Hoenir Sarthou
En menos de dos semanas, casi catorce mil personas han adherido a la declaración ciudadana “Agua y soberanía. No al Proyecto Neptuno”, que próximamente será entregada en mano al presidente Yamandú Orsi, si éste decide recibir a la delegación propuesta para una reunión sobre el tema.
La declaración “Agua y soberanía. No al Proyecto Neptuno” es una de las más numerosas expresiones del rechazo que el proyecto está cosechando en la sociedad uruguaya.
No es para menos. Ofrecer agua contaminada, frecuentemente salada y espesa de cianobacterias, como solución para el suministro de dos millones de personas no puede generar jamás conformidad ni entusiasmo. Por el contrario, genera desconfianza e irritación.
El rechazo al proyecto, por suerte, no tiene demasiada relación con la definición política o el voto electoral de las personas que lo expresan. De hecho, entre sus opositores se encuentran figuras de reconocida filiación blanca, frenteamplista, colorada y de otros partidos menores, así como personas que no poseen ninguna filiación partidaria en particular.
Basta ver la integración de la delegación que ha solicitado la entrevista con el Presidente para advertir que Neptuno parte las aguas (literal y simbólicamente) de forma inusual. El Prof. Dr. Daniel Panario, el Dr. Juan Ceretta, el Dr. Irineu Riet Correa, la Dra. Margarita Machado, el Ing. César Vega y quien habla son quienes han solicitado la entrevista en representación del conjunto de ciudadanos que lanzó la declaración y de los miles que han adherido a ella.
¿Por qué “Neptuno” tiene ese efecto removedor en la sociedad uruguaya?
Tal vez porque, hasta en lo simbólico, expresa algo penoso que está sucediendo en el Uruguay. Me refiero a que, en un país muy rico en recursos hídricos, se entregan las mejores fuentes de agua potable, superficial y subterránea, para la plantación de eucaliptus y para la producción de celulosa, de hidrógeno “verde” y de metanol, mientras que se recurre a una de las fuentes más inadecuadas, por su contaminación y salinidad, para el consumo de la población. Todo un símbolo de las prioridades que el privilegio de la inversión extranjera determina.
Si eso fuera poco, como lo señaló Garabed Arakelian en reciente entrevista que le hizo Marcelo Marchese, el costo del proyecto, que en realidad no superaría los 300 millones de dólares, se eleva hasta casi 900 millones por los costos de mantenimiento y, sobre todo, por la carga de intereses financieros que asumirá el país, que es más de la mitad del monto total del proyecto. Eso confirma que esta clase de negocios no son sólo el saqueo del agua sino también formidables negocios financieros que costeamos todos los uruguayos, con impuestos y con las facturas de OSE.
Es sintomático que esté escribiendo este artículo en el llamado “Día internacional del agua”. Una fecha instaurada por las Naciones Unidas, que, en el fondo, emite un mensaje complejo para los países ricos en agua.
El mensaje para los uruguayos es algo así como “No crean que el agua es suya y pueden hacer lo que quieran. La humanidad los observa a través de los ojos de la ONU”.
Lo paradójico es que la ONU y los otros organismos internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, FMI) son los grandes justificadores y financiadores del modelo forestal-celulósico y de los proyectos de hidrógeno verde-metanol, que consumen y contaminan nuestra agua. De modo que verlos transmutados en hadas madrinas de jornadas internacionales “por el agua” no puede menos que llamar la atención.
Por eso, mientras esperamos la respuesta del presidente Orsi sobre la solicitud de entrevista, quiero plantearles dos cosas.
La primera es que sumen su adhesión a la declaración ciudadana contra Neptuno. Pueden encontrarla, por ejemplo, en todas las redes sociales del Movimiento Uruguay Soberano.
La otra cosa es algo que me ronda la cabeza desde hace tiempo. ¿Por qué no instaurar un “Día Nacional del agua”?
Un día que no sólo celebre la importancia del líquido vital, sino que reivindique que es nuestro, de los uruguayos. Porque es una de nuestras principales riquezas y tenemos el derecho, y, si pensamos en las generaciones futuras, también la obligación de usarlo y de administrarlo en nuestro beneficio, con inteligencia y responsabilidad.