Liliana Queijo
La discusión en torno al plebiscito sobre la Seguridad social ha puesto en la sociedad el debate sobre la equidad generacional. Hay quienes se oponen al mismo argumentando la conveniencia de restringir los beneficios propuestos para los adultos mayores en beneficio de los niños.
La idea de responsabilizar a los adultos mayores por las carencias de los niños no es original. Desde hace décadas lo plantean así organismos internacionales que sostienen relaciones de poder, imponiendo ideas y valores o adoptando la estrategia de convencer a los sectores ideológicamente más débiles. Aconsejan a los países dependientes sobre políticas sociales y opinan sobre salud, educación y seguridad social. En este último caso, promoviendo su desaparición.
Han logrado en parte su objetivo instalando una suerte de sentido común que promueve el enfrentamiento entre intereses generacionales, forzando el uso de una categoría de análisis que esconde los determinantes últimos de la desigualdad.
En forma recurrente en medios académicos y políticos se agita la contradicción generacional apelando como ejemplo al comportamiento de los votantes cuando se plebiscitó en una misma elección la indexación de las jubilaciones y disponer un porcentaje fijo del 6% del PBI para la educación.
Sin considerar que las prestaciones del BPS habían bajado un 50% entre el 1966 y 1985 ni el peso de la posición de los partidos tradicionales y el Encuentro Progresista y por sobre todo que no estaban en juego valores de la misma categoría dado que no eran opciones contrapuestas. Tampoco ahora lo son los eventuales beneficios de adultos mayores y niños, ni unos dependen de los otros.
Dado que el tema sigue planteado en los mismos términos y se repiten las mismas argumentaciones, se justifica aclarar nuestra posición con respecto a estos dilemas generacionales, partiendo de algunos elementos de la realidad.
Envejecimiento poblacional
Es resultado de la llamada Transición demográfica, que comienza con la baja de la mortalidad infantil, posterior baja de la fecundidad y descenso de mortalidad en los grupos de edad avanzada.
La población mundial -y en nuestro país también-, cambió la estructura de edades, con crecimiento a mayor ritmo de los de 65 y más años, tanto en valores absolutos como relativos. Esto se ve acentuado por “el envejecimiento de la vejez”, por el aumento relativo de los grupos de mayor edad y cambió la relación de dependencia entre personas pasivas y activas.
La mayoría de los ancianos son mujeres. Luego de los 80 años duplican a los hombres, como resultado de los casi 8 años de diferencia en la expectativa de vida.
En los últimos años se dio una drástica baja en la fecundidad. Si bien fue notoria en la población de bajos ingresos la carga reproductiva, la siguen asumiendo mayoritariamente los pobres. Si no se toman medidas para terminar con la pobreza, los niños, población de reemplazo y fuerza de trabajo del futuro, podrían ser pocos con empleos de baja calidad, baja remuneración y bajos aportes a la seguridad social.
Los vulnerables
Por motivos éticos y de solidaridad apoyamos las conquistas de sectores vulnerables, reconociendo que los niños y los ancianos como grupo son más vulnerables que la media de la población.
a) Los niños
La pobreza infantil afecta a prácticamente todos los países del planeta, incluyendo a los países desarrollados.
En nuestro país 1 de cada 5 niños y unos 170.000 menores de 17 años, vive bajo una línea de pobreza. Incluso la infantilización de la pobreza, dado la distribución social de la fecundidad, es más acentuada que en países más pobres de América Latina.
Los hogares unipersonales o de parejas sin hijos son diez veces menos pobres que los que tienen hijos entre 0 y 18 años. Si bien se reconoce la existencia de transferencias de la población anciana hacia los niños y jóvenes, consideramos que los seguros cruzados no son seguros ni eficientes.
También es necesario tomar en cuenta que la ley vigente no contempla la transferencia de recursos a la infancia, que de creerse necesario debería estar explicitado.
b) Los viejos
La vejez es un proceso fisiológico que produce disminución de la adaptabilidad del organismo a su entorno, aumento de la vulnerabilidad y la probabilidad de morir a medida que aumenta la edad.
La prolongación de la vida ha sido un objetivo de la Humanidad, y el éxito depende de lograr una vida digna, con participación activa en la sociedad y si los adultos mayores pueden recibir cuidados y protección por parte de las familias y comunidad.
Históricamente las sociedades han manifestado diferencias de conductas frente a grupos diferenciados por clase, por etnia, por género o edad.
La cultura utilitarista que sacraliza al mercado y valoriza a las personas por su capacidad de producir ve a los ancianos como factor de retraso social. El desarrollo tecnológico por un lado contribuye a prolongar la vida pero los desplaza del trabajo, de un sinnúmero de actividades sociales, de beneficios y los hace más dependientes. Enfrentar la desvalorización de la vejez implica optar por inducir una nueva cultura del envejecimiento que revalorice y dignifique la población de la tercera y cuarta edad.
