Garabed Arakelian

“No hablemos más de la LUC, que ya es cosa del pasado”, argumentan desde  la derecha y también desde filas supuestamente progresistas. Sin embargo allí está, grabada en la memoria, ese esfuerzo denodado que se hizo y no llegó a la orilla. La Ley de Urgente Consideración está vigente y se aplica… y se sufre.

“Debimos haber empezado antes”, “nos faltó unidad en el planteo”, ”teníamos que haber rechazado toda la ley”, etc. etc. fueron algunos de los argumentos que se esgrimieron para justificar el fracaso. Todos ellos válidos y ciertos.

Lo cierto es que los sectores que se han embanderado con el lema “oposición responsable” y que hacen buena letra ante el gobierno, jugaron y lograron imponer su criterio. Por eso no hubo rechazo total para la LUC. Integrantes del Frente Amplio se tomaron el tiempo y el trabajo de establecer cuales artículos de esa ley de urgencia están bien y había que dejarlas y rechazar aquellas que se entendía que eran demasiado horribles. Era hacerle los deberes a la derecha. Así nos fue.
La mención viene al caso ahora que está sobre la mesa la ley de Seguridad Social que el gobierno de los coaligados quiere sacar adelante de cualquier manera y de todos modos. Envalentonado con su experiencia anterior de correr con el poncho a las fuerzas progresistas.

Afortunadamente la empecinada oposición de las clases populares a esta propuesta gubernamental ha logrado  tomar las formas organizativas adecuadas que aumentan su eficacia de movilización y de oposición integrando a las diversas agrupaciones  sociales.

Ya no tendrán preponderancia ni capacidad de decisión exclusiva las fuerzas políticas, se amplía la base social y así la ley de Seguridad Social queda en manos de las  fuerzas populares.

Habrá sin duda una dura lucha por eliminar, o reducir los privilegios indecorosos de los altos grados militares, las AFAP y un extenso número de temas de importancia  suma que esta ley que se presenta como ley de  jubilaciones, tiene escondida entre sus pliegues.

La Seguridad Social no es un remanso legal en la vida de la ciudadanía, es un duro campo de lucha en el que aquellos que tienen más quieren asegurar sus privilegios y primacías relegando a las inmensas mayorías para mantener la base de la desigualdad que se ha venido concretando en nuestra sociedad.

La discusión por esta ley es un desafío y una prueba de la fuerza y capacidad movilizadora de las fuerzas populares en defensa de los postergados, los ignorados, las víctimas de la injusticia social y judicial.

Es un enorme paso que se debe saludar con señales auspiciosas que el pueblo gane la calle (y a Lacalle y todo lo que él representa) sin frenarse por los pruritos de quienes quieren hacer buena letra ante el poder que se opone a los intereses del pueblo.

En la vía pública pues, a defender los derechos de la población más indefensa y de todos aquellos que luchan por conservar sus derechos, afianzarlo, profundizarlos y seguir adelante.