Hoenir Sarthou

¿Puede un gobierno que recién va a asumir arrancar atado al compromiso de suministrar agua de pésima calidad a más de la mitad de la población? ¿Es admisible que además se cargue a toda la población con el pago de casi 900 millones de dólares por esa agua? ¿Tiene sentido cuando en el país hay fuentes de agua de mucho mayor calidad y son posibles obras que resolverían el problema por menos de la tercera parte de ese valor?

Esa es la situación del próximo gobierno del Frente Amplio, encabezado por Yamandú Orsi.

En los estertores de su período de gobierno, Lacalle Pou decidió firmar el contrato que da viabilidad al Proyecto Neptuno, que se propone extraer agua del Río de la Plata, más precisamente de la zona de Arazatí, en el Departamento de San José, para el suministro a Montevideo y su zona metropolitana, es decir, a más de dos millones de personas.

El disparate de semejante contrato, firmado sin aprobación del Parlamento ni debido conocimiento de la población, no puede ser mayor. En primer lugar, porque esa agua no es adecuada al consumo humano. Basta ver su estado en estos últimos días, verde y espesa de cianobacterias. No es que lo diga yo, ni que la visión del agua cause repugnancia hasta a un ciego. Es que toda la academia ha dicho y reiterado que el proyecto es un despropósito, que el agua no es adecuada, que está contaminada, que presenta picos de salinidad, que recibirá los residuos cloacales de Buenos Aires, que las instalaciones en que se piensa almacenarla son peligrosas para las fuentes de agua subterránea de la región, y que existen soluciones técnicamente mejores y mucho más baratas.

Nada de eso le movió un pelo al que todavía, por pocos días, es el actual gobierno. Uno desconoce qué compromiso y qué razones tenía para firmar en esos términos y con tanto apuro. Aunque, naturalmente, puede sospecharlas.

La actitud de los integrantes del próximo gobierno ha sido un poco confusa. Por un lado, figuras como el futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el Pro Secretario de la Presidencia, Jorge Díaz, han dado por sentado que el contrato deberá cumplirse, alegando que eso exige el principio de seguridad jurídica y el prestigio del Uruguay.

Es llamativo que ninguno de los dos haya defendido el proyecto en sí mismo. Sus argumentos son formales, del tipo “los contratos se firman para cumplirlos”.

Por otro lado, varios partidos, sectores y comités de base del Frente Amplio, la propia Mesa Política y el futuro ministro, Edgardo Ortuño, se han pronunciado contra el proyecto y el contrato, considerando la posibilidad de dejarlos sin efecto o de modificarlos.

Abro un paréntesis para decir que el texto del contrato firmado contiene cláusulas que permitirían un margen de maniobra importante para el futuro gobierno. Por un lado, la alegación del “interés público”, previsto en el propio contrato como factor habilitante de medidas de gobierno que podrían alterar o desautorizar al contrato. Por otro, las facultades regulatorias de la OSE, que se reconocen expresamente en el texto, y que podrían habilitar a exigencias de calidad que el proyecto previsto no podría cumplir.

Eso sin contar con que todo el contrato podría ser considerado violatorio del artículo 47 de la Constitución, dado que privatiza parte de la gestión del agua, y así habilitar a que un nuevo gobierno, actuando como fiel custodio del orden constitucional, lo declarara nulo. Porque el primer deber de todo gobierno es asegurar el cumplimiento del orden jurídico y es su obligación rectificar cualquier acto o conducta de los gobernantes, actuales, pasados o futuros, que infrinja la Constitución o la ley.

Así están las cosas desde el punto de vista jurídico y político.

No obstante, hay un factor no mencionado que resulta imprescindible considerar en este asunto.

Me refiero a la voluntad popular. No a esa clase de autoridad delegada mediante el voto que invocan siempre los gobernantes, sino a la voluntad real, a lo que realmente pensamos y queremos los uruguayos respecto el agua que se nos dará a tomar a nosotros y a nuestros hijos y nietos.

Mucho de lo que vaya a ocurrir depende de ese factor. Que no se expresa por la voz de los gobernantes sino por el comentario mano a mano, por las redes sociales, por la presión que los amigos, familiares y vecinos ejercen sobre los integrantes del gobierno.

La pregunta es clara: ¿alguien quiere consumir agua prácticamente cloacal y pagar 900 millones de dólares por eso?

La respuesta es tan obvia que casi no es necesario expresarla.

La cuestión es si encontraremos la forma de hacer saber al inminente gobierno que arrancará con muy mal pie si no resuelve este asunto conforme a lo que indican el más elemental sentido común y las normas jurídicas más importantes del país.

Poder, se puede. Hay que querer.

Este jueves 20 de febrero, a las 18.30 horas, habrá en la Plaza Independencia de Montevideo un encuentro convocado por personas de muy distinta procedencias políticas y partidarias. Su objetivo es analizar el problema Neptuno desde la óptica de la legítima preocupación por el agua como recurso y riqueza vital de los uruguayos y la preocupación por nuestra soberanía sobre ese recurso y sobre nuestro territorio.

Es sólo el primero. Seguramente habrá otros. Porque se equivoca grandemente quien crea que Neptuno “ya está firmado y es asunto cerrado”. No lo es. Al contrario, es un tema vital que proyectará consecuencias sobre toda la gestión de este gobierno y de los que lo sigan.