Eduardo Aparicio
El gobierno entrante realizó dos anuncios importantes que atañen a la Seguridad Social: 1) la instauración de una Intersectorial al amparo de las disposiciones constitucionales, para encauzar el anunciado y pregonado Diálogo Social, sobre previsión y seguridad social; 2) la propuesta de designación de directores Políticos en el BPS.
Se trata de asuntos conectados, que integran una misma dimensión.
El Diálogo será capitaneado por el director de OPP, el ex Rector de Udelar Rodrigo Arim. A lo largo de la campaña electoral su convocatoria fue el leitmotiv del frenteamplismo, en esta iniciativa confluían distintos aspectos, a saber: era un elemento aglutinante ya que tanto detractores como defensores del plebiscito en el seno del frenteamplismo coincidían en el reconocimiento y aceptación de su pertinencia, habiéndose acordado dentro del despliegue proselitista, algunas de sus características generales.
Parte de los detractores progresistas de la iniciativa de Enmienda Constitucional consideraron al Diálogo Social como una forma para canalizar las expectativas emanadas de la importante movilización plebiscitarla; también la vieron como un mecanismo de contención/recuperación, promoviendo que los contenidos de la papeleta podrían lograrse si se efectivizaba el triunfo electoral que permitiese reconquistar el gobierno. Para ellos el objetivo principal y único era ganar en octubre.
Para parte de los promotores del SI eran claros los límites del Diálogo, sabiendo que la conciliación de visiones contrapuestas nacidas de la confrontación de intereses, surcada por la lucha de clases, es irrealista y muchas veces (como sobradamente lo prueba la historia) conduce al empantamiento de la misma con mera y vacua conciliación, que siempre conlleva claudicaciones. Sin por eso conceder que el Diálogo era un simple mecanismo de “engaña pichanga”.
Es verdad que el Diálogo todavía no comenzó y nosotros no estamos sosteniendo que no haya que transitar por ese sendero. Simplemente alertamos sobre los peligros de la recuperación y la desnaturalización de reclamos en las visiones existentes, mayoritariamente en el movimiento popular. En especial porque se renuevan frente a estos hechos.
Al momento de escribir esta nota, todavía no ha quedado totalmente dibujada la estrategia y los pasos tácticos que en el diálogo social llevarán los defensores del SI. Tampoco se sabe quiénes y cómo asumirán los liderazgos y vocerías que de él resultarán. No son indiferentes los protagonismos de las personas, sus estilos y opciones que sin duda, gravitarán mucho en curso del proceso.
Innegable es que el resultado electoral de octubre no clausuró la batalla por los tres puntos que estructuraban la papeleta.
El resultado de octubre fue claro, la Enmienda Constitucional no triunfó, pero alcanzó el 40.6 de apoyo entre el cuerpo electoral, lo cual es un claro reflejo de una correlación de fuerzas, que habla de las ideas, los fundamentos, los valores que estaban en disputa, que constituían el cerno del SI, máxime cuando ese porcentaje exhibe una transversalidad en el abanico de las pertenencias y opciones de los votantes.
El FA a lo largo de la campaña por el plebiscito mostró profundas diferencias, (que ya hemos señalado, y caracterizado, en pasados artículos) pero existió un mensaje unitario, en cuanto a la oposición a la Ley 20130 y el compromiso asumido, la búsqueda de cambios y modificaciones, un auténtico Diálogo en la situación vigente, partiendo después de su victoria electoral, sustancialmente distinto al de la CESS, nacida de LA LUC.
Por su parte, el Congreso del FA, como nos tiene acostumbrados, procuró llegar a formulaciones que de alguna forma contemplaran a tirios y troyanos, particularmente en lo que tiene que ver con las AFAP. Ahora también se puso en evidencia que el frenteamplismo de a pie desoyó las indicaciones de sus dirigentes y puso la papeleta junto con la lista del FA, en un proceso de desobediencia de importantes y prolongadas consecuencias.
Luego de la derrota del 2019 y a lo largo del periodo de autocrítica y escucha, se confirmó la importancia del divorcio y alejamiento del FA de los movimientos sociales y de la necesidad de buscar caminos de acercamiento y reconciliación.
Ya el plebiscito no fue una muestra de ir por la buena senda en esta materia; pero ahora, antes de estrenarse el gobierno encabezado por Yamandú Orsi, este se descuelga con la elección de la economista Jimena Pardo para presidir el BPS. Pardo fue una primera voz en la crítica, desde lo técnico y desde lo político, de la iniciativa plebiscitaria, siendo a la vez una férrea defensora de las AFAP. Su trayectoria explica el tesón en su prédica, ha sido síndica y directora de República AFAP, ocupando un lugar de figura estelar y gravitante en las posturas expuestas por el FA en la CESS.
El BPS participará de la intersectorial y Pardo sin duda estará en la mesa chica del armado de las propuestas.
Las reacciones en el mundo sindical y en los defensores del SI ya se hicieron oír al respecto de la nueva composición de los directores políticos.
Con firmeza y ponderación la ATSS durante una movilización despidiendo al Directorio saliente, definido por este sindicato como el peor desde la restauración democrática, dio su opinión, no cerrando ninguna puerta, no prejuzgando, abriendo las puertas a la interlocución con una nueva gestión, pero también, una vez más, mostrando su probada praxis de autonomía política e independencia de clase.
Frente a la situación que estamos considerando, resulta bueno saber qué es lo que dicen los personeros conservadores, pues importa mucho no pasar por alto cuando estos públicamente dan a conocer cercanías y coincidencias con el progresismo. Así lo hizo Cabrera, presidente saliente del BPS, en declaraciones recogidas por Búsqueda (13.02.25). Aquí un pasaje ilustrativo que está en el remate de esa nota: “Si bien aclaró que no puede ´hacer futurología´, el jerarca piensa que las modificaciones que hará la administración entrante como resultado del diálogo social ´van a ser más accesorias que sustanciales´. Según entiende, que no haya salido el plebiscito “es una reafirmación de que el Uruguay defiende un sistema multipilar, con un pilar de ahorro individual”, por lo que la reforma implementada en el gobierno de Luis Lacalle Pou “se va a mantener”.
No es difícil para cualquiera sin subjetividades, establecer ciertas líneas punteadas de continuidad entre el pensamiento de los que se van y los que vienen. Y eso no puede dejar de preocuparnos.
Estamos frente a un mal comienzo del gobierno, se podía esperar otra designación, que además tuviera antecedentes de conocimientos y manejo del BPS de la seguridad social pública estatal, fuera de cualquier alcance lucrativo y de mercantilización.
Esta propuesta de designación aporta una “interferencia de estática” importante al todavía no parido Diálogo Social; se trata de una opción innecesaria, salvo que deliberadamente se esté tomando en la primer jugada partido por un modelo históricamente criticado por el movimiento popular, también inicialmente desde su instauración por el FA, a pesar de que luego, al filo de los años, en el marco de la moderación que se simboliza en el proceso de incorporación de agua al vino y dilución de aspectos programáticos e identitarios históricos, fue perdiendo fuerza hasta alcanzar la ambigua formulación actual, ya mencionada.
La venia que requiere será un trago amargo que tendrán que ingerir los senadores del gobierno que apoyaron el SI.
Temeraria porque es una decisión innecesaria, torpe que desafía a ese significativo guarismo electoral que respaldó a la papeleta.
Provocación porque a la primera de cambio se hiere, sin más, la sensibilidad de importantes fuerzas militantes, voluntades y expresiones claves en la defensa de un gobierno de transformaciones, en la activación de una movilización, sin la cual será imposible avanzar.