Jorge Ramada
El pasado 30 de abril se conmemoró una vez más el día del trabajador rural, establecido en nuestro país a partir de 2013. En estos últimos tiempos los trabajadores rurales han tenido avances en sindicalización y también en algunas reivindicaciones laborales como la aprobación de la ley de 8 horas en 2008 o el decreto 321 de 2009 sobre seguridad y salud en la agricultura. Pero en muchos aspectos siguen siendo, como los llamó el querido Yamandú González: “los olvidados de la tierra”.1
Porque el avance normativo hay que tomarlo con pinzas. El no cumplimiento -o directamente violación- de las normas es moneda corriente, más aún cuando, como ahora, tenemos un Estado ausente (para los pobres, bastante presente para favorecer a los poderosos). El Decreto 321 instala una Comisión Tripartita para discutir los temas de seguridad y salud en el trabajo (trabajadores, patrones y Ministerio); sin embargo las reuniones son muy espaciadas, porque muchas veces las gremiales patronales “del campo” no se presentan y hasta en algún caso el Ministerio de Trabajo ha suspendido la reunión a último momento.
Además, cuando ha habido reclamos no contemplados por los patrones, el Ministerio (que en este gobierno más bien ha sido un Ministerio del Capital) se ha puesto del lado de estos últimos. Por ejemplo, ante el reclamo de los trabajadores de suspender el trabajo a la intemperie ante alertas meteorológicas, la suspensión fue dejada a criterio del capataz o del empleador y no a lo que marque INUMET; para el trabajo en solitario se exige al peón que tenga un medio de comunicación (celular), pero éste no lo proporciona el patrón, como establece la reglamentación para todo implemento de seguridad.
Pero los problemas más serios que sufren los trabajadores rurales son los que afectan su salud, especialmente en lo que se refiere a la exposición a agrotóxicos. El pasado 17 de abril, este tema fue analizado en un fructífero encuentro entre trabajadores, académicos y organizaciones preocupadas por el ambiente, que se llevó a cabo en el anfiteatro del PIT-CNT.2
En el documento presentado por el PIT-CNT se decía, entre otras cosas: “El uso sistemático, excesivo e irresponsable -muchas veces incumpliendo la normativa- de productos químicos (herbicidas, plaguicidas en general, fertilizantes químicos) trae consecuencias nefastas sobre el ambiente en general, pero especialmente sobre la salud de los trabajadores, productores familiares y pobladores del campo y la ciudad, sobre la producción y el consumo de alimentos y sobre la salud de los ecosistemas y en particular el suelo y el agua.
Esta práctica es inseparable del modelo productivo dominante en el mundo y en especial en Uruguay. Modelo de agricultura industrial homogénea y especializada, intensiva en capital, que busca altos rendimientos por hectárea, para lo que es altamente dependiente de insumos externos. Con el argumento de la mejora de la productividad, el combate a las malezas, insectos y hongos se hace en base a productos químicos. Éstos son diseñados y provistos por grandes empresas multinacionales de la industria química y son esencialmente tóxicos pues su función es destruir distintas formas de vida. En la inmensa mayoría de los casos la toxicidad también afecta a los seres humanos, generando serios problemas de salud, agudos y crónicos.”
Para la fumigación de los agrotóxicos lo que se prioriza es la efectividad de su aplicación y el mejor rendimiento del cultivo. El resto son “daños colaterales”. Hay que fumigar con aviones porque permite cubrir más superficies en menor tiempo; y hay que fumigar hoy porque es el momento justo para el cultivo. Entonces no importa si hay viento y para dónde sopla. La deriva llevará el tóxico a un rancherío, a una escuela, a un arroyo o hasta ¡a la planta potabilizadora de agua para un pueblo! como le pasó a los vecinos de Guichón.
Está reglamentada la distancia mínima para fumigar en cercanía de escuelas, centros poblados y cursos de agua. Pero no se respeta… y no pasa nada, porque el Estado no controla. Para viviendas rurales, apiarios o productores agro-ecológicos ni siquiera hay reglamentación. Caerá el veneno sobre casas, abejas, productos orgánicos (y cuando se contaminan apiarios no solo se pierde o contamina la producción de miel, sino también la función polinizadora de las abejas).
El gobierno actual ha flexibilizado los controles y favorecido las intoxicaciones. Un reciente decreto del MGAP: deja librada a la “libertad responsable” del aplicador la información sobre los eventos de fumigación; cuando los vecinos de Guichón detectaron la contaminación de un arroyo por agrotóxicos no autorizados, provenientes de un vivero de UPM, el MGAP fue drástico: multó a la empresa en U$S 25000 (equivalente a los beneficios que obtiene el grupo UPM en 15 minutos, según cálculo a partir de datos de la propia empresa), y autorizó enseguida el uso de esos productos (para no tener que multar en el futuro).
