Eduardo Aparicio

Es común decir que la Ley de Presupuesto constituye el cuerpo de normas clave de un gobierno, y en gran parto eso es así; ahora estamos frente al tratamiento parlamentario del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, del cuarto gobierno del Frente Amplio.

Hoy procuraremos dar algunas pinceladas, desde un ángulo de la política militante. Las consideraciones más de orden de la arquitectura y contenidos presupuestales la dejamos para quienes tienen sapiencia en el asunto, de la que carecemos.

Se trata pues de una propuesta que está en línea con orientaciones económica impuestas y practicadas por el país desde hace décadas y llevadas adelantes por gobierno de diferente signo. Lo reconoce el ejecutivo en la exposición de motivos y lo reconfirmó sin ambigüedades de tipo alguno el presidente Orsi, en su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU; donde insistió sobre la continuidad y estabilidad macroeconómica, que en su concepto distingue al Uruguay y que tiene el gran mérito de sortear la alternancia de los partidos al frente de los destinos del país.

No omitimos consignar que los gobiernos frenteamplistas anteriores, procuraron limar algunas de las aristas más ortodoxas en lo que hace a las orientaciones económicas, registrando ciertos logros, que no han tenido ni la fuerza para acarrear una inflexión en el modelo, ni para consolidarse.

Con acierto el PIT-CNT lo marca, al decir que hay muchos elementos de continuidad y algunos de cambio, que señala como positivos; nosotros decimos, rescatables.

La propuesta presupuestal reafirma los innegables límites del progresismo, premisa a la que nos afiliamos con convicción y fundamento. En este caso pone al gobierno y al partido que lo llevó al mismo en una situación complicada. Desde el pique el debate acerca del presupuesto proyecta la discusión sobre el terreno del cumplimiento del programa y la satisfacción de los compromisos de campaña. Agregamos que se ponen en tela de juicio las posibilidades de dar satisfacción a las expectativas, bajas y tenues que llevaron al electorado a votarlo en el 2024.

A cuatro vientos, múltiples voces dicen que es un presupuesto austero. Lo correcto es decir que es un proyecto construido en base a la austeridad, que conlleva el rigor económico presupuestal, con componentes de ajuste. Se intenta señalar que el ajuste no se hace sobre las espaldas de los trabajadores, no siendo del todo cierto esa aseveración. Para los proyectos políticos que dicen reclamarse de la izquierda, se trata de saltos mortales y como ejemplo paradigmático nos viene a la memoria la “politique de riguer” del primer gobierno Mitterand en los 80’, después de su inicio con entonación izquierdista. Sabemos que la historia no se repite, pero muchas veces hay situaciones y acontecimientos que se parecen y nos sirven para analizar, comprender y situarnos.

Basta con listar tan solo algunos de los supuestos sobre lo que se construye, para darnos cuenta de la continuidad.

Entonces observaremos que la apuesta esencial sigue siendo al crecimiento, y el ajuste se realiza sobre el gasto. Muchos cuestionan las proyecciones de crecimiento, en función del contexto y la realidad internacional. Pero aun dándolas por buenas, el crecimiento se situará en los parámetros esperados (estimado en el 2.4%), algo difícil teniendo en cuenta el punto de partida, de una economía que dejó de crecer, atendiendo al contexto internacional. Un crecimiento menor representa una amenaza muy seria a la apuesta que se hace, teniendo por horizonte el 2030. El crecimiento, que se atornilla y subordina a la captación de inversión, no parece ser tarea fácil, y el éxito está muy lejos de ser garantizado.