Esto exige, entre otros datos, tener en cuenta que la edad determina diferentes necesidades. Los mayores de 65 padecen en promedio 4 enfermedades crónicas, que exigen proveerse de medicamentos, dietas especiales, con alimentos de mayor costo. La afectación de la capacidad funcional o sensorial implica acceder a elementos tecnológicos compensatorios no contemplados en el PIAS, como lentes, audífonos, sillas de rueda, etc.
El temor a las caídas, uno de los principales problemas de salud de la vejez, y la indefensión frente a la inseguridad ciudadana, dificultan y encarecen los desplazamientos, expone a mayores riesgos y genera gastos para cubrir enfermedades y accidentes.
A los no propietarios se les hace imposible alquilar por falta de ingresos, en tanto los hogares de ancianos a los que pueden acceder no cumplen con los requisitos mínimos. Basta acceder a las noticias de las últimas semanas.
El costo de vida baja para quien comparte sus gastos con otros, mientras se observa una creciente tendencia a la vida en soledad y mayores dificultades para otorgar cuidados familiares. El 22% de los mayores de 65 años y más y el 80% de las mujeres mayores de 80 años viven solas.
En nuestro país, las personas de la tercera edad si bien superan más que otros grupos la línea de pobreza, tienen una alta proporción de personas con ingresos muy bajos que viven en riesgo de caer bajo la misma. Y la relativa mejor situación, se explica en parte por políticas del Estado benefactor que les permitieron acceder a bienes como la vivienda y a un sistema de seguridad social protector y a pesar de que el país pasó por severas crisis, fue resuelto con otros costos sociales y sin los niveles de marginalidad actuales.
Niños versus viejos
Esta inadmisible controversia se da en un contexto de desigualdad creciente, donde 10% de mayores ingresos tiene ingresos casi 12 veces mayor que el 10% de menores ingresos y donde el crecimiento acumulado de la economía de un 3% del PBI entre el 2019 y 2023, benefició solo a sectores privilegiados y no alcanzó a los trabajadores y jubilados que vieron disminuidos sus ingresos en el mismo periodo.
Se mide la pobreza con indicadores cuantitativos, sabiendo que poner la realidad en números también la debilita. La competencia política que compara porcentajes de niños bajo la pobreza minimiza la situación y lleva a pensar que se resuelve con transferencias.
Aun así resulta difícil comprender la idea de que con la cuarta parte de lo que podría destinarse a los viejos pobres se podrían terminar las carencias de los niños pobres. Salvo que el objetivo sea que las estadísticas rescaten a un porcentaje de niños que hoy están debajo de la línea de pobreza pero que la realidad los mantenga en su situación de injusticia.
Mas difícil de entender es por qué existiendo una apropiación de recursos de la que se benefician todas las generaciones de la población más rica, no se apela a recurrir a las mismas y se cuestiona solo la mejora de las jubilaciones menores de 22.000 y hasta se llega al exceso de tratar de mezquinos a los jubilados o a quienes reclaman por sus derechos. ¿Por qué no se contrapone pobreza infantil con permisividad en la evasión de grandes contribuyentes?, o no se propone aumentar el aporte patronal de grandes empresas? Por qué no se reclama el dinero depositado en el exterior, o terminar con las exoneraciones de aportes patronales, ¿en la educación o salud privada o el agro? ¡O gravar las grandes herencias que acumulan la riqueza en cascada! O disminuir la informalidad nuevamente en alza, o rescatar los recursos que el Estado transfiere a las AFAP que lucran con el esfuerzo y el bienestar de los trabajadores. O corregir las situaciones de inequidad y las prebendas que reciben algunos sectores o apelar a las jubilaciones privilegiadas despegadas de los promedios o apelar a lo que se llevan los que piden bajar los costos del Estado y se benefician del entramado de leyes que inventaron ellos mismos. No se pensó en gravar artículos suntuarios como autos de alta gama, viajes, bebidas, perfumes, alhajas? Podríamos seguir….
Y no estamos proponiendo tomar recursos de los sectores medios ni de pequeñas empresas que llevan hoy la mayor carga del Estado sino de los ricos, los “malla oro”, los que se apropian de lo que es legítimamente de todos.
