Benjamín Nahoum

Empecemos por Vallcorba. A una semana de elevar al Parlamento el presupuesto nacional 2026-2030, el subsecretario de Economía y Finanzas, el economista Martín Vallcorba, participó en una reunión del comité de base Vanguardia del Frente Amplio (FA) y sostuvo ante los atónitos militantes presentes que el programa del FA “no es […] para un período de gobierno. […] Pasás la cuenta y te lleva cinco o seis puntos del PIB” (o sea, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares) (Búsqueda, 28-viii-25). Y para que nadie pensara que era por culpa de la herencia maldita del gobierno anterior, agregó: “Y no porque la situación hoy sea peor que la que nos imaginábamos. […] Con los datos que teníamos en el momento del Congreso […] nadie podría pensar que eso se podía hacer”.

Dicho de otra manera: el FA presentó un programa irresponsable, redactado, al estilo de los peores populismos, no para ser cumplido, sino solo para conseguir votos y llegar al gobierno. En estos tiempos de decir cualquier cosa y después pedir disculpas, el subsecretario debería solicitar una larga lista: a los congresales del FA, representantes de sectores políticos y de las bases militantes; a los integrantes de la Comisión de Programa, entre ellos prestigiosos economistas que ocuparon cargos de gran responsabilidad política, y hasta al propio Yamandú Orsi, que lo puso en ese lugar para ayudar a cumplir ese programa, que fue el suyo, y fue aprobado antes que cualquier candidatura.

No por casualidad el presidente del FA, Fernando Pereira, al ser consultado sobre los dichos del subsecretario, afirmó que “el concepto no fue feliz”. Y le dio este sutil consejo: “Quien habla con la opinión pública muy seguido puede tener frases que no son felices” (Telemundo, 30-VIII-25).

Un tiro en el pie

Cuando el presupuesto se hizo público, le dio la razón a Vallcorba. Pero no a causa del programa del FA ni de su ratificación plena en la resolución del Consejo de Ministros del 25 de marzo, sino por el propio presupuesto elaborado.

Porque es claro que para hacer cosas se requieren recursos, y si se quiere hacer muchas cosas, se necesitan mayores recursos: una gestión eficiente puede reducirlos, pero no sustituirlos. Y el presupuesto presentado toma como base la ejecución de 2024 (el año en que se gastó más, pero que ya había nacido esmirriado porque la prioridad era reducir el déficit fiscal y no solucionar los problemas de la gente) y solo lo incrementa en 140 millones de dólares, esto es, en un total que sobrepasa los 20.000 millones, un aumento poco mayor del 0,5 por ciento, que el propio ministro definió como el más austero de los últimos 30 años.

En qué medida esa austeridad quedó condicionada cuando Orsi afirmó reiteradamente en su campaña política que no aumentaría impuestos (cosa que no figura en el programa aprobado por el Congreso del FA, que se acerca más bien a plantear todo lo contrario),¹ o, en cambio, constituye un imperativo de la visión macroeconómica del gobierno, es algo que está para discutir, pero la propia elección de alguien con las ideas y la trayectoria de Gabriel Oddone como ministro de Economía da una señal en ese sentido.

¿Cumplir los 63 compromisos establecidos por el Consejo de Ministros cuesta realmente 3.000 o 4.000 millones de dólares, como dice Vallcorba, sin que se sepa con qué cálculos ni en qué período? ¿O una cifra bastante menor, que además se invertirá en cuatro años? En cualquier caso, tampoco es una cantidad que suene a locura, si efectivamente una parte se puede cubrir haciendo economías en las que es posible, eliminando exoneraciones injustificadas o gravando una riqueza improductiva que lleva un invicto de por lo menos cinco años.

Si realmente se desea y espera que haya un nuevo ciclo progresista, que permita procesar cambios profundos que requieren tiempo, no debe olvidarse que, si una larga marcha comienza por el primer paso, un ciclo político comienza por los logros de un primer gobierno: este. Y que lo peor para comenzarla es pegarse un tiro en el pie.

