Hugo Tuyá

El final del caso Penadés ha removido profundamente los cimientos morales de la sociedad uruguaya, un punto de inflexión para el imaginario colectivo y una prueba de la fortaleza judicial a pesar de tristes excepciones a la regla y de la andanada de diatribas de parte de personeros de la coalición intentando coaccionar a determinados fiscales en casos particulares de sospecha de corrupción o de violación de DDHH. Fuera de esas primeras consideraciones, constituye asimismo un hito en la historia política, por el lugar del protagonista y por el fraude ético hacia la ciudadanía de quien ostentaba un poder legitimado durante varios lustros utilizado en perjuicio de jóvenes vulnerables y víctimas de la misma política económica que el defenestrado senador ha suscrito desde siempre. Estos datos acarrean sus consecuencias: el ahondamiento en la falta de credibilidad en las instituciones, libertades mal entendidas, y en los controles que la dirigencia elegida por el pueblo debe, por promesas electorales, asumir sin excusas.

Sin embargo, enfrentamos otras cuestiones que rompen los ojos y que tocan de frente la ética pública: el cuestionamiento sistemático a la fiscalía y al Fiscal de Corte por resoluciones en temas álgidos como el del senador Penadés. Se han conocido elementos que indican presiones clandestinas sobre las víctimas, la fiscal Ghione que atiende el caso, y los defensores de los jóvenesatendidos por la Udelar, además de expresiones denigrantes de parlamentarios blancos sobre la actuación de los ministros acusadores, poniendo en duda su ecuanimidad y estableciendo la sospecha que hacen los mandados para el F.A. Lo último, votado en la rendición de cuentas, -con críticas desde algún legislador blanco-, la inhibición de ejercer la profesión de abogado por un año para los fiscales que cumplan su ciclo. Insólitas y peligrosas determinaciones que van profundizando la falta de criterio político para encuadrar situaciones comprometedoras para el PN y la coalición en su conjunto, y que corren el riesgo de ser utilizadas cuando se aproximen los tiempos electorales. Es notorio que hay legisladores que están preocupados por lo que las encuestas están señalando de cara a 2024.

Precisamente, uno de los temas en discusión que revolotea en cualquier mesa de boliche es el de la CREDIBILIDAD como parte del imaginario cultural e individual. La desconfianza hacia instituciones o protagonistas, o lo que podría denominarse, generalizando, credibilidad pública, sufre un retroceso permanente medido por encuestas de opinión y análisis sociológicos, es notorio asimismo en conversaciones con ciudadanos corrientes. Ante hechos de decepcionante notoriedad, el elenco político, origen y objeto notorio de la crítica, no escapa a la coyuntura negativa y se ha ampliado en base a distintos motivos, algunos de artificio, otros por la natural “manija” entre los actores, pero los demás, decisivos, por la percepción ciudadana de una alta tasa de corrupción y la poca fiabilidad que el imaginario colectivo deposita en los discursos que se dan tanto a derecha como izquierda. Todo dato o relato se cuestiona, especialmente a través de las redes, vedette mediática excluyente.

La importancia del concepto CREDIBILIDAD, con visos muchas veces “conspiranoicos”, radica en la confirmación de un descreimiento por elevación en los mecanismos democráticos que aseguran el pacto constitucional entre el pueblo y sus representantes, entre derechos y obligaciones, entre ética política e impunidad. Hoy, se ha generado otra herida al tejido social y vaciado de contenido promesas que se vieron falseadas por la conducta presidencial y por el derrotero que han tomado medidas de gobierno que no apuntan a un objetivo social como es el que marca con urgencia el tiempo histórico. No otra cosa que una nueva cuota mezcla de desconfianza y desencanto se ha sumado a otras anteriores cuando nos aproximamos a la grilla de largada de las elecciones de 2024.

El F.A. como partido mayoritario y opositor, parece tener en el horizonte cercano otra oportunidad para reivindicar principios fundacionales, revisar errores, generar nuevas expectativas, y quebrar la ecuación de inmovilismo o avance en el terreno de las prácticas económicas y sociales. Constituye el único movimiento de masas consolidado que puede generar transformaciones cualitativas cruciales, es decir, si existe alineamiento, unidad política, económica, y voluntad de cambio, sin dejar de resaltar las diferencias ideológicas. ¿Cuáles son los límites a sobrepasar que transformen la Política en una credencial pública creíble y confiable…? ¿Podrá el F.A. volver a recuperar la credibilidad en las instituciones a través de la honestidad, valores morales, y el cabal cumplimiento de las metas acordadas con la ciudadanía? ¿Qué espera la gente de la gestión política...? Quizás ha llegado la hora de implementar reformas con la suficiente profundidad como para que, como le escuchaba decir a un viejo profesor de Historia de las ideas hace ya 50 años, se anuncie “una revolución… que…produzca abundancia para todos…” y se afinque, definitivamente, la justicia social. Líber Seregni, Juan J. Crottogini, Hugo Villar, y el “dream team” de aquellos tiempos épicos, sindicalistas, intelectuales, nos observan preocupados y serán los jueces severos de nuestras actitudes y proyectos hacia la independencia política y económica que marca la Historia y el itinerario de tan ilustrados como valientes protagonistas. También nos miran otros agonistas, algún apellido comprometido con la UTAA y sus reivindicaciones…

