Asumamos la verdad: que nos digan dónde están

 

Escribe: Walter Caimí -  PACTUM

Hipocresía política es mi primera reflexión luego de la vigésima cuarta “Marcha del Silencio”. Impunidad de ayer y de hoy. Desde 1996, cada 20 de Mayo, se lleva a cabo esta marcha que enmudece al país y deja un manto de silencio sin respuestas claras por parte del Estado.

La fecha recuerda los asesinatos del senador del Frente Amplio Zelmar MIchelini, del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz y de Rosario Barredo y William Whitelaw, hecho acontecido en Buenos Aires en 1976; sumado a la desaparición de Manuel Liberoff. ¿Qué hubiese sucedido de no  trascender la noticia de fecha 30 de marzo de 2019 que escribiera Haberkom?  ¿Quién tiene la respuesta a esta pregunta? Este fue el detonante periodístico referido a las actuaciones del Tribunal de Honor.

 

El gran problema de fondo es que las Fuerza Armadas no asumen la responsabilidad institucional de los hechos ocurridos en ese pasado. Los tres partidos políticos que han alternado desde 1985 en el ejercicio del gobierno, no han querido ni han sabido cómo, ejercer el mando con los militares. A las pruebas me remito:  tras el cese de los diferentes episodios de los últimos meses, la “Marcha del Silencio” es un NO rotundo a las políticas de olvido.

Vale la pena leer y poner en conocimiento del lector el Artículo 77 del Reglamento que regula la actuación de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”. Dicho esto, cabe preguntarse si, de no haber existido la publicación periodística del 30 de marzo, el mismo habría  sido archivado; no lo sé. Pero sí sé  que la pregunta cabe. ¿El presidente Vázquez habría homologado un fallo sin presentar denuncia penal?  A partir de estos sucesos castrenses, viene la otra etapa quedando en evidencia el partido de gobierno, léase:  “el presidente de la república”, que formula la denuncia penal y destituye al Comandante en Jefe y al ministro de Defensa. Nunca sabremos (al menos por ahora) quién dice la verdad; exento de toda responsabilidad fue la actitud política asumida por el ministro de Defensa que informó debidamente.

Los Derechos Humanos trascienden a los partidos, a las instituciones, a los hombres de hoy. Vivimos en una amenaza permanente. Las nuevas generaciones que deben ser libres y vivir en democracia, no generan sueños de libertad pues los actuales articuladores de la política no priorizan al Estado como tal. Es muy difícil investigar si no hay voluntad política.

 

Concomitantemente a estos hechos, la Cámara de Senadores, no aprobó las venias que solicitaba el Poder Ejecutivo para proceder al “pase a retiro” obligatorio, de los generales del Ejército Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry, todos ellos miembros del Tribunal de Honor que tomó declaraciones a José Gavazzo y compañía. En lo personal no me sorprendió. Hay que tomar en cuenta que ningún partido con representación parlamentaria, tuvo la actitud política de esclarecer el pasado. Actitud política de Estado. No de voluntarismo político que no es lo mismo. Humillación, vergüenza y más impunidad, está vigente. Razonablemente puedo entender a Madres y Familiares en denunciar a los senadores que no votaron el pase a retiro. Manini Ríos, hábilmente, usó su cargo para hacer campaña política; el Poder Ejecutivo lo dejó pastorear. Qué garantías existen de que usando uniforme este precandidato presidencial no se reunió con distintos frentes militares y civiles para armar la agrupación política que tiene hoy día. El Poder Ejecutivo, debió ser el primer interesado en el tema y nada hizo. José Mujica, gran maestro de ceremonias demagógicas, que con eso le bastó para que desde el exterior le tildaran de “viejito simpático”, NO moviese un dedo a la interna de las Fuerzas Armadas para esclarecer el pasado. El pacto de silencio está en juego. Madres y Familiares tampoco comparten la falta de transparencia que ha tenido este proceso por parte de los implicados, incluida la presidencia de la república.

“El Observatorio Luz Ibarburu” dijo que en nuestro país han existido 14 sentencias, lo que arroja un 5% menos del total de las causas. El 95% restante todavía no se ha resuelto. Esto después de casi 50 años es realmente muy preocupante”. Estas afirmaciones pertenecen a Francesca Lessa investigadora de derechos humanos  del Plan Cóndor, en declaraciones a radio Uruguay 1050 AM.

La otra lectura sociológica, es que ningún partido en su programa de gobierno aborda con seriedad tal cosa. No solo eso: hay candidatos que desean dar vuelta la página sin más. Para garantizar un Estado que genere garantías hay que reformular al Estado en su concepción política y preguntarnos, ¿qué fuerzas armadas queremos los uruguayos? Los Derechos Humanos no son propiedad de nadie. Nosotros como ciudadanos, debemos exigir a los legisladores preservar la democracia con políticas sostenibles y que la Constitución no sea un mero librito que usamos de vez en cuando. Es hora de hacer cambios en la Carta Magna.

El general Claudio Feola dijo que hubo “Desvíos y excesos del pasado” tras su discurso en el acto del Día del Ejército y conmemoración de la Batalla de las Piedras. Una vez más, un miembro del ejército dice una verdad a medias y cuando ello ocurre se está mintiendo. Aludió a los tupamaros e ignoró al resto de los mortales que nada tuvieron que ver con la guerrilla, caso Vladimir Roslik por citar un ejemplo. La hipocresía está servida. No debemos esperar meses como afirmó el senador Rafael Michelini para la verdad; es ahora, es hoy. Tiempo más que suficiente han tenido para desechar información y tergiversar la verdad. Quiero creer Feola, pero no puedo. No queda otro camino que perseverar para que la institución militar como tal asuma el pasado. No proponemos pasar factura, sino trasformar los valores que hoy  rigen en los mandos superiores que están teñidos del pasado. No solo los familiares de los desaparecidos tienen derecho a saber, sino que todos los que habitamos este país, también queremos saber la verdad. Sin resentimiento. Una verdad a medias es más peligrosa que la verdad en sí misma.