Los dos votos que faltan

Es cierto que el FA no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y que debe buscar acuerdos para obtenerla, pero también que la política económica restrictiva, la limitación de las acciones sociales y las menciones a la herencia maldita no son lo mejor para lograrla, porque sería reconocer públicamente que la oposición rechaza mejorar la calidad de vida de la gente y se obstina en defender lo hecho en los cinco años anteriores, que ya cada vez menos de ellos reivindican.

Estaría bueno también no olvidar que, en la autocrítica post derrota electoral de 2019, el FA no concluyó que se debiera al fracaso macroeconómico, sino al distanciamiento con la gente y, particularmente, con las organizaciones sociales. Por eso, quizá los dos votos que faltan no estén dentro del Parlamento, sino fuera de él, en la capacidad del movimiento social para luchar por sus reivindicaciones, que ya muchas veces supo superar estos obstáculos.

Porque si es posible poner nuevos impuestos -como ya se hizo, hace pocas semanas, en el caso de la caja profesional, por ejemplo-, también debería poder serlo para dar sustento a reformas y acciones imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la población: su salud, su educación, su vivienda, su trabajo.

La vivienda

¿Y cómo le fue, a todo esto, a la vivienda? De los siete compromisos que se impuso el gobierno el 25 de marzo en el tema, el primero era asumir “un incremento presupuestal sostenido, con el objetivo de duplicar los recursos para vivienda [para] atender los grupos de población en situación de mayor emergencia, […] así como programas como cooperativas, MEVIR y nuevas alternativas”. En el cuadro adjunto se detallan las inversiones previstas para los cinco años de este período y el primero del siguiente, que establece este plan.

Se observa en 2026 un incremento auspicioso, de un 20 por ciento, que luego se sostiene, pero no sigue creciendo para cumplir la meta planteada. En consecuencia, el aumento de las inversiones de 2029 a 2025 supera apenas el 20 por ciento y el compromiso planteado de duplicación, si no hay refuerzos sustanciales en las próximas rendiciones de cuentas, estará lejos de cumplirse.

Eso repercutirá, además, sobre los otros seis compromisos, que se vuelven imposibles con estos recursos: las “soluciones de emergencia para las personas en situación de especial vulnerabilidad”; el “acceso al crédito para las familias […] que hoy no califican como sujetos de crédito”, por la vía del subsidio; el apoyo, más allá de experiencias piloto, a “proyectos de vivienda colectiva para la vida autónoma de adultos mayores”; el fortalecimiento de las “carteras de tierras […] para brindar predios adecuados”, y la creación de un “parque de vivienda de propiedad estatal” para facilitar el acceso al alquiler (compromisos 2, 3, 4, 6 y 7 de vivienda). La “exoneración de IVA a las cooperativas” (compromiso 5) no aparece en el articulado del presupuesto.

Esto ya lo sabemos hace tiempo: desde 2010 tenemos planes de vivienda con buena variedad de alternativas, pero recursos insuficientes para que tengan impacto: la inversión pública en vivienda no supera, desde los noventa, salvo excepcionalmente, el 0,5 por ciento del PBI. Y ahora no llegará al 0,4 por ciento.

Muchos sostuvimos, en ocasión de la pasada elección, que se estaba eligiendo entre dos modelos de país y que el plebiscito sobre el sistema jubilatorio promovido por el PIT-CNT acentuaba esa disyuntiva. ¿A qué modelo de país corresponde este presupuesto?

Inversiones previstas del MVOT, 2025-2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Previsto ($)	10.802.954	12.993.690	13.043.690	13.093.690	13.143.690	13.143.690
Incremento anual (%)		20,3	0,4	0,4	0,4	0,0
Incremento período (%)					21,7

Fuente: Presupuesto nacional 2026-2030, Tomo III gastos corrientes e inversiones-Cuadro 5

¹ “Avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen”, (Bases Programáticas 2025-2030, punto 5, acción prioritaria 3). ↩︎

⃰ Artículo originalmente publicado en Brecha, 5 de setiembre, 2025.