Florencia Salgueiro
 

La semana pasada en el programa de streaming Al weso, la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo respecto de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad: «Uruguay está obligado por sus compromisos ante la Corte Penal Internacional a ejercer y actuar sobre esa orden de captura internacional».

La necesidad de arrestar a Netanyahu si llegase a venir es una no-pregunta: no hay alternativas. Los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma, que regula la CPI, están obligados a hacerlo. Existen países europeos que han decidido incumplir sus obligaciones con la corte, como Francia y, notablemente, Alemania, uno de los mayores cómplices del genocidio en la actualidad, siempre sumisos a su enclave occidental en Oriente Próximo. En la misma situación están distintos países con gobiernos adictos a Donald Trump, como la Argentina de Javier Milei. ¿Qué ganaría Uruguay sumándose a este grupo, que difícilmente despierta el respeto internacional?

Sin embargo, Yamandú Orsi, al ser consultado en rueda de prensa sobre las declaraciones de Csukasi, dijo: «Hablar de lo que no existe [refiriéndose a una eventual visita de Netanyahu] está de más», sugiriendo que la subsecretaria debería haber evadido, tal vez, responder a la consulta. El presidente redobló, agregando: «Uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente».

La respuesta de Orsi deja entrever una reflexión que va mucho más allá del caso concreto de la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu: habla sobre la importancia de los principios en la política exterior uruguaya, que también vienen siendo desafiados por la discusión sobre la recepción de deportados cubanos en nuestro país, entre otras iniciativas impulsadas por el gobierno de Trump. ¿Debería Uruguay mantener su compromiso histórico con las instituciones multilaterales y el derecho internacional o conviene ignorarlo en ciertos contextos? ¿Hay situaciones internacionales en las que la mejor manera de proteger los intereses uruguayos es ceder ante los deseos de países más poderosos que el nuestro?

El apoyo a las normas internacionales ha sido en Uruguay un consenso interpartidario hasta ahora, y eso tiene sentido: un país pequeño que nunca va a poder defenderse por la fuerza florece en contextos donde los conflictos se resuelven negociando en espacios institucionales y no por la voluntad del más fuerte. Velar porque existan instituciones que regulen el comportamiento de los países y den un marco claro para sus relaciones no es solamente una idea «deseable», sino «conveniente»: no solo para nuestro país, sino para todos los socios más débiles en el sistema internacional.

Por otro lado, la reputación de Uruguay como un país que respeta las normas es una fortaleza de nuestra política exterior. La alternativa es ser un país que se vende al mejor postor, al vil precio de la necesidad, que cede ante la presión de los poderosos. Y seamos claros: este contexto de presiones no es novedoso. Uruguay siempre estuvo en la mira de las potencias, buscando márgenes de maniobra entre gigantes. Las políticas imperialistas, obviamente, no se inventaron en el siglo XXI, y el que diga que ahora son más extraordinarias que antes está olvidándose, para empezar, de la Guerra Fría entera.

Las declaraciones de Orsi podrían haberse parecido más a las de Fernando Pereira, que dijo: «Lo cierto es que, si a mí me preguntan, yo digo que hay que cumplir con el derecho internacional». En el mismo sentido, Mario Lubetkin expresó: «Porque nosotros aplicamos dentro de la CPI y vamos a seguir aplicando. Si se pierden las referencias, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? Si se dispersa todo en voluntades locales sin parámetros legales, ¿cómo vamos a gestionar la política internacional?» (La Diaria, 22-VIII-26). Incluso el ministro de Economía, Gabriel Oddone, planteó en un comité de base esta semana que «el único manual» en política internacional «es que los principios y la ética son lo que no se negocia» (La Diaria, 25-VIII-26).

Entonces, el presidente no solo no le llama genocidio al genocidio, ni busca que Uruguay revise sus contratos estatales, por ejemplo, de videovigilancia con Israel, ni propone que pausemos nuestros vínculos comerciales con ese país ni emite ningún gesto diplomático que deje claro que Uruguay no es cómplice de las atrocidades que está sufriendo Palestina, sino que también rompe con una tradición que está basada en las características inamovibles de Uruguay como país pequeño, pone en duda lo que hasta ahora era una de las únicas líneas en política exterior que todos los partidos políticos uruguayos defendían, como nuestro compromiso irrestricto con el derecho internacional, de una manera que no está respaldada por su partido ni por su equipo de gobierno.

Además de preguntarnos a qué o a quién responden las declaraciones de Orsi, poco más queda que seguir exigiendo: si nuestra política exterior no puede darnos orgullo, por lo menos que no dé vergüenza.

⃰Publicado originalmente en Brecha, 28 agosto de 2026.