Escribe: Margarita Percovich, ex legisladora, feminista, militante social
En un interesante artículo del Dr.Pablo Galain, especialista en criminología del Max Plank y publicado por la diaria, señala algunas características de la sociedad uruguaya que merecen analizarse desde distintas perspectivas.
- Diferencias entre “sociedades con miedo”.
Galain diferencia la sensación subjetiva de miedo de los europeos provocada por los actos terroristas que pueden ser inesperados y que aumenta las desconfianzas hacia otras culturas inmigrantes, de la sensación generalizada uruguaya que podemos ser agredidos en nuestras propiedades personales y sufrir en ese intento lesiones o perder la vida.
Sin embargo no analiza cuánta de esa sensación de miedo es provocada por la reiterada y machacona repetición, reiteración, abrumadora forma de insistir y llenar el contenido de los espacios informativos, la morbosidad de sus formatos descriptivos y la falta de ética en el manejo de los datos personales privados en la mayoría de nuestros medios de comunicación. De hecho, si el INAU no le hubiera ganado un juicio a uno de esos intocables medios por el uso abusivo de la imagen y datos de niños/as, hoy no serían un poco más cuidadosos.
A esto se agrega que los partidos de derecha que se afirman en el Uruguay en la ola conservadora que recorre el mundo y América Latina, siempre, pero más que nunca ahora, insisten que éste es el primer problema uruguayo en un vicioso pero efectivo círculo con la mayoría de los medios de comunicación.
- La permanente respuesta hacia los problemas del delito con inflación penal
Además de describir enumerando las sucesivas formas de aumento de la penalización del delito que la legislación uruguaya ha sufrido, Galain describe esa terrible e irrefrenable secuencia de: reclamo de seguridad, reclamo de aumento de penas, débil resistencia de los actores políticos, sociales y jurídicos progresistas y la inevitable conclusión de la aceptación de consolidar los métodos represivos como solución. Y esto se hace incumpliendo compromisos internacionales ratificados por la actual Administración.
Y es verdad que cualquier avance, como haber logrado después de tantas décadas de discusión, modificar y actualizar nuestro CPP, encuentra en lo que Galain llama “el paternalismo estatal que no confía que los individuos puedan disponer de sus conflictos”, el retroceso de ese salto que se adecua a los avances que en derechos el Uruguay ha logrado.
La posibilidad de buscar alternativas a la prisión usada como medida cautelar ha sido muy resistida y poco planificada por el “paternalismo estatal” y el miedo a ensayar con mirada estratégica la justicia restaurativa, sigue presente en los actores policiales y en muchos de los jurídicos.
- La responsabilidad estratégica de los tres poderes del Estado.
Como señala Galain al comienzo de su artículo, es verdad que Uruguay se ha latinoamericanizado con las bandas de narcotráfico que se fueron instalando ante la ausencia del Estado al final de la dictadura y que no encontraron resistencias en las débiles instituciones de la recién recuperada democracia en 1985 donde todo estaba por hacer.
Cuando las mujeres organizadas en 1984 reclamábamos a nuestros dirigentes políticos la necesidad de atender a las mujeres socioeconómicamente más vulnerables porque no podían resistir la violencia de la que eran objeto, tanto en su casa como de los grupos narcos, y su imposibilidad de sustraer a sus hijos/as de las redes de distribución y trata, sentíamos la lejanía y la incomprensión a nuestros argumentos. Hay quienes tenemos archivos de los reclamos a las autoridades o a los partidos políticos del momento. Pero no. Éramos unas feministas desubicadas. Los problemas se solucionaban con mejor distribución de la riqueza o con mayor represión.
Las consecuencias de la reproducción cultural de formas de sobrevivencia violentas, tardaron demasiado en ser reconocidas por los actores del Estado aunque algunas primeras acciones se comenzaran a tomar.
Hoy, treinta y cuatro años después, la propuesta de Galain de que “todos los operadores del Estado tienen la responsabilidad compartida a la hora de custodiar derechos ciudadanos y de prevenir delitos” y que “estas funciones no son compartimentadas ni tienen un único responsable sino que tienen que ser ejecutadas como un todo ensamblado”, está mucho más claro para muchos de los operadores dentro del propio Estado. Especialmente en el Poder Ejecutivo y algunos de sus responsables de políticas universales.
No es fácil encarar una política criminal eficiente que proporcione la información necesaria para atacar los problemas y a la vez desburocratizar, cooperar evitando chacras, pequeños poderes, transparentar sin miedo los datos de las distintas reparticiones, etc. Y sobre todo el gran desafío: si existe voluntad política de actuar coordinadamente en este ensamblaje de acciones, esto se debe transparentar en ese fragmentado formato de nuestro presupuesto que hace tan difícil transversalizar una política en todo el Estado y poder monitorear su cumplimiento presupuestal.
Realmente espero por nuestro país, que la frase del Dr.Galain no se cumpla: “que el remedio que se nos ofrece hoy para calmar el miedo tenga efectos segundarios y nos traerá peores dolores de cabeza mañana cuando sea tarde para reencauzar el curso de las cosas”.*