Por Garabed Arakelian

EL 9 de febrero de 1973 la cúpula de las fuerzas armadas encabezadas por el Ejército se sublevó e inició una oscura etapa de nuestra historia a la que sumió en tinieblas durante 13 años. El presidente de la República era Juan María Bordaberry.

Si bien se ha retornado a  la vida institucional que restablece la democracia el cuerpo de la sociedad uruguaya no ha logrado sanar y recomponer las profundas heridas que dejó  el oscuro período cuyas secuelas aún se viven y continúan abofeteando la sensibilidad de los ciudadanos demócratas.

En ese año el senador Amílcar Vasconcellos hizo la denuncia periodística de la conjura que se estaba trenzando a costas de la libertad del pueblo, en un documentado opúsculo que tituló ”Febrero Amargo” detallando los pasos que la casta militar iba dando sucesivamente en su proceso de rebelión para conculcar derechos y sistemas de convivencia ciudadana. 

Pero lo que interesa, además de mantener vivo el recuerdo de esa agresión al sistema democrático para rechazarlo permanentemente y no caer en él es, precisamente,  estar atentos a los detalles de otro posible  “febrero amargo” en el 2022.

El presidente de la República  ha recibido oficialmente en estos días de febrero a un grupo de personas que se reúnen bajo la divisa ”Familiares de presos políticos” que asumen la representación de militares juzgados,  condenados y recluidos en la cárcel VIP de Paso de la Arena..

El estilo oligárquico  del primer mandatario que le hace olvidar frecuentemente el necesario equilibrio entre sus intereses y la legislación vigente le llevó a darle status similar a  este grupo con  aquellos ciudadanos  que se nuclean en “Crysol” y aún reclaman por las vidas y los daños causados por la dictadura militar.

Evidentemente no son la misma cosa pero el mandatario agrava la cuestión al aceptar tácitamente que en el Uruguay, y en su administración, existen “presos políticos”.

Si en 1973 febrero era amargo porque cobijaba los primeros pasos de la conjura militar, éste febrero de 2022 cobija los entretelones de la LUC.  Un intento maquillado de lograr por vías legales la implantación de una política entreguista de la soberanía nacional a manos privadas y extranjeras y  decididamente antipopular.

Merece especial destaque el peligro que se cierne sobre el sistema jubilatorio, y su ocultamiento es parte de la conjura que se tiene  en secreto a la espera del resultado del referéndum del próximo 27 de marzo.

Por todo lo que se acumula en esta consulta popular y que excede el contenido y los alcances de los 135  artículos que se pretenden derogar, puede afirmarse que  se trata en verdad de un enfrentamiento entre pueblo y oligarquía.

La intención de laudar una LUC y su redacción se hizo a espaldas de algunos de los integrantes de la coalición que jugaron conscientemente  el papel de “cretino útil” a cambio de algunos cargos. Obviamente su existencia no formó parte de los supuestos compromisos electorales con el pueblo.

Y ahora ha llegado el momento de  sincerarse, algo difícil para este elenco gubernamental que hecho de su desencuentro con la verdad un modus operandi, y concretar, votando un rotundo SI por la derogación de estos nefastos artículos sabiendo que es poner freno a un febrero amargo y sus ocultas y traicioneras consecuencias.

Un desborde afirmativo en las urnas el 27 de marzo, por la democracia y la libertad será la justa respuesta que sabrá dar el pueblo-.