Sin duda que el mayor “daño colateral” es el que se hace a la salud de los trabajadores y la población cercana: alergias y afecciones respiratorias, cáncer, muertes intrauterinas, entre otros. Todo esto confirmado por las investigaciones que ha hecho la Udelar sobre todo en zonas arroceras3 y forestales.4 Un caso claro es el del trabajador arrocero Julio de Los Santos, condenado a depender de por vida de un tanque de oxígeno, por una enfermedad respiratoria producida por su exposición a glifosato (que también afectó a su esposa). Una jueza validó su demanda contra Arrozal 33, con una extensa fundamentación apoyada en varios peritajes y estudios de profesionales de la salud. Pero el Tribunal de Apelaciones primero y la Suprema Corte después revocaron la decisión, aceptando la apelación de la empresa. ¿Quién juzga a los supremos jueces?
Porque además de faltar controles falta un seguimiento sistemático de la salud de los trabajadores. Muchos de ellos cambian con frecuencia de trabajo, según las zafras o las oportunidades que aparezcan; pero si en alguno de ellos se enferman, no hay registros que ayuden a vincular la enfermedad con situaciones anteriores de trabajo. Conclusión: para las estadísticas casi no hay enfermedades profesionales entre los trabajadores rurales.
Como lo dice el documento del PIT-CNT, estos daños al ambiente y a la salud son inseparables del modelo productivo (más bien, como dijo uno de los asistentes al conversatorio, el modelo productivo es un síntoma, la enfermedad es el capitalismo). Un modelo que se ha venido profundizando en nuestro país, independientemente de los gobiernos de turno y que no se orienta a producir alimentos para nuestra población, sino a generar insumos para emprendimientos productivos extranjeros. Y volviendo al documento del PIT-CNT, esto responde “a concepciones productivistas, que creen que el bienestar de la población va ligado a producción y productividad crecientes, sin considerar que un desarrollo en calidad y equidad es incompatible con las relaciones de producción y propiedad existentes”.
Es claro que el modelo no podemos separarlo de las relaciones de producción y del régimen de propiedad de la tierra. Porque los dueños de la tierra, como pasa en nuestro país a partir de Rivera, Lucas Obes y compañía, son los que ponen las condiciones y tienen el poder suficiente para hacerlas cumplir. No es algo que se pueda cambiar de un día para el otro, pero son cambios que deberíamos tener siempre en el horizonte, para no quedarnos haciendo camino al andar sin saber para dónde vamos.
El documento del PIT-CNT propone impulsar un modelo diferente “que priorice el valor del trabajo por sobre el del capital; que ponga las necesidades de la población por encima de las consideraciones mercantiles, el valor de uso por encima del valor de cambio; que priorice la distribución igualitaria por encima del aumento incontrolado de la producción”.
Y en el correr del conversatorio fueron apareciendo propuestas y medidas que ya podrían irse tomando, entre otros: promoción sostenida de la agroecología; prohibición al menos de los agrotóxicos ya descartados en la UE y USA; reglamentación y control de las distancias a respetar a viviendas, escuelas, etc.; seguimiento de la salud de los trabajadores; reflotar la ley de protección a polinizadores.
Para todo esto es esencial la lucha que siguen llevando los trabajadores rurales. Este 30 de abril distintos sindicatos integrantes de la Unatra volvieron a reunirse para reclamar por sus derechos. En el sur, en Santa Rosa, convocados entre otros por los trabajadores citrícolas, de tambos y de arándanos; en el norte, en Rincón de Valentines, convocados por los trabajadores arroceros y peones de estancia y con participación de UTAA. Pese a todas las dificultades, los trabajadores rurales siguen avanzando en organización y convocatoria. Y allá en el norte volvió a resonar la vieja consigna de UTAA: “Por la tierra y con Sendic”; porque solo con la conquista de la tierra para el que la trabaja podrá ser posible cumplir con el mandato artiguista, “que los más infelices sean los más privilegiados”.
1 Yamandú González Sierra, Los olvidados de la tierra - Nordan Editorial, 1994. Escrito hace 30 años, mantiene vigencia.
2 Conversatorio “La producción agropecuaria, los agrotóxicos, la salud y el ambiente en la agenda sindical”.
3 Reflexiones sobre la sustentabilidad en la producción del arroz - Una construcción en diálogo con las trabajadoras y los trabajadores; Andrés Carvajales, María Fernanda Souza Rodríguez, Héctor Seco, María Victoria Tabárez. FESUR, Montevideo, 2023.
4 Lo que la industria forestal olvida - Conflictos entre trabajo, ambiente y salud en contexto de intensificación productiva; María Fernanda Souza Rodríguez, Héctor Seco, Andrés Carvajales, María Victoria Tabárez. FESUR, Montevideo, 2023.