Hoenir Sarthou

Durante muchos años, se nos ha dicho a los uruguayos que nacimos en un país chico, pobre, subdesarrollado. Un “paisito” querible pero imposibilitado para grandes pretensiones.

De acuerdo a esa creencia, vivimos como pobres. No podemos dar a nuestros niños una educación de buena calidad, ni pagar jubilaciones dignas a nuestros viejos, ni  brindar a nuestros enfermos un buen sistema de salud. “Faltan recursos”, es la eterna excusa.

UPM, por ejemplo, por su primer contrato, tiene derecho al uso gratuito del agua del Río Uruguay. Por el segundo contrato  lo tendrá, en régimen de prioridad que es directamente inconstitucional,para el agua del Río Negro por no menos de cincuenta años. Además tiene autorización para perforar y extraer agua del acuífero. Neptuno la tiene para usar el agua del Río de la Plata. Tambor para extraer agua de los acuíferos. Y Google para refrigerar sus máquinas con millones de litros diarios en condiciones todavía desconocidas.

¿Notaron que algo no cierra? ¿No éramos tan pobres? ¿Por qué tantas empresas poderosas vienen a Uruguay, y todas, casualmente, piden agua?

Según nuestros gobernantes, vienen atraídos por la estabilidad política y la seguridad jurídica del Uruguay, por nuestra seriedad, cultura y confiabilidad. Pero, si eso es lo que los atrae, ¿por quéademás les regalamos el agua? La cosa es sencillísima. El agua es el nuevo oro y el nuevo petróleo de esta era. Ya es considerado un recurso escaso y valioso, y, en el correr de los próximos años, sequías y desastres más o menos naturales de por medio, seguramente será el recurso natural más codiciado.

¿Somos ricos, entonces? Puede decirse que lo somos. Aunque vivamos, seamos tratados y nos sintamos como pobres.

El problema es que esa riqueza está siendo hipotecada. Nuestra casta política, gobierno y oposición, sigue firmando en secreto contratos que, entre otros bienes, regalan a las corporaciones transnacionales el uso gratuito del agua por largas décadas.

El motivo es obvio: la economía global se está concentrando y reorganizando. El control de los recursos naturales estratégicos (agua, tierra, energía y minerales) es prioritario para los grandes fondos de inversión financiera. Por eso no puede extrañarnos el interés de las corporaciones. Lo que indigna es la facilidad y gratuidad con que nuestros gobiernos les regalan lo que buscan.

¿Por qué no se habla de esto en el Parlamento? Por qué tanto el gobierno como la oposición lo silencian?  ¿Por qué no lo menciona ni lo analiza la prensa? Es simple: quienes se están apoderando del agua son los mismos intereses que pagan las campañas electorales y controlan económicamente a la prensa internacional y a la prensa “grande” nacional. Oponerse a esos intereses es perjudicial para las carreras, tanto políticas como periodísticas. Por eso tanto silencio y disimulo.

¿Hay algo que se pueda hacer? Depende de que los uruguayos percibamos que, sin ser el único, se nos está robando uno de nuestros recursos naturales más valiosos. Un recurso esencial para la vida que, además, bien administrado, podría proporcionarnos medios económicos para educar sin condicionamientos a nuestros niños, pagar jubilaciones dignas y atender a nuestros enfermos con la mejor tecnología disponible. El agua es un bien público, por lo que toda la sociedad se beneficiaría con su buen uso.  

Está en curso una iniciativa popular de reforma constitucional, que se llama Uruguay Soberano. Muy sintéticamente, el proyecto viene a llenar un vacío de nuestra Constitución: la regulación de los contratos que firma el Estado con empresas extranjeras y con empresas privadas nacionales. Vacío del que vienen abusando ampliamente los gobernantes.

El proyecto dispone que todo contrato que someta al Uruguay a jurisdicción extranjera, o le otorgue a la empresa estabilidad jurídica (es decir garantía de que no será afectada por normas legales futuras), o imponga al Estado obligaciones que se extiendan más allá del período de gobierno en curso, deberá tener aprobación parlamentaria con mayoría especial y podrá ser sometido a referéndum por iniciativa del 10% del padrón electoral (hoy se exige el 25%). También declara la nulidad de todos los contratos de ese tipo firmados sin aprobación parlamentaria desde noviembre de 2017. Sobre esto, una breve aclaración.

La libertad de los pueblos de reformar su Constitución no tiene límites y no está ni puede estar regulada por ninguna norma nacional ni internacional. Si una vez pudimos declarar “írritos, nulos y de ningún valor para siempre…” nuestros compromisos con las potencias coloniales, ¿cómo no poder declarar nulos los contratos con UPM, con Katoen Natie o con Pfizer?

La nulidad no quiere decir correr a patadas a la inversión extranjera. Esos contratos podrían ser renegociados, ajustados a derecho y presentados al  Parlamento para su aprobación. En ese caso, si no ameritaran un referéndum, podrían seguir  adelante. Lo que el proyecto establece es un doble control para los mega contratos de inversión. Control parlamentario y control ciudadano, vía referéndum.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que los gobiernos comprometan por décadas la soberanía y los recursos vitales del Uruguay, como el agua, en secreto, sin contralor de nadie y en perjuicio de todos.

Firmar por la Reforma Uruguay Soberano no implica adhesión ni respaldo a ningún partido político. El Movimiento Uruguay Soberano, que impulsa la reforma, es precisamente un movimiento ciudadano, no partidario, sin candidatos, sin listas, sin  ninguna otra dependencia o financiación que no sean la opinión y los aportes de sus integrantes. Su única bandera ideológica es el ejercicio democrático de la soberanía por parte de los uruguayos, sobre nuestro territorio y sobre nuestras vidas.     

Hay una idea clave en esta iniciativa. La defensa de nuestros bienes naturales y culturales es inseparable del ejercicio de nuestra soberanía.  Por la sencilla razón de que apoderarse de nuestros bienes materiales y culturales requiere destruir previamente nuestra capacidad de actuar como un pueblo soberano.