Víctor L. Bacchetta
La búsqueda de hidrocarburos lleva décadas en el país y, aunque nunca hubo un hallazgo significativo, sigue incambiada hasta el presente, pero hoy en día se enfrenta al interés público y la normativa de protección del ambiente. Por esta razón, importantes sectores de la sociedad, sobre todo las poblaciones costeras, se están movilizando para detener estas actividades, pero chocan con la indiferencia de las autoridades del gobierno y la prescindencia del Poder Judicial.
Antecedentes
El Decreto Ley N°14.181, promulgado en 1974 por la dictadura, estableció que los depósitos de hidrocarburos solo pueden ser explorados y explotados por el Estado uruguayo. En 1976, la petrolera estadounidense Chevron realizó para ANCAP dos perforaciones submarinas. Los pozos Lobo y Gaviotín se consideraron “secos”, pero se utilizaron en varios estudios posteriores para identificar el potencial petrolero de las cuencas sedimentarias marinas.
La Ley N°17.756, aprobada en 2004 en el gobierno de Jorge Batlle, transformó a ANCAP, de único operador en ese rubro, a promotor de la inversión privada, habilitando asociaciones y contratos de riesgo compartido. Ronda Uruguay es el nombre de las licitaciones organizadas por ANCAP para establecer contratos con empresas interesadas en la exploración y explotación de reservas de hidrocarburos en bloques o áreas delimitadas del mar territorial uruguayo.
El descubrimiento de importantes reservas en la Cuenca de Santos (yacimiento presal de Brasil) a fines de 2000 generaron gran interés en esta margen del Océano Atlántico, colocando a Uruguay como frontera exploratoria atractiva. En ese marco, el departamento de Exploración y Desarrollo (E&D) de ANCAP se dedicó a promocionar las posibilidades de hallar yacimientos de valor en la plataforma continental uruguaya con el fin de atraer a las petroleras.
ANCAP realizó tres Rondas Uruguay, en 2009, 2011 y 2019. En la primera ronda se adjudicaron tres bloques a las firmas BG Group-YPF, ONGC Videsh y BP-BG Group. Se lo consideró un hito histórico por ser los primeros contratos firmados con empresas de nivel mundial. En la segunda se adjudicaron ocho bloques a las firmas BP, BG Group, Total y Tullow Oil. Paralelamente, en 2012 ANCAP firmó contratos con Schuepbach y Petrel Energy en tierra firme.
Schuepbach y Petrel realizaron en la Cuenca Norte prospección sísmica y dos perforaciones, en Paysandú (Piedra Sola) y Salto, buscando hidrocarburos convencionales y no-convencionales, los segundos solo extraíbles por medio del ‘fracking’. Las petroleras divulgaron cifras especulativas sobre posibles hallazgos de petróleo, de los que ANCAP y el gobierno se hicieron eco, que se evidenciaron como infundadas al no ser confirmados por los hechos.
Como parte de los compromisos de la segunda Ronda Uruguay, un consorcio encabezado por la francesa Total realizó en 2016 una perforación a una profundidad de 3.400 metros. Aunque el pozo Raya-1 fue calificado como "seco", por no poseer una concentración suficiente para hacer rentable su explotación, según ANCAP generó una invaluable información geológica.
En la ronda de 2019 no hubo interesados, pero ANCAP la redefinió como Ronda Uruguay Abierta para que las empresas se presentaran libremente. A su vez, el Ministerio de Industria, Energía y Minería declaró “promovidas” las exploraciones petroleras, en el marco de la Ley de Inversiones, y concedió a las empresas un crédito por el IVA en las compras. Así, entre 2022 y 2023, se firmaron contratos que, por primera vez, cubrieron todos los bloques ofrecidos en el mar.
Dualidad política oficial
En 2024 y 2025, las petroleras de la última Ronda Uruguay presentaron al Ministerio de Ambiente proyectos de prospección sísmica submarina en sus áreas respectivas. Desde 2017, se estableció que estas actividades requieren evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, el Ministerio de Ambiente tiene la última palabra y, si las llegara a rechazar, las empresas no podrían alegar incumplimiento, porque ese requisito se encuentra en los contratos firmados.
La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) asignó a las prospecciones la Categoría C, que corresponde a actividades “cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos”. En la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública consiguientes, tanto desde la academia como la ciudadanía, se manifestó una fuerte oposición a las prospecciones sísmicas, pero en el ministerio pasaron a minimizar el alcance de su decisión.
En una reunión previa a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que tendría lugar en Brasil, en noviembre de 2025, las autoridades del Ministerio de Ambiente expresaron que “el país tiene larga trayectoria en el cumplimiento de acuerdos, en este sentido en principio se prevé se respeten los contratos de exploración firmados y por tanto se continúe con las actividades” (sic).
Pocos días después, el ministro Edgardo Ortuño dio su aprobación y la defendió diciendo que se exigían mayores restricciones y que se trataba de conocer si tenemos o no hidrocarburos. “De comprobarse -agregó-, habrá una etapa de diálogo nacional para saber si se explota o no esa riqueza". Esto es falso, si hay un yacimiento, el contrato prevé que esa decisión la tomará el Comité de Administración integrado en partes iguales por ANCAP y la petrolera.
