Por Jorge Ramada

El audio del diputado colorado Estévez fue muy claro: cuando hay que meter el lomo para la empresa del patrón, no hay síntoma que valga.

Enseguida vinieron las reacciones: empezando por él que aclaró que se expresó mal y que cuando dijo “positivos”, quiso decir “negativos” –lo que hace suponer que es muy probable que a menudo tenga problemas con la batería de su auto o con sus aparatos a pila–; siguiendo por los diputados frenteamplistas que exigen que se lo expulse de la cámara “por indigno” y que su caso pase al Poder Judicial; y continuando con sus correligionarios que “van a pedirle aclaraciones”.

 

Un trabajador en la recolección de la naranja

De paso, los diputados frenteamplistas descubrieron que hace más de un año había votado un proyecto de ley que transfirió dinero al fondo citrícola, lo cual lo favorecería como empresario. Da la impresión que hace un año no se dieron cuenta, lo que no habla bien de su preocupación por conocer los intereses concretos de quienes los acompañan en las cámaras.

Es probable que por más planteos parlamentarios o judiciales que se hagan, al diputado no le pase nada. La inmunidad que le da el cargo más el “blindaje” que le dará su partido y probablemente sus socios de coalición, serán suficientes para que siga tan campante: como diputado y como explotador.

Pero más allá de las consecuencias, quisiera detenerme en lo que implica el hecho: para los patrones, a la hora de generar plusvalía, la salud pasa a segundo plano. ¡Vaya novedad! dirán probablemente muchos de los lectores de esta página, pero es bueno marcarlo cada vez que un hecho concreto lo trae al tapete, porque es algo sistemáticamente ocultado por los “generadores de opinión” y que además se vio agravado con motivo de la pandemia.

En todo este período nos hemos enterado de situaciones similares en varios lugares de trabajo: se subestiman los síntomas que pueda tener un trabajador, para que siga trabajando, o no se respetan cuarentenas, o no se esperan resultados de hisopados. Todo esto sumado a que si el trabajador falta por precaución, pierde los jornales. Especialmente graves han sido estas situaciones entre los trabajadores de la salud, sobrecargados de trabajo  y mucho más expuestos al contagio.

Se han establecido protocolos de prevención en varias ramas de actividad, pero en muchos casos no se toman en cuenta o los trabajadores son presionados para no cumplirlos, especialmente en empresas pequeñas o donde no hay un sindicato fuerte. Todo esto contribuye a incrementar los contagios, pero después la propaganda oficial  resalta que la mayoría de los contagios son “intrafamiliares”, sin preocuparse por cómo llega el contagio a cada familia.

No es nuevo que los trabajadores sean obligados a trabajar en desmedro de su salud y a veces provocando el agravamiento de una enfermedad. La propia legislación que no cubre los 3 primeros días de una enfermedad o accidente laboral y luego paga solo un porcentaje del salario, contribuye para ello. Por si fuera poco, el gobierno quiere extenderlo a los trabajadores públicos, con la vieja excusa de que “fingen enfermedades”. Es más, son innumerables los casos de “rechazos” por parte del BSE a cubrir afecciones notoriamente generadas por el trabajo, con lo que el trabajador debe pasar al subsidio por enfermedad, cobrando un porcentaje menor. Lo único nuevo es la situación de pandemia y, pese a que está colocado ante la opinión pública como el gran problema que tiene el país, a la hora de defender sus intereses, muchos empresarios parecen olvidarse que existe.

Volviendo al tema de las naranjas, no está demás recordar que este sector ha tenido como principales operadores a empresarios con buenos vínculos políticos: Solari, Caputto, Guarino, ahora Estévez. Para la historia de las condiciones laborales en los naranjales, el hecho actual puede quedar como de menor importancia; ya en 1998 desde la UITA ( Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación) se denunciaban varias perlas de un largo collar.

En febrero de ese año los trabajadores que se encontraban en las quintas de la familia Caputto fueron fumigados, desde una avioneta, con el producto Malatión, un potente agrotóxico órgano-fosforado. Los trabajadores eran llevados a las quintas en remolques casi sin ventilación que habían sido previamente fumigados, algunos de los cuales solo se abrían por fuera. En los descansos disponían de agua para beber en bidones plásticos que antes habían contenido agrotóxicos. Los trabajadores –y trabajadoras– iban a cargar naranjas con la "camisa naranjera", prenda que se calza en los hombros, se ajusta en la cintura y carga entre 50 y 70 quilos de fruta. Con ellas subían precarias escaleras a desprender naranjas de los árboles.

El sector de trabajadores rurales ha sido históricamente uno de los que genera mayor cantidad de accidentes y enfermedades a consecuencia del trabajo, a pesar de que no trascienden tanto como los de otros sectores, porque la prensa no los trata como accidentes laborales o simplemente, sobre todo en el caso de las enfermedades, no las informa.

Han pasado más de 20 años y muchas situaciones como las denunciadas entonces por la UITA se siguen repitiendo. Si bien se ha instalado una Comisión Tripartita en temas de salud y seguridad laboral para el sector rural, los representantes de las patronales son reacios a lograr acuerdos o simplemente no participan. Sigue demorándose, por ejemplo, la aprobación de un protocolo para trabajos en condiciones climáticas adversas –pero siguen muriendo trabajadores rurales alcanzados por rayos o llevados por correntadas–. Siguen utilizándose agrotóxicos indiscriminadamente –en el arroz, en los viñedos, en los frutales, etc.– y se siguen intoxicando trabajadores. El actual coronavirus es un nuevo agresor para la salud de la población, pero para los trabajadores en general –y muy especialmente para los rurales– el virus más dañino sigue siendo el afán de ganancias de ciertos patrones.