda sin otro fin que una inversión segura, por más que la mitad de las viviendas construidas no se ocupen. Y las leyes estimulan ESA inversión, que además se presenta como de “interés social”.

Podemos hablar también de las tercerizaciones en organismos o empresas públicas, un falso “achique del Estado”. Los fondos públicos que podrían generar empleo genuino y condiciones dignas de trabajo a funcionarios públicos, se entregan a contratistas, que embolsarán buena parte de lo pagado por el contrato, pagando a sus empleados salarios mucho menores que los que ofrece el organismo público. En muchos casos no se trata de un ahorro para el Estado, sino de un reparto desigual, favoreciendo a empresarios (los contratistas) y perjudicando a trabajadores (los contratados). Y en general es en esas empresas tercerizadas donde se da la mayor accidentabilidad laboral.

El Estado (los dineros públicos) también financian de otras maneras a los empresarios privados, como por ejemplo, pagando buena cantidad de trabajadores en seguro de paro a la industria frigorífica, que se asegura tenerlos disponibles para cuando aumenta la faena, optimizando así sus ganancias (bastante abultadas, por cierto).

O como ha ocurrido durante años con la empresa EFICE, abasteciendo de cloro a OSE a precios elevados, gracias a no tener competencia, con lo que podía exportar otra parte de su producción a precios competitivos. Al ser el cloro un insumo esencial para la potabilización, bien podría haber intentado OSE hacer su propia fábrica, pero nunca lo hizo.

Mientras tanto, durante muchos años y hasta hoy, EFICE produce cloro mediante electrolisis con electrodos de mercurio, generando un grave riesgo de contaminación en sus trabajadores y en la zona. Su esencialidad le sirvió para obtener refinanciaciones de energía eléctrica no pagada al Estado y conseguir sucesivas prórrogas para sustituir el uso del mercurio por técnicas que existen desde hace años.

Tenemos aquí un caso en que indirectamente los fondos públicos financian una actividad cuyos efectos sobre el ambiente los pagará toda la sociedad. Del mismo modo que trabajadores y pobladores rurales (lo social) pagan con su salud las consecuencias del uso indiscriminado de agrotóxicos que dan suculentas ganancias a los empresarios del agro (los privados), mientras el Estado (lo público) mantiene exoneraciones a las importaciones de esos productos.

No me quiero olvidar de lo que ha ocurrido con la puesta en marcha de la Ley de Gestión Integral de Residuos. Allí los privados (la Cámara de Industrias y especialmente los grandes envasadores e importadores) presionaron y consiguieron que el Estado no aplicara el impuesto a envases que preveía la Ley. Con eso se ahorraron más de 200 millones de dólares en estos 5 años, que se habrían destinado a un fondo con el que se podrían haber generado muchos puestos de trabajo para muchos clasificadores que hoy siguen con su marginación e informalidad. Una vez más el Estado privilegiando el interés de grandes empresarios por encima del de trabajadores postergados.

Está claro que en el marco del capitalismo no va a ser posible la apropiación social de la producción. Porque en definitiva el Estado es esencialmente un órgano de dominación de clase, por más que muchas veces aparezca como conciliador y por más que en Uruguay, gracias al batllismo, haya aparecido como un “escudo de los débiles”, aunque la satisfacción de las necesidades vitales de los más débiles siempre haya quedado a medio camino, hasta donde lo permitieran las ganancias del capital.

Igualmente habrá que seguir reclamando a este Estado políticas sociales (basadas en trabajo y no en limosnas) y habrá que seguir juntando fuerzas, por fuera -y también por dentro- de los gobiernos para arrancar conquistas al capital y para que se hagan efectivos los derechos de los siempre postergados.

Podemos intentar soñar un poco² y pensar que más temprano que tarde podamos lograr que el valor que generan los trabajadores se transforme en un capital social, en emprendimientos colectivos que no apunten a satisfacer lujos o al consumismo desenfrenado, sino a generar un buen vivir y una igualdad de oportunidades para todos; y el gobierno sobre las personas se sustituya por la administración de las cosas y la dirección colectiva de los procesos de producción.

 

¹Vienen a cuento aquí algunos fragmentos de la revista digital cubana “La Tizza”, exponente de un pensamiento crítico en aquella realidad:

“... los trabajadores cubanos no se sienten compelidos a cuestionar la grosera explotación de sus «empleadores» privados, pues ella les permite niveles de ingresos superiores al empleo estatal”.

“El proyecto revolucionario ha vivido de convertir las necesidades en posibilidades; no de plantearse qué es posible, con independencia de lo necesario. Si la pregunta que prima es la de las posibilidades, entonces, bajo las condiciones que impone el capitalismo, no es posible la justicia social, no son posibles la libertad ni la democracia popular, no es posible la revolución, ¡no es posible Cuba!  ...hay bienes y causas que son incomprables, incosteables e intangibles -¡qué bueno! - para la lógica de la ganancia”.

² El desacuerdo entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que la persona que sueña crea seriamente en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje escrupulosamente en la realización de sus fantasías. Cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida, todo va bien (del escritor ruso D. Písariev, citado por Lenin en “¿Qué Hacer?”)