Desde hace 50 años, las exploraciones petroleras en Uruguay, en tierra firme y en el mar, no dan resultados positivos. No obstante, ANCAP y, en especial, los técnicos del departamento de E&D, participan en eventos internacionales, elaboran presentaciones e informes que generan nuevas expectativas. Ante los sucesivos fracasos, adjudican un gran valor para el país haber atraído inversiones multimillonarias y mejorar el conocimiento geofísico de la zona.
Hasta hoy, existe una idea muy arraigada en los técnicos oficiales y en los gobiernos sobre lo beneficioso de la búsqueda de hidrocarburos y lo que sería para el país contar con ese recurso. Más allá del cuestionamiento de esta posición, siguiendo también una tendencia internacional, Uruguay adoptó en las últimas décadas una serie de principios, normas y una institucionalidad para la protección ambiental, que entra en contradicción con esas actividades.
Además del Artículo 47 de la Constitución, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N°16.466 de 1994 y la Ley General de Protección del Ambiente Nº17.283 de 2000, se agregó en 2013 la Ley N°19.128 que declaró a las aguas territoriales y la zona económica exclusiva como Santuario de Ballenas y Delfines y el proyecto de Áreas Marinas Protegidas Oceánicas incluido en la hoja de ruta estratégica denominada Uruguay Azul 2030, presentada en 2022.
Prospecciones sísmicas
Un barco de investigación sismográfica tiene 100 metros de eslora y 24 m de manga, porta seis cañones de aire comprimido y requiere el uso prioritario del océano en su área de trabajo. Esto implica unos seis kilómetros a cada lado, lo mismo a proa, y unos 15 kilómetros a popa, para proteger los cables con los sensores que recogen las ondas sonoras rebotadas del subsuelo marino. Es una superficie móvil de unas 260 hectáreas que se desplaza lentamente.
Los cañones realizan disparos de muy alta energía para generar ondas capaces de penetrar kilómetros por debajo del lecho marino con el fin de cartografiar las formaciones geológicas e identificar sitios con eventual presencia de hidrocarburos.
Los cañones emiten detonaciones de entre 250 y 300 decibeles cada 6 a 20 segundos las 24 horas del día. El umbral de dolor para la vida marina comienza a los 120 decibeles y el de muerte a los 180. Para los seres humanos, el sonido se torna dañino a los 75 decibeles y doloroso cerca de los 120. Superando los 180 decibeles, se entra en el umbral de muerte.
El estudio de una década de prospecciones en las placas tectónicas de sur a norte del Océano Atlántico reveló que los cañones de aire comprimido son el ruido dominante en el océano, pudiendo oírse a una distancia de hasta 4.000 kilómetros de su origen. Según la investigadora Lindy Weilgart, de la Universidad de Dalhousie, las prospecciones sísmicas son la segunda mayor fuente de energía sonora en el océano, después de las explosiones por ensayos militares.
El sonido viaja muy rápido por el agua y los disparos pueden escucharse a miles de kilómetros bajo el océano. Los animales marinos perciben su entorno a través del oído y dependen del sonido para prácticamente todas sus funciones vitales. Las detonaciones provocan el alejamiento de hábitats importantes, la reducción de la alimentación y la reproducción y la disminución de la capacidad para evitar peligros, incluidos los depredadores.
El enmascaramiento acústico genera menores tasas de crecimiento de los peces, peor condición física, daño a órganos o nervios, desorientación, cambios en la migración de las especies, daño auditivo, estrés y muerte, con la consiguiente reducción de las capturas pesqueras. También son afectados por el ruido los servicios ecológicos prestados por los invertebrados, como la filtración del agua y la disponibilidad de nutrientes del lecho marino.
Cuestionamiento social
La oposición social a las prospecciones sísmicas comenzó a manifestarse fuertemente en 2025, al conocerse los proyectos de las empresas firmantes de los nuevos contratos. El 19 de noviembre, antes de la decisión del Ministerio de Ambiente, las organizaciones Mar Libre de Petroleras y Socobioma (Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado) solicitaron en la Justicia Civil una medida cautelar de “no innovar” o suspender las actividades.
Entre los fundamentos de la acción judicial, las organizaciones hacían referencia a los hallazgos de la expedición Uruguay SUB200, realizada entre agosto y setiembre de 2025, por medio de la cual, expresaban, se “confirmó que el fondo del mar uruguayo constituye un patrimonio ambiental de valor incalculable, cuya conservación representa un deber intergeneracional y una obligación constitucional para el Estado conforme al artículo 47 de la Constitución”.
Cuatro días después de la autorización de las prospecciones por el ministro Ortuño, el 9 de diciembre, la Red Unión de la Costa (RUC), que reúne a más de un centenar de organizaciones en defensa del ambiente de pobladores de los departamentos costeros, desde Colonia hasta Rocha, manifestó su “rechazo categórico” a la decisión, “precisamente, dentro de la misma zona que el Ministerio de Ambiente había declarado como prioritarias para su conservación” (sic).
