Jorge Notaro

Sin aumentar los ingresos públicos es imposible resolver los graves problemas sociales. El Frente Amplio no responderá a las expectativas populares y perderá credibilidad. Podrá mejorar el resultado fiscal pero será inevitable la derrota en las elecciones de 2029. El que avisa no traiciona.

Los aspectos fiscales

La coalición marrón se hizo una fiesta con el gasto público. ¿el FA la tiene que pagar? Triste papel recorrer el país para explicarle a los que la pasan mal que no es posible mejorar su situación.

El aumento del gasto público proyectado para 2025 es el 0.15% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cada $1.000 de ingresos que se generen, las instituciones del Estado gastarán $1,50 más que en 2024. Para cubrir el déficit de las jubilaciones militares se gasta cuatro veces más y para cubrir el déficit del Banco Central del Uruguay se gasta siete veces más. La cifra del aumento del gasto no requiere mucho análisis para comprender su irrelevancia y como consecuencia, el comienzo de un camino de incumplimiento del programa del Frente Amplio.

El déficit fiscal es alto y es necesario reducirlo. El déficit se financia con deuda pública, aumenta el gasto por pago de intereses y la dependencia del capital financiero. La aritmética nos ofrece dos posibilidades para reducir el déficit, aumentar los ingresos o reducir los gastos; erróneamente el gobierno optó por la segunda.

El ministro Oddone declara que la reducción del déficit se hace por aumento de los ingresos pero la información contradice sus afirmaciones. En las proyecciones que acompañan el presupuesto, el gasto público es cada año un porcentaje menor del PIB, lo que significa una reducción de la participación pública en la actividad económica.

Este resultado es un criterio que se propone de carácter permanente, estableciendo “un tope al crecimiento real del gasto público asociado a la estimación de crecimiento potencial de la economía”. Es decir, sólo si aumenta el nivel de actividad económica podrá aumentar el gasto público y bajar su importancia relativa.

También se propone un tope anual a la inversión pública “equivalente al 0,7% del PIB del año inmediato anterior para los compromisos de pago a futuro que asuma el gobierno central, asociados a proyectos de inversión en infraestructura y su mantenimiento, cuyo repago genere obligaciones que trasciendan a la administración de gobierno.”

El gobierno se ata las manos, se compromete a no utilizar la inversión pública para promover el crecimiento de la actividad económica, por el contrario, con una tasa de crecimiento proyectada de más de 2% anual y un tope de aumento de la inversión pública de 0.7%, la inversión pública perderá importancia relativa en el PIB.

El presidente Orsi debería reconocer que se equivocó al prometer que no aumentarían los impuestos, aceptar la propuesta de cobrar 1% a la riqueza del 1% más rico del país, actualizar los aforos de los inmuebles y revisar los impuestos como propone el programa del FA, para financiar el aumento del gasto y de la inversión pública.

Las pérdidas del BCU

En los últimos años el BCU tuvo pérdidas de, aproximadamente, 700 millones de dólares anuales. Reducir estas pérdidas permitiría aumentar el gasto público.

Los ingresos que recibe el BCU por sus colocaciones son menores que los gastos por el pago de intereses de sus pasivos. En segundo lugar, la pérdida de valor de sus activos, o sea, cuando la cotización del dólar baja las reservas del BCU pierden valor o cuando las Unidades Indexadas aumentan más que la devaluación, también pierde el BCU.

El BCU, como todos los bancos centrales de América Latina, están obligados por el capital financiero a tener reservas en dólares para asegurar el pago de los intereses y de la deuda externa cuando el capital financiero quiera retirarse. Las agencias calificadoras de riesgo chantajean con la pérdida del grado inversor, los economistas al servicio de la alianza de clases dominantes lo fundamentan como el único camino posible y el oligopolio de medios de comunicación lo difunde envenenando la opinión pública.

Para reducir el riesgo de una posible devaluación (definido como “riesgo cambiario”) a principio del primer gobierno del FA se promovió la colocación de deuda pública en Unidades Indexadas como sustitución de la deuda en dólares. El valor de la Unidad Indexada se ajusta por el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

En aquel momento fue una buena decisión, se estaba saliendo de la crisis 1999 - 2002, la deuda pública había superado el 100% del PIB y era impagable, la incertidumbre sobre la cotización futura del dólar era alta.

Pero desde que estalló la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos en 2007, el gobierno de dicho país comenzó a inundar el mundo de dólares, esta moneda dejó de ser escasa y, por el contrario, el creciente capital financiero empezó a buscar nuevas oportunidades de colocación. El BCU le ofreció la posibilidad de las operaciones llamadas de “carry trade” que consisten en cambiar los dólares por pesos, colocar ese capital en Unidades Indexadas, lograr una rentabilidad mayor que con dólares y volver a comprar dólares. Las autoridades del BCU no percibieron este cambio en el mercado financiero mundial y continúan colocando deuda en Unidades Indexadas que tiene un costo mucho mayor. 

