Cambia la correlación de fuerzas dentro del panorama político

Por Oscar A. Bottinelli

El jueves 8 de julio unas 800 mil personas adhirieron a un recurso de referendum contra la nave insignia del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), una norma de carácter ferrocarril u ómnibus que regula un conjunto de materias que van desde la seguridad pública al proceso penal, la educación, el ordenamiento territorial, la bancarización obligatoria o voluntaria, la adopción de niños, la huelga, etc... La cantidad de adhesiones equivale a la tercera parte del electorado real del país, es decir, de las personas habilitadas para votar residentes en el territorio nacional (cuyo universo es 2:400.000)

Es un hecho de enorme significación política, con múltiples efectos, todos ellos favorables a la oposición y a los movimientos sociales de izquierda, y desfavorables para el oficialismo y en particular para el elenco presidencial. Todo indica que el referendum se realizará con las mayores probabilidades en el mes de marzo, o en abril.

Lo más relevante es que una izquierda golpeada hace 20 meses por la merma de más de la quinta parte de su electorado y consecuentemente la pérdida del gobierno, ahora recupera la iniciativa y pasa a la ofensiva. El actual oficialismo, que tuvo la iniciativa en forma exclusiva, la pierde y queda a la defensiva. Dado que pese a que la estructura gubernativa del Uruguay es de tipo semiparlamentario, el gobierno viene funcionado como si fuere de tipo presidencial y con una fuerte impronta personal del presidente de la República, lo que permite catalogar al régimen en sentido sustantivo como hiperpresidencial. Y esa hiperpresidencialización hace que adquiera particular significación que el elenco presidencial quede a la defensiva.

Un segundo aspecto de singular importancia es que la votación referendaria se realizará probablemente en el mes de marzo o comienzos de abril y adquirirá las características de los actos electorales de medio periodo, como son las elecciones de renovación total o parcial de los congresos legislativos, o las elecciones de tipo subnacional (regional, provincial, departamental o local) o también determinada categoría de plebiscitos y referendos. Todos los actos electorales de medio periodo, más allá de los elementos sustantivos y jurídicos que contengan, deviene por la fuerza de los hechos en un plebiscito o evaluación sobre el gobierno. Y esto es válido para las elecciones intermedias de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, la renovación parcial de ambas cámaras en Argentina, las pasadas elecciones regionales y antes las municipales en Francia. O el referendo constitucional en Italia (diciembre 4 de 2016), materialmente limitada a la reducción del número de parlamentarios, que devino en un plebiscito sobre el gobierno, la derrota del mismo y la dimisión del presidente Matteo Renzi.

Es importante señalar que hasta la presentación de las adhesiones al referendum, la percepción dominante en el elenco presidencial era la de un Frente Amplio en ineluctable retroceso y de organizaciones sindicales con pérdida de representatividad y convocatoria. Esa percepción sufre un fuerte golpe.

En los países con sistemas políticos plurales y competitivos, situaciones de este tipo llevan a que el gobierno, o el oficialismo, adopten una postura de cautela en la agenda legislativa, porque ahora la amenaza de un referendo ya deja de ser una balandronada, para pasar a ser una amenaza real, concretable. En el plano parlamentario se equilibran las fuerzas, porque frente a la ventaja numérica de la mayoría en bancas, se alza un oponente en condiciones de apelar a la ciudadanía y poner un freno.

Además, en el plano estrictamente ejecutivo, también aparece la cautela, el medir cada paso a fin de no generar irritaciones innecesarias (todo gobierno debe tomar, en algún momento, medidas irritativas, pero hay instancias en que debe dejar esas medidas para momentos más oportunos). Ello es precisamente importante cuando se observa que en los días previos a la clausura de la recolección de adhesiones, la campaña obtuvo una gran motivación ante la actitud gubernativa de disponer dos aumentos consecutivos de combustibles en un lapso de 22 días. Hay que ver si esa prudencia y esa cautela observable en buena parte del mundo poliárquico, se da también aquí y ahora, en Uruguay y en este contexto.

Sin duda que de aquí al acto votacional la acción política, tanto en el oficialismo como en la oposición, caminará por dos carriles paralelos e interconectados: Uno es la argumentación en favor o en contra de la normativa impugnada, o la campaña en cuanto al voto en uno u otro sentido. El otro carril es el debate sobre los aspectos del día a día de los uruguayos.

Para ello es necesario tener en cuenta el humor de la sociedad. Desde hace más de un año se registra una buena aprobación del desempeño del presidente de la República, o de valoración o simpatía de la figura presidencial, aunque no es tan elevada la confianza en el presidente (que igualmente es positiva). De los seis temas más importantes para los ciudadanos, hay dos en los que el desempeño del presidente y del gobierno registra niveles positivos: el combate al Coronavirus y la seguridad pública. Hay un tercer tema que cuenta con valoración neutra o en algún momento levemente negativo, como lo es el empleo (los puestos de trabajo). En cambio son claramente negativas las valoraciones en cuanto a tres aspectos:

  1. ingreso económico de los hogares, entendido no solo como salarios, sino mucho más que salarios por los segmentos en que la caída es mayor, como quienes están acogidos a los seguros de desempleo o paro, y las personas que trabajan por cuenta propia, o realizan alguna actividad de micro, pequeña o mediana empresa;
  2. precios de la canasta familiar, especialmente de los alimentos cuyo incremento ha sido sensiblemente mayor al ingreso general de precios al consumo;
  3. pobreza, vista en particular como personas que viven en la calle o que se alimentan mediante asistencia colectiva (“ollas populares” y otro tipo de servicios)

Si los indicadores de la Pandemia se mantienen en niveles bajos (muertes, nuevos contagios, ingresos a unidades de cuidados intensivos) y las actividades caminan hacia una mayor normalidad, puede decirse que comienza efectivamente el periodo de gobierno. Este comienzo plantea dos elementos nuevos. El primero en cuanto a la imagen presidencial, que cuenta con una mayor fortaleza que cuando asumió, al cabo de 17 meses de cuidada comunicación de cultivo de su figura y de un accionar visto como exitoso en el aspecto sanitario del combate al Covid19. El otro elemento nuevo es que el nivel de problemas es mucho mayor a los existentes al 1° de marzo de 2020, por los efectos económicos de la Pandemia y de las medidas relacionadas con ella, como el cierre de espectáculos, la desaparición del turismo externo y la afectación del comercio y los servicios.

En los meses que van desde ahora hasta el acto electoral el desarrollo político será muy diferente al habido hasta ahora. Por un lado por el cambio de correlación de fuerzas y de estado de ánimo entre oficialismo y oposición. Por otro lado porque cambia el eje de la agenda, en que el coronavirus pasa a un segundo lugar, o a un lugar de menor impacto y menor temor, y queda en un primer plano lo que más preocupa a los uruguayos: seguridad pública, empleo, ingreso de los hogares, precios, pobreza. Y todo esto resultará muy importante a la hora del voto referendario. Y no será nada menor lo que haga y deje de hacer el gobierno en la materia.