Por Carlos Peláez

Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre la intendencia de Maldonado demostró un sinnúmero de irregularidades e ilegalidades en la gestión contable-administrativa del gobierno que lidera el  nacionalista Enrique Antía.

Según un informe que publicó La Diaria “ el TCR  aprobó por unanimidad el 14 de abril una resolución sobre la auditoría realizada a la rendición de cuentas de la Intendencia de Maldonado (IDM) por el ejercicio de 2019. El organismo de contralor constató múltiples incumplimientos legales en la gestión administrativa y contable, así como debilidades en el control interno”.

 

Edificio sede la intendencia de Maldonado

El informe señala que el ejecutivo departamental “no incluyó en su rendición de cuentas 2019 los pagos correspondientes a la Junta Departamental”. Concluye que lo que erróneamente se presentó como un superávit, “en realidad esa diferencia incrementa en un 201% el déficit correspondiente a ese ejercicio”.

Durante la última campaña electoral Antía y su equipo exhibieron como un éxito de su gestión haber logrado un superávit de unos dos millones de dólares en el año 2019. Pero ahora la auditoría del TCR lo desmiente rotundamente.

Es más grave aún porque después de 5 años de  gobierno blanco entre los años 2015-2020 la intendencia de Maldonado acumuló un déficit superior a los 100 millones de dólares. En un informe anterior el TCR había señalado que Maldonado “debía un peso de cada dos que recaudaba”.

A pesar que se negó insistentemente, el gobierno departamental estuvo al borde del cese de pagos. La situación se resolvió en febrero pasado cuando el día que asumió la nueva Junta Departamental – en la que Antía cuenta con mayoría absoluta de 21 ediles – se aprobó la creación de un fideicomiso a 15 años por un total de 95 millones de dólares.

Es decir, endeudaron por lo menos a tres períodos de gobierno.

Pero la auditoría del TCR revela otros hechos graves violatorios de la ley. Menciona que “en 2019 la intendencia utilizó porcentajes superiores a los que establece el Poder Legislativo sobre el porcentaje aplicable a multas de contribución inmobiliaria rural. Sobre este asunto la intendencia alegó que lo hizo bajo el amparo del decreto departamental 3.712 de 1997, aunque el artículo 297 de la Constitución establece que la competencia para fijar los montos depende del Poder Legislativo y el decreto citado no se aplica debido al principio de competencia del derecho. Además de la Constitución, el hecho implica una contravención al artículo 94 del Código Tributario, a los artículos 236 a 241 de la Ley 13.637 y al artículo 470 de la Ley 17.930”..

El documento agrega que “hubo faltas al artículo 10 de la Ley de Inclusión Financiera debido al pago de remuneraciones a funcionarios municipales sin la mediación de instituciones financieras o instrumentos de dinero electrónico. También se ejecutaron asignaciones presupuestales que difieren con las disposiciones aprobadas en la modificación presupuestal. Al respecto, la IDM atribuyó el error al sistema contable SIFI”.

El informe publicado por La Diaria dice que “el TCR también observó debilidades en el control interno de la contabilidad de la intendencia, ya que no se presentaron los estados contables de acuerdo a lo establecido por el artículo 94 del TOCAF y la ordenanza 89 del TC. Al final del ejercicio de 2019 no se incluyeron las cobranzas con tarjeta de crédito en los arqueos. La IDM argumentó que estas cobranzas no son registradas de forma automática en su sistema.

La IDM no posee manuales de procedimientos redactados en el área de tesorería y no tiene como práctica habitual realizar ajustes contables sobre las conciliaciones bancarias al cierre del ejercicio”, señala el documento.

Al haber obtenido la mayoría absoluta de 21 ediles en la última elección departamental, Antía puede hacer lo que se le ocurra porque no necesita votos de otros partidos para ninguno de sus actos. .

Es decir, la Intendencia más rica del país se administra como un kiosco atendido por su propio dueño.