Jorge Ramada

Hace unos días se realizó en el Obelisco una conmemoración del acto realizado contra la dictadura en 1983 en ese mismo lugar, llamado en aquel momento el “río de libertad”. El acto se presentó también como una reafirmación de la democracia por parte de todos los partidos. ¿Todos? No tanto, Cabildo Abierto no convocó y algunos senadores del Partido Nacional se negaron a ir. Algo dijeron acerca de tener dudas de la verdadera fe democrática de algunos participantes (el Frente Amplio para ser más precisos), aunque me parece que más prudente sería tener dudas acerca de cuánto condenan esos ausentes la dictadura cívico militar de los años 70.

Tampoco estuvieron otros partidos de izquierda y no porque solo participaran partidos con representación parlamentaria (estuvo presente la Unión Cívica, que no la tiene). Me refiero a la Unidad Popular y al Partido de los Trabajadores, por ejemplo. No sé si se autoexcluyeron o si no fueron convocados. Si fuera esto último sería de pensar que los convocantes no los consideran democráticos, pese a que han participado en todas las últimas instancias electorales. Aunque también es cierto que el hecho de participar en instancias electorales no tiene por qué garantizar una adhesión a la democracia, al menos como la entienden los que convocaron al acto.

Porque a esta altura cabría preguntarse a qué democracia se refiere cada uno.

Los que vivimos la década del 60 sabemos que en el país había democracia y se realizaban elecciones regularmente. Claro que en esa democracia eran moneda corriente las torturas por parte de la policía (con los delincuentes comunes al principio para seguir luego con los militantes políticos). Fue en esa democracia que asesinaron en la tortura al militante democristiano Luis Batalla en Treinta y Tres.

En esa democracia operaban impunemente bandas fascistas, con atentados (en algún caso con consecuencia de muerte) a locales políticos, con tatuaje de esvásticas a militantes, con un intento incluso de asaltar la Universidad. En esa democracia nació y actuó el “Escuadrón de la Muerte”.

En esa democracia las “fuerzas del orden” reprimían a sangre y fuego las manifestaciones populares; así murieron Líber Arce, Hugo de los Santos, Susana Pintos, Julio Espósito, Heber Nieto.

En esa democracia los trabajadores rurales (los más emblemáticos, los de la caña y el arroz) vivían en la miseria, sin que funcionaran para ellos las leyes laborales, sujetos al capricho de patrones que se comportaban como señores feudales (aunque en sistemas de explotación claramente capitalistas).

En esa democracia empezaron a crecer los cantegriles en la periferia de Montevideo.

Aun así, esa democracia resultaba imperfecta para los dueños del poder, porque el aumento de las luchas populares (sindicales, sociales, políticas) les hacían temer por la continuidad de su dominación. Y entonces, para salvar la democracia resolvieron violarla (“la violé para salvarla” podrían decir parafraseando algún tango). Y los principales medios de difusión a su servicio, con “El País” (primero siempre) a la cabeza se aburrieron de alabar ese “proceso” que era el defensor de la auténtica (para ellos) democracia.

Para el común de la gente, la democracia implica libertad de reunión y de opinión, posibilidad de cambiar los gobiernos mediante elecciones, funcionamiento relativamente independiente del Parlamento y el Poder Judicial, respeto de las leyes aprobadas dentro de esas reglas de juego. Pero a los dueños del poder esa democracia solo les sirve cuando pueden mantener con tranquilidad su régimen de explotación. Si no es así, preferible requerir a alguna de las “fuerzas especiales“, policía o ejército, para poner orden. Y si no, se le puede preguntar a la muy democrática Asociación Rural del Uruguay, fundada en 1871 para apoyar el golpe de Estado de Latorre y promotora y sostén de cuanto golpe de Estado hubo en el Uruguay desde entonces.

Hoy tenemos una libertad de reunión y expresión bastante más amplia que la de la democracia pachequista, se respetan las decisiones parlamentarias (salvo algún veto que otro, a favor de los poderosos o en contra de los trabajadores). No sabemos de torturas a los delincuentes (a los amigos de Marset, seguro que no) y las manifestaciones populares se permiten y en general están custodiadas -y no reprimidas- por la policía.

Pero empiezan a aparecer bandas (hasta hoy impunes) que apalean y hasta matan a indigentes; los patrones rurales siguen considerándose dueños de sus peones y esquivan leyes y reglamentaciones cada vez que pueden, a veces tolerados o apoyados por el Ministerio de Trabajo o por órganos del Poder Judicial (no puedo dejar pasar de lado la sentencia de la Suprema Corte de ¿Justicia? que dio la razón a los dueños del arrozal ante la probada intoxicación por agrotóxicos del compañero Julio de los Santos). Y tenemos “asentamientos” bastantes más extensos que los cantegriles de los 60 y miles de niños en la pobreza o la indigencia. Una democracia así, con grandes desigualdades e injusticias, es una democracia pobre.

Por lo tanto, cuando vemos a partidos con tan diferentes posturas políticas e ideológicas, representantes de tan diferentes intereses de clase, ponerse de acuerdo en defender la democracia, pensamos ¿a qué democracia se refiere cada uno de ellos? Porque la democracia no es un ideal abstracto, sino una construcción social y política concreta, que responde a momentos históricos concretos y que se desarrolla contradictoriamente, en conflicto entre las clases sociales presentes en la formación social en cada momento.

Vale la pena traer al presente viejas definiciones a veces olvidadas. Las democracias -y las dictaduras- son formas de gobierno, es decir de administración del Estado, de una organización política de la sociedad que asegura la dominación de clase. La dictadura burguesa realiza esa dominación de forma totalmente autoritaria, recortando derechos y libertades (de la clase oprimida, por supuesto). Y sin embargo, cuando Lenin se refiere a la dictadura del proletariado (sin entrar en consideraciones acerca de cómo evolucionó luego en la realidad), dice que conduce a “una enorme ampliación de la democracia, que se convierte por vez primera vez en democracia para los pobres...”, a la vez que restringe la libertad de los capitalistas. Ambos términos no están considerados en abstracto, sino a partir de la realidad contradictoria de las formaciones sociales.

Teniendo eso en cuenta, cabe plantearse muchas preguntas y quiero hacerla desde una posición anti-capitalista -por no decir de izquierda, término que se ha relativizado demasiado últimamente- y basándome en la definición programática del Pit-Cnt que sigue vigente: “por una sociedad sin explotados ni explotadores.

Entonces, ¿se trata de defender una democracia en abstracto o de profundizar cambios que apunten a terminar con las desigualdades, con las injusticias y con infames privilegios para construir una sociedad más justa y solidaria? Claro que para lograr esos objetivos hay que atacar los privilegios de los poderosos y -como la historia ha mostrado más de una vez- eso pone en peligro la democracia, no por la acción de los que promueven los cambios, sino por la reacción de los afectados por ellos.

Además, ¿es posible pensar en cambios profundos sin cuestionar en cada colectivo -político o social- las categorías y paradigmas que nos impone el capital (la inamovilidad de las relaciones de poder, el individualismo, el consumismo, la competencia, el mercado y la mercancía como bases de la economía, el emprendedurismo como camino al éxito)?

¿Qué hacer entonces? ¿Hasta dónde tensar la democracia sin renunciar a los cambios? Y sobre todo ¿cómo generar la correlación de fuerzas que permita a la vez avanzar en los cambios y defenderse de la reacción a los mismos -revolución y contrarrevolución? Me parece muy difícil avanzar en ese sentido si no se cuestiona, en cada lugar y circunstancia, la ideología del capital como rectora de nuestras acciones y de la convivencia social.