El 16 de diciembre, dos organizaciones integrantes del colectivo Amigos del Océano presentaron sendos recursos de suspensión y anulación de la autorización de las prospecciones sísmicas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Los recursos sostenían que las autorizaciones habían sido concedidas “de forma ilegítima”, con manifiesta “desviación de los poderes públicos conferidos al Ministerio de Ambiente para la protección ambiental” (sic).
El 11 de febrero de 2026, la Institución nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó a la Justicia Civil una acción de amparo con la demanda de suspensión de las prospecciones sísmicas para evitar sus efectos nocivos e irreversibles sobre el ecosistema marino, la vida y los derechos fundamentales de las personas, resaltando el impacto acústico extremo de esa actividad para los seres vivos en el mar y la demostrada afectación sobre la industria pesquera.
Sin entrar en el tema de fondo, por alegatos formales, la Justicia Civil se eximió de considerar ambas demandas. Se apelaron las decisiones, pero aún si se hubiera reabierto la causa, las acciones habrían perdido sentido porque las prospecciones comenzaron en los primeros días de marzo. Lo mismo sucedió con los recursos de Amigos del Océano pues, a pesar del tratamiento urgente propio de una solicitud de suspensión, a fines de febrero no tenían respuesta.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), la Cámara de Industrias Pesqueras y la de Armadores Pesqueros solicitaron también la suspensión de las prospecciones sísmicas en el mar. El sindicato denunció que estas actividades coinciden con el pico de la zafra pesquera y que no aportan ninguna fuente de trabajo para los uruguayos. Las cámaras, a su vez, las consideran una vulneración grave de la “soberanía productiva del país”.
El negocio petrolero
Según la autorización, no se generarán impactos ambientales negativos irreversibles. Cuatro observadores deberán visualizar en un radio de un kilómetro la presencia de cetáceos, tortugas o mamíferos, y dos operadores con audífono detectarán sonidos de fauna submarina en la noche, si hay neblina o mar agitado, en cuyo caso deberían detener momentáneamente los disparos. El rol de los observadores en tales condiciones es totalmente superfluo.
Las medidas preventivas son un pretexto para justificar las actividades petroleras, cuyos impactos negativos se conocen perfectamente, pero son minimizados por un imperativo político. A pesar de proclamar la transición energética, el modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles y alimentado por las petroleras sigue vigente. Las autoridades uruguayas no se plantean ningún cuestionamiento al respecto, son simples ejecutores en ese proceso.
¿Por qué las empresas tienen interés en Uruguay? En primer lugar, porque los gobiernos crearon las condiciones para que vengan. La Ronda Uruguay fue diseñada por los técnicos de ANCAP con esa finalidad, generando expectativas y ofreciendo incentivos económicos. Aunque hasta hoy no se ha probado una presencia significativa de hidrocarburos en tierra firme o el subsuelo marino, siguen alentando esa posibilidad y los sueños de bienestar que le atribuyen.
Justifican las expectativas por los hallazgos de Brasil y la similitud de las cuencas submarinas de Uruguay y de Namibia al haber estado unidas antes de la separación de los dos continentes. En Namibia, los anuncios de descubrimientos promisorios de hidrocarburos en 2022 generaron un aluvión de inversiones. En 50 años de exploración llevan realizadas 43 perforaciones submarinas, pero hasta hoy no pusieron en el mercado un solo barril de petróleo.
A partir de la experiencia y estudios científicos, existen fundadas razones para sostener que la exploración de hidrocarburos en Uruguay no tendrá resultados positivos, pero esto no afecta el negocio de las petroleras. El mercado petrolero es dominado por grandes empresas que actúan simultáneamente en varios países, tienen calculado el porcentaje de aciertos y fracasos de sus operaciones y participan activamente en la especulación financiera internacional.
Tuvimos un ejemplo de esto último aquí en 2017, cuando Schuepbach dijo que había encontrado petróleo en Cerro Padilla, departamento de Paysandú. El expresidente Tabaré Vázquez convocó a sus antecesores para compartir el “hecho histórico”. Solo el expresidente Jorge Batlle se animó a decir: “¡Ojalá no haya petróleo!”. Fue un fiasco, pero la petrolera ganó millones de dólares en esos días por el aumento de sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia.
Con su poder económico y político, las petroleras nunca pierden, pues los países que las acogen son los que pagan después el costo de los pasivos ambientales y sociales que generan.
La movilización social contra las prospecciones petroleras, que se expresó en el verano a través de cadenas humanas sin precedentes a lo largo de toda la costa, no se detuvo a pesar de las decisiones oficiales y la prescindencia del Poder Judicial. Entrado marzo, nuevas manifestaciones multitudinarias en el puerto de Punta del Este y, en la capital, frente a la Presidencia de la República, continuaron reclamando el cese de las actividades petroleras.