El endeudamiento sigue siendo una palanca, el país “vive de prestado”, se procura manejar y control los niveles de deudas, por medio del ancla y el tope, pero la tendencia al aumento está trazada y abre grandes interrogantes (se prevé en el periodo un crecimiento de la deuda de 12.000 millos de dólares y pagos por 10.000. Mantener el flujo de los recursos que aporta el endeudamiento, sobre lo que se apoyó y sustentará el modelo, significa cumplir con ciertas exigencias indirecta de los organismos de crédito, la deuda pasó a ser mayoritariamente soberana, (apuesta lograda por Danilo Astori en su momento), sino por la mecánica de la economía financiera, en la que resalta el grado inversor y clasificaciones de la deuda. Un precepto, que las conducciones liberales y social liberales se imponen cumplir a rajatabla; si bien su pérdida o deterioro no constituye catástrofe, como lo mostró la propia realidad uruguaya a la salida del 2002.

Las patas a la sota del presupuesto se ven en sus dos dimensiones: la numérica, generación y asignación de recursos y en la normativa.

Desde el pique se plantea el tema de la restricción de recursos, el pequeño “perímetro fiscal”, que desde nuestro punto de vista se trata de una restricción auto impuesta. Porque se renuncia a la búsqueda de otra fuente de ingresos, que requerirían de un coraje político y una audacia de la que se carece. Con sobriedad, en su nota en este número de Claridad, Jorge Notaro, nos brinda algunas puntas, uso de parte de las reservas de libre disponibilidad del BCU, reaforo de la propiedad inmobiliaria, especialmente de la tierra destinada a la producción agropecuaria, que multiplicó su valor por 6 veces, y cuyos valores catastrales no han sido actualizados. Sin hablar de incrementar el impuesto al patrimonio existente, (reducido en su tasa de aportación por la reforma fiscal del 2007) cosa que trajo al tapete la campaña por el 1%, en esa gran patriada de agitación y pedagógia política, que el PIT-CNT y unos pocos parlamentarios vienen llevando adelante con constancia y determinación.

Por el contrario, el P.Ejecutivo va por el camino de mejorar la recaudación, vía el crecimiento de la actividad económica (se parte de un supuesto de crecimiento del 2,4) y una mayor efectividad de la fiscalización.

No negamos que el proyecto refleja las “prioridades políticas” del quinquenio, en cinco áreas estratégicas: infancia y adolescencia, seguridad, crecimiento, vulnerabilidad social y salud, a las que se le destinan la mayor parte de las asignaciones incrementales.

Pero esta opción no logra calafatear las grietas de lo no contemplado y ninguneado. Es conocida la legión de demandas insatisfechas y de expectativas que se desmoronan, “ilusiones que van quedando en la arena”, como rezaba el tango:

-6+1 para la educación y la investigación al que no se llega, y se abre una posibilidad de disminución de la ratio presupuesto educativo-PBI, algo que representa una regresión de primer orden.

-Asignación rabona y agraviante para la UDELAR, que hipoteca su crecimiento, que no resuelve ni mitiga el esfuerzo presupuestal de fondos universitarios. Significa cubrir parte la atención pública en salud, por medio del Hospital de Clínicas.

-Afectación de la UTEC y de la ANEP en general.

-Desguarecer y renunciar a enmendar la materialidad del sistema de justicia (Poder Judicial y Fiscalía).

-Vivienda, donde no se atenderán los compromisos anunciados.

-Reducidos aumentos incrementales en materia de salud.

Es cierto que la infancia y la vulnerabilidad social son relativamente contempladas, fenómeno que puede explicarse por la importancia e impacto que tienen en la coyuntura y por la necesidad de construir válvulas de descomprensión y compensación resultante de los problemas estructurales y de las apuestas económicas; con estas contemplaciones se trata de atender a ciertos costos sociales asociados, en el marco funcional del modelo.

El tratamiento salarial del funcionariado público da la pauta de varias cosas, de alguna manera y en forma disimulada se introducen modalidades de desindexación, el salario no crece en los primeros años, registrándose una pérdida y una eventual evolución positiva está atada al desempeño general de la propuesta.

