AGUA: un bien común, no una mercancía

 Por Anahit Aharonian, Ingeniera Agrónoma

En Uruguay, la llamada Reforma del Agua, fue establecida mediante plebiscito votado por el 64,7% de la ciudadanía, modificando así el Artículo 47 de la Constitución. Allí se establece que “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico“; así como que “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales“

Por esta razón, a partir de noviembre de 2004 los cambios en la Constitución exigen que los servicios de agua y saneamiento sean brindados por entes jurídicos estatales, prohibiendo la privatización, y que los recursos hídricos se mantengan en el dominio público y sean gestionados en forma participativa y sustentable, entendiendo al agua como un bien natural esencial para la vida y un derecho humano fundamental.

Sin embargo, si bien la normativa consagra el agua como un derecho humano cuya gestión debe estar en manos públicas, se constata el incumplimiento del mencionado mandato constitucional, particularmente debido a que –por ejemplo- el 27 de octubre de 2017 fue promulgada la Ley Nº 19.553 de Riego con Destino Agrario que establece mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con fines de riego a gran escala. Esta ley no solo profundiza inequidades, sino que ha generado indiferencia e incluso confusión: estos represamientos no tienen siquiera la finalidad de mejorar una agricultura alimentaria sino que son simple, duro y hasta obsceno lucro.

No solo se viola nuestra Carta Magna, sino que esta decisión política habilita a cualquier inversionista del rubro que sea (no necesita ser productor rural) a construir embalses y represas, lo cual conlleva potentes impactos ambientales, previsibles pero también prevenibles. Esto es sin mencionar los impactos sociales, culturales y económicos, como lo hemos estado denunciando desde la sociedad organizada, la academia y hasta todo aquél que haga uso de un mínimo sentido común.

Cabe recordar que –siguiendo al Artículo 47- en 2013 se estableció la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, reunión en la que se plantearon diagnósticos así como varias urgentes soluciones a la problemática de nuestra principal fuente de agua.

Al 2022, constatamos que no se ha avanzado en dichas soluciones como por ejemplo, repoblar con monte nativo las riberas del río y sus afluentes; prohibir las fumigaciones que terminan siendo vertidas en dichos cauces; concretar el tan mentado “tratamiento de lodos” cuya tecnología existe y cuya inversión debe ser asumida como urgente tema de salud pública; impedir mega plantaciones de árboles exóticos –como los eucaliptus- en zonas denominadas de “cosecha de agua”, etc., asuntos que necesitan otros espacios para explicar en profundidad.

A lo antedicho, se agrega una nueva arremetida privatizadora, que es el así llamado “Proyecto Neptuno”, bajo el argumento del posible colapso de la Planta de Aguas Corrientes sobre el Río Santa Lucía que abastece a dos tercios de la población.  ¿Por qué habría de colapsar si la cuidáramos, hiciéramos su mantenimiento y desarrolláramos un correcto uso de nuestros suelos?

Desborda nuestra capacidad de asombro: este nuevo proyecto sería llevado adelante por empresas privadas, tomando el agua bruta del Río de la Plata.

En un país de enorme riqueza de fuentes de agua dulce, se “encontró” una asombrosa solución tomando agua de una zona de alta contaminación por recibir los vertidos de varias cuencas vecinas, además de ser una fuente salina; estarían desplegando grandes y largas tuberías (¿se calcula el impacto energético y el ambiental?) cuyo costo pagaríamos/pagaremos cada uno de nosotros.

Para colmo, nos dicen que toda esta obra alcanzaría para cubrir solo un 30% de las necesidades metropolitanas.

Volvemos a escuchar y leer que este proyecto aseguraría fuentes de trabajo, mientras se invisibilizan tantas propuestas y opciones productivas que generan fuentes genuinas de trabajo digno y con calidad de vida ¿otra vez compraremos espejitos de colores?