Como el dólar ya no sirve para ahorras, el capital financiero también se invierte en la construcción de viviendas y aumenta sus ganancias aprovechando las exoneraciones de la ley de promoción.

El presidente del BCU recomienda ahorrar en dólares, parece que no se enteró que un millón de uruguayos no pueden ahorrar y ni siquiera pueden pagar sus deudas.

Las reservas del BCU se ubican en torno a los veinte mil millones de dólares, pero la mayor parte de las mismas son propiedad de otras instituciones públicas y privadas. Las reservas propiedad del BCU, llamadas “de libre disponibilidad”, tienen que ser suficientes para pagar la deuda de corto plazo, que vence en menos de un año. En el Cuadro 1 se informa de las últimas cifras disponibles

Cuadro 1

BCU. Reservas de libre disponibilidad y deuda a menos de un año

En millones de dólares

Fecha	Reservas	Deuda
31/12/2023	8.373	6.192
31/12/2024	9.346	6.281
31/03/2025	9.771	7.205

Fuente: BCU

Como se puede apreciar, las reservas de libre disponibilidad aumentaron más que la deuda de corto plazo en los últimos doce meses. Es posible vender mil millones de dólares sin afectar las garantías que exige el capital financiero, sin sobre estimarlas, aumentando en esa cifra el gasto público.

Billetera no mata exclusión

El presupuesto asigna una parte del aumento del gasto al llamado Bono Escolar de $2.500 pesos anuales para las familias de bajos ingresos con niños en educación inicial y primaria públicas, para promover la asistencia. Desde ya se puede pronosticar que no va a lograr el objetivo perseguido.

El bono es un instrumento liberal, repartir dinero y que el que lo recibe lo utilice con libertad. Un instrumento muy distinto utilizan las organizaciones sindicales que al comienzo de cada año escolar entregan a las familias de sus afiliados con hijos en la educación inicial y primaria, una mochila con los materiales necesarios.Estas mochilas tienen dos ventajas con relación al reparto de plata: las compras de cantidades importantes permiten lograr precios más bajos y en segundo lugar se asegura que se logra el objetivo. Las mochilas que tendría que entregar el gobierno deberían incluir además de los útiles básicos, equipos de lluvia, equipos deportivos y transporte para los niños.

Esta práctica implementada por la ANEP con una perspectiva de varios años permitiría además promover la industria nacional, desde túnicas hasta libros o las propias mochilas; se requiere anunciar la licitación a tiempo para permitir que los talleres y lo que queda de las industrias se puedan preparar, apoyar con créditos baratos del BROU, exonerar de impuestos a los comprar de equipos y materias primas y, finalmente, darle una perspectiva de varios años.

El bono mejora los ingresos de las familias que lo perciben y es posible que con este mayor ingreso algunas familias superen la línea de pobreza y mejoren los resultados de acuerdo a las estadísticas. Progreso en el papel.

Para una parte importante de la población del país el problema no es sólo la pobreza como fenómeno económico de bajos ingresos sino la exclusión. Desde 1999 con la crisis aumentó el desempleo, así como su duración, lo que sumió en la pobreza y empujó a los asentamientos a una parte creciente de la población. Para la mayor parte de este grupo de personas se cortaron los vínculos con el resto de la sociedad, que para los adultos lo constituye principalmente el trabajo, para los niños y los jóvenes el sistema educativo, y para todos, el barrio. Pasaron más de veinte años y la situación no ha mejorado significativamente.

La falsa opción Estado o mercado admite un tercer camino, la mayor participación social en la gestión de las políticas, por la acción concertada de actores públicos y organizaciones populares. Se requieren cambios de enfoque, incorporando los objetivos sociales en la estrategia de crecimiento y creando las instituciones aptas para responder a las nuevas exigencias.

Reconocer en las políticas la multidimensionalidad de la exclusión, que genera una cultura, un sistema de valores, una forma de vida y deriva en la profundización de la exclusión económica, social y política. El sistema de valores es distinto al del resto de la sociedad, se desprecia la vida y el trabajo, las diferencias se resuelven por la violencia en la familia, en el barrio o en la escuela. Se retroalimenta con la deserción de las instituciones educativas, comprende a la mayor parte de los jóvenes que no estudian ni buscan trabajo, genera ingresos en el tráfico y placer en el consumo de drogas ilegales como la pasta base.

La condición imprescindible es crear oportunidades para reconstruir los vínculos y generar una nueva cultura en las experiencias de participación y cooperación, de las que Fucvam es el mejor ejemplo. Como señala mi amigo Álvaro Jaume, cultivar dignidad, con la perspectiva de la autogestión, en la lucha de clases, contribuir a crear condiciones para que “el propio implicado, el de a pie, el que sufre porque está descalzo o pasa hambre, descubra que debe buscarse con sus iguales para caminar y luchar juntos”.

Sólo la inclusión permitirá construir una sociedad integrada y transitar hacia el Uruguay democrático, social y productivo. La alternativa de aumento de las penas, policías y carceleros profundizará la fractura social y prolongará la guerra civil no declarada de los excluidos contra la sociedad excluyente.