Las últimas encuestas, excepto una, muestran a un F.A. despegado del pelotón de los 5 partidos multicolores y a Yamandú Orsi como favorito entre los promitentes candidatos. Extrañamente, aunque explicable por una táctica de marketing bien aplicada, una gran parte de la ciudadanía aprueba la gestión del presidente, generando una cierta contradicción con otros guarismos desagregados. Pero gobierno y Lacalle Pou pueden no coincidir ya que se vive una gobernanza de tipo unipersonal in extremis, remedando un “primer ministro” descollante frente a una coalición que funge de comparsa. Estos estudios de opinión pública podrían ser considerados, en forma relativa, como una buena noticia a un año de las elecciones presidenciales, demostrando históricamente la repetición fallida de una ideología conservadora afianzada en sectores dirigentes del país, transversales al PN y al PC, sumando a CA como ala derecha “renovadora”.  

Quizás una futura victoria del F.A. se pueda deber más a los grotescos deméritos del oficialismo que a méritos propios, pero en otro plano, y de acuerdo a los estropicios que va dejando la coalición gobernante en su huella hacia la debacle electoral, los desafíos hacia adelante van en un incremento proporcional como objetivos para el próximo gobierno.

Y ya están planteados, comenzando por la reforma jubilatoria como hito fundamental, y que atraviesa la aprobación o no de la reforma constitucional y el diálogo político una vez en el gobierno.¹ Pero hay otros, complejos, -una pobreza que sobrepasa el 10% del total, el narcotráfico, la vivienda, salarios insuficientes, desigualdad en aumento, problemas ambientales, la violencia social- donde la fuerza política deberá poner la carne en el asador y reflejar con fina sintonía las demandas que se les plantean. Hay una segunda oportunidad, luego de 15 años de gobierno, de radicalizar ciertas posturas y realizar reformas impostergables que dirijan el barco hacia otras latitudes por fuera de las normativas neoliberales.

Los tiempos políticos y sociales ratifican la pervivencia de conflictos dialécticos que se han consolidado por conservadurismos y mutaciones políticas internas de los partidos fundacionales, y que se han desmarcado radicalmente de reformas significativas y avanzadas en su tiempo. Y es precisamente en esa proyección de impulsos renovadores donde una probable victoria del F.A. debe superar su propia síntesis, escuchar, e implementar cambios que se han demorado o se han dejado de lado por falta de consenso o por divergencias ideológicas internas. A falta de un apoyo explícito a la papeleta de reforma constitucional, la “neutralidad” que se establece por falta de unanimidades, expone al partido mayoritario a riesgos de credibilidad, y aumenta exponencialmente el compromiso militante, especialmente de los dirigentes del F.A., para una transformación radical en el área de la cobertura social del BPS, entre otros temas álgidos. Con diálogo o sin él, -en esto poco puede importar la opinión de los “verdugos” que en 1996 implantaron el lucro previsional- el FA debe comprometer sus principios fundacionales para anclar definitivamente los reclamos sociales y olvidar los gritos destemplados de una derecha nuevamente fracasada que únicamente impone el camino de favorecer turiferarios del lobby ganadero y del agro negocio. El recurso de un cambio constitucional retroalimenta de cierta manera, -y sería bueno que la dirigencia del F.A. lo tuviera en cuenta- una falta histórica de confianza en las promesas al viento promulgadas por la elite política dirigente… y un reaseguro para el trabajo legislativo de futuros gobiernos.

Si se ganan las mayorías necesarias, las eventuales transacciones con la derecha y sus amanuenses deben quedar en hibernación hasta que las circunstancias así lo indiquen.   

¹ Volviendo a Vaz Ferreira, no se puede caer en un paralogismo de falsa oposición. Tanto la reforma constitucional marcando 3 parámetros fundamentales, como el diálogo social, elemento no precisamente practicado por este gobierno, pueden y deben ser llevados a cabo para un cambio integral del sistema, que no solamente cubre jubilaciones y pensiones, sino que alcanza temas sociales de singular relevancia para la sociedad.