El FA y los niños
La resolución de la pobreza, si ganamos las elecciones pondrá a prueba nuevamente la confianza en el FA. Tendremos que identificar desviaciones conservadoras porque tan extendido como la pobreza está el argumento de que hay que invertir en la atención prenatal y en la asistencia a la primera infancia, recortado del resto de la sociedad y que instala como obvia la premisa de la competencia entre generaciones como si no fuera una artimaña más del capital y no ocultara intereses económicos
Terminar con la pobreza y en particular la pobreza infantil y adolescente supone destinarle muchos recursos y desterrar políticas focalizadas que recortan al niño de su medio y donde ya tenemos un acumulado de fracasos de nuestra propia gestión.
Requerirá políticas integrales, inmediatas, de mediano y largo alcance. Al aumento drástico de transferencias monetarias, deberán sumarse medidas que cambien en forma radical las condiciones de vida de los niños, sus familias y su entorno. Se destinarán recursos para los niños y jóvenes institucionalizados que corrijan su violenta situación de indefensión e injusticia. Se deberá jerarquizar la atención a la salud mental, abordar el suicidio e incluir el tratamiento de adicciones. Políticas imprescindibles para asegurar el presente, pero también el futuro en paz de toda la población.
La intención no es discutir ahora medidas concretas sino hasta donde queremos llegar en la justicia social y demostrar que los 460 millones de dólares que se destinarían a los jubilados, de ganar el plebiscito, no son una alternativa ni resuelven las múltiples carencias de los 170.000 niños y adolescentes que están bajo la línea de pobreza
La seguridad social
El plebiscito sobre la Seguridad Social recorta el tema a tres aspectos puntuales vinculados al retiro laboral y los limita a través de un marco constitucional. Resta reglamentar los mismos y en el diálogo social posterior a las elecciones reconsiderar globalmente la legalidad vigente.
La Seguridad social se sustenta en valores solidarios donde la colectividad se hace cargo del bienestar de sus miembros sin trasladarlo a su responsabilidad individual.
Si bien en su gestión se deben tener en cuenta elementos demográficos, el factor que determina sus políticas y funcionamiento es sin duda el contexto económico. En este sentido no es responsable asustar a la población con el fantasma de la desprotección y un futuro catastrófico e inevitable, que se asemejan más una convicción profética que a una predicción científica. Sabiendo también que en lo que refiere a lo demográfico no es posible controlar las variables ni prever a tan largo plazo. Tenemos como ejemplo las últimas proyecciones erradas en todas las variables de la ecuación demográfica: los niveles de fecundidad que bajaron en forma brusca, la mortalidad que no previó pandemias. Los más de 60.000 inmigrantes, resultado de políticas ajenas a nuestro país. Y en el mundo el estancamiento de la expectativa de vida.
Esto no exime de dar respuesta al presente, prever riesgos futuros y generar capacidad de respuesta y adaptación a nuevas circunstancias, reconociendo que vivimos en un contexto de profundización de la desigualdad donde se restringe el papel de la seguridad social y junto con la pérdida del salario real las jubilaciones y otras retribuciones del BPS se vieron disminuidas.
Somos conscientes de que cualquier modificación que se propone en una sociedad altamente diferenciada en clases como la nuestra implica afectar intereses. Esto hace imprescindible distinguir a quienes se benefician y a quienes se perjudican e identificar los sectores que pueden ser afectados en un reparto equitativo sin que esto signifique cambiar el sujeto de pobreza.
En este marco y apelando a la solidaridad intergeneracional nos negamos a llevar la competencia por los recursos entre los más vulnerables, viejos o niños, desconociendo los conflictos de interés entre quienes no pueden acceder a condiciones de vida digna, y sectores privilegiados que en la distribución de bienes y servicios se apropian de una proporción exagerada apoyados por un gobierno a su servicio.
Consideramos que reducir los conflictos de la sociedad y en particular los de la seguridad social a un tema generacional es una clara desviación política. Quienes proponemos el plebiscito entendemos que lo que está en tela de juicio es la necesidad de protección social pública y mecanismos distributivos justos sin los cuales ni adultos ni niños tendrán otro futuro que empobrecerse cada vez más.
En cuanto a anticipar el futuro, con más elementos de juicio y confianza en nuestro pueblo, apostamos a que en breve no quede ni el recuerdo de la coalición de derecha y a salir de este escenario de corrupción, inseguridad, y aumento de la pobreza, donde se promueven antivalores, funcionales a la sociedad de consumo: el individualismo, la competencia, la fe en el mercado y la pérdida de confianza en los poderes públicos que pone en cuestión la existencia misma de la Seguridad Social haciéndola ver como un problema no como una solución.
Imaginamos para el 2050 una sociedad en desarrollo con estabilidad económica, cuidados del medio ambiente y solidaria, donde se pueda vivir sin el temor de la pobreza y la desprotección y donde la seguridad social genere alivio y satisfacción y funcione sin dificultades.