Jorge Ramada

No hay dudas que la transnacional UPM goza de un estatus especial en nuestro país. Más allá de ser un enclave en zona franca, de las exoneraciones fiscales con que cuenta, de que se le haga un tren a su medida (y ni siquiera eléctrico), de que sus dos plantas consuman unos 200.000 metros cúbicos de agua por las que no pagan canon, parece tener además “patente de corso” para contaminar.

Ya hace poco más de un año se había detectado el vertido de agua contaminada con agrotóxicos a un arroyo cercano a su vivero ubicado en el Departamento de Paysandú. A raíz de eso, se pudo saber que el vivero usaba 9 (sí, ¡¡nueve!!) productos sin la habilitación correspondiente y que 5 de ellos (sí, ¡¡cinco!!) son altamente tóxicos para organismos acuáticos, aves, abejas y lombrices.

La respuesta del MGAP fue rápida: ¡autorizó el uso de los 9 sin la habilitación correspondiente! Muy suelto de cuerpo, el ministro Mattos dijo que tomó la resolución ¡tras el pedido de la Sociedad de Productores Forestales! (claro, no iba a ser de una fábrica de escarbadientes). Le habían dicho que era inviable la producción sin el uso de esos productos y que en caso de sanciones podría haber despidos. Los “malla oro” presionan y chantajean y los gobernantes admiten su servilismo. Pero con fundamentos, claro: según el ministro no había riesgo porque los peces, abejas y demás afectados no podían estar dentro de los viveros; entonces la empresa iba a tener que hacer un correcto tratamiento de los efluentes y el Ministerio iba a controlar. Noticia que debería estar en la página de humor.

Finalmente, unos meses después del incidente se informó que la empresa iba a ser multada con la astronómica suma de... unos 25.000 dólares. Sería bueno averiguar si efectivamente se la multó, si la empresa aceptó la multa y si la recurrió y si finalmente la pagó. Porque aunque sea irrisoria teniendo en cuenta las ganancias de la empresa (estimadas cerca en cerca del millón de dólares diarios), a los “malla oro” y sus amigos no les gusta que los multen.

Ahora, en el pasado mes de agosto, a la planta II de UPM, dotada de “la mejor tecnología disponible”, ejemplo de “fábrica modelo” de una empresa que tiene “la responsabilidad social integrada en nuestra estrategia”, se le escapan ¡¡un millón de litros de soda cáustica!! al arroyo en que vierten sus efluentes.

Un desastre de esa magnitud debería haber sido informado al Ministerio de Ambiente en el momento. Sin embargo se hizo público por un vecino que notó la matanza de peces y vegetación en el arroyo. Pero el derrame había comenzado antes y UPM ya lo sabía; por eso, según sabemos por gente de la zona, había encomendado a la empresa que maneja sus efluentes, para retirar el derrame con sus camiones cisterna y había ordenado tirar madera chipeada para absorberlo.

El Ministerio de Ambiente, celoso guardián (¿del ambiente o de los intereses de la empresa?), va al lugar 5 días después. Luego, tanto en su informe técnico como en su comparecencia ante el Parlamento, trata de minimizar lo sucedido: no hablaron de matanza de especies, sino dijeron que cuando fueron no se apreciaron peces o crustáceos en el arroyo (¿habrían ido a pasear al campo?); no fueron un millón de litros de soda cáustica, sino tan solo 50.000 litros diluidos en esa cantidad (o sea que la muerte de los peces no fue tan violenta); no fue tan grave porque llovió mucho enseguida y en la desembocadura del arroyo solo vieron ocho peces muertos.

También las contradicciones: el subsecretario dice que faltó un sensor, pero un técnico dice que estaban todos, pero no se los controló; la empresa dijo que era algo al margen del proceso productivo, pero en el informe se señala que estaba en una pileta de control de efluentes (como si los efluentes no fueran parte del proceso productivo).

Las dudas se multiplican: un sensor falló en una planta que tiene menos de 6 meses de funcionamiento: ¿falló o nunca estuvo?; no se detectó el aumento de pH en el agua, pero ¿no se detectó o nadie controla nada?; son desechos del proceso productivo: ¿se escaparon o hubo que deshacerse de ellos porque superaron la capacidad de almacenamiento?

Es interesante la poca trascendencia que tuvo el tema en los medios, también la actitud de la oposición, tan afecta a llamar a responsabilidad a los ministros, pero que en este caso no lo vio necesario, lo que no es raro en un progresismo que en su momento presentó a UPM como una inversión estrella y que ha sido siempre muy tolerante con ella.

Pero luego vino el castigo: una multa de... ¡¡40.000 dólares!! Una propina para la empresa, pero el ministro aclaró que “las multas monetarias en estos casos no son la principal medida de disuasión”, porque “tenemos otros mecanismos, como son las sanciones de difusión pública, que afecta la reputación que tiene la empresa de manera importante y quizás hasta más que lo económico”. Ya nos imaginamos al Ministerio lanzando spots televisivos donde muestran la irresponsabilidad de la empresa.

Pero hablando en serio, no estamos ante un incidente cualquiera, sino ante una catástrofe ambiental grave que debería haber ameritado el cierre preventivo de la empresa (sin pérdida de salario para sus trabajadores, por supuesto), al menos hasta verificar que cumple con todo lo establecido en su informe para la habilitación ambiental. El abogado del Ministerio aclaró que podrían iniciar un juicio a la empresa, pero había que esperar los informes técnicos. Ya nos imaginamos su resultado.

Mentiras, excusas, eufemismos, encubrimiento, complicidad.

Estos hechos y actitudes nos traen a la mente la impunidad de que gozaron -y en parte aún gozan- los violadores de derechos humanos durante el “proceso”. Primero, las excusas, los “partes” fraguados: cuando se hablaba de torturas el presidente Bordaberry justificaba “el rigor en los interrogatorios”; cuando fusilaban a alguien en la vía pública, se había “repelido una agresión”; cuando alguien se les quedaba en la tortura, había querido fugarse y se había caído de altura. Y por supuesto las autoridades nacionales, los medios de prensa y algunos profesionales (médicos certificando muertes violentas “por paro cardíaco”) colaborando para difundir la versión oficial. Y luego, la falta de castigo o, a lo sumo, unos días de arresto por haberse excedido (“exceso de celo” decían los franquistas en su época) 

Mientras tanto, el “derrame” prometido por la multinacional no se ha visto en Río Negro, donde está su primera planta y que hoy es el departamento con más alta desocupación. Comienza a verse ahora, en esta segunda planta, pero no es derrame de trabajo o riqueza, sino de soda cáustica. Quizás entendimos mal.

La impunidad de los militares torturadores y asesinos comenzó a ser perforada por la incansable lucha de Madres y Familiares y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, apoyada por la incesante tarea del fiscal Perciballe. ¿Tendrán fuerza las organizaciones sociales preocupadas por el ambiente y aparecerá algún fiscal comprometido para terminar con la ImpUPMnidad?