No se puede dejar de percibir que estas pautas para la remuneración de los públicos contenidas en el presupuesto funcionan también en y como espejo con la ronda de Consejos de Salarios que se viene desarrollando paralelamente con la discusión del presupuesto.

En los aspectos normativos, aparecen cosas importantes y que despiertan un primer reflejo de rechazo. Tan solo señalaremos el lugar de la UDELAR en el CONICYT, y la pretensión de centralización de la política de investigación en Presidencia, insistiendo en transformar a la Presidencia en un auténtico arbolito de navidad, con muchas secretarías colgadas, como si fueran bombitas, las que, en entre otras cosas, escapan al control parlamentario.

Desde el gobierno, en forma machacona se dice que este es un presupuesto de IZQUIERDA y nosotros entendemos que está lejos de serlo.

El ejecutivo es relevado por el partido gobierno en la intentona de una carrera por convencer, persuadir, dar sus razones y hacer creer que sí lo es. Descartada la posibilidad de un mensaje complementario, los correctivos menores esperables saldrán de la reasignación, los parlamentarios están ya aplicados al trabajo de zapateros remendones, pero esas reasignaciones son parchecitos, ligeros paliativos, trabajo de fino artesanado, que no se puede hacer pasar como modificación o enmienda trascendente al rumbo imprimido. Quien lo haga se resignará a combatir el incendio forestal, con una regadera de jardín.

La defensa del presupuesto se topa con la incredulidad, las reticencias de las bases frenteamplistas; en las primeras arremetidas explicativas a veces logran aplacar los ánimos, y extender un poco los plazos de su crédito en materia de cumplimiento, que inexorablemente tendrá término.

Estas tentativas de hacer creer que se trata de una propuesta aceptable, o al menos tolerable desde la resignación en clave de los posibles, por suerte encuentra un actor desafiante en el movimiento sindical, acompañado por otras organizaciones sociales como FUCVAM, que no cejarán en que se haga efectivo el SABREMOS CUMPLIR, del cual todo indica que se está muy lejos.

Esto ocurre en un clima de relativa desmovilización, donde parece que la píldora se tragará sin atoramiento; no estamos ante movilizaciones importantes contra los presupuestos como en estos días asistimos en Francia e Italia.

Si bien el presupuesto juega un rol primordial y fundamental, en él no se agotan las luchas y las tensiones por la puja distributiva y la apuesta a alterar (aún mínimamente) ciertas orientaciones económicos y sociales.

El desafío y la encrucijada que constituye el cumplimiento del programa y de los compromisos, requiere de señales de otra naturaleza, justamente las que no están en ley de presupuesto, entonces la pregunta que se nos presentan es ¿se presentarán luego? Habrá que pensar cuales son las posibilidades y capacidades de todos aquellos que han expresado (a veces a media voz) críticas por lo insatisfactorio del presupuesto, para en un próximo acto, en el siguiente movimiento de la sinfonía, incidir y producir alteraciones al rumbo, en la profundización de las tímidas direcciones correctas que puede haber dentro del paquete presupuestal.

Para defender el presupuesto es necesario, y se viene haciendo en forma contundente, está el alineamiento de distintos actores, los ministros, los parlamentarios y el Frente Amplio. Las disidencias no afloran a la superficie, quedan ahogadas en el hermetismo del disciplinamiento, que impone la unidad política. Es obvio y sabido que existen, y su escape al exterior, rompiendo los anillos de seguridad, es necesaria para alimentar otros desarrollos que puedan engendrar algunas rectificaciones. Si esto no ocurre, aumentarán las probabilidades de que las frustraciones resultantes de esta política no permitan la generación de alternativas.

Los escenarios que nos dejará este proyecto de presupuesto convertido en ley parirán dilemas y desafíos que hay que transitar con convicciones firmes, entre las cuales está el papel que le tocará jugar a los trabajadores organizados, movilizándose, dando la pelea, procurando construir una integralidad, a partir de su autonomía política fundada en la independencia de clase.