Entrevista realizada por Eduardo Aparicio
¿Podemos pensar en la seguridad social y su posible proyección 50 años?
En primer lugar afirmo que es bueno marcar tendencias de los hechos económicos, proyectando escenarios o resultados. Pero tratándose de ciencias sociales cualquier afirmación sobre el futuro está sujeta al cumplimiento de condiciones muy rigurosas. Destaco algunas de ellas. En primer lugar explicitar la metodología. Si se quiere extrapolar la tendencia de una variable, tomemos por ejemplo GASTO PUBLICO DESTINADO AL BPS / PBI, suponiendo que el escenario no cambia, extendemos en el tiempo la trayectoria que viene registrando y tenemos un resultado a futuro. Pero atención, en este caso tenemos que exigir dicha condición a las dos variables. Otro procedimiento consistiría en haber detectado la incidencia de una o más variables sobre la que queremos proyectar, por ejemplo, que el aumento del PBI incide sobre el nivel de empleo. Para arribar a un resultado tenemos que suponer o deducir el comportamiento de las variables explicativas, y suponer además que se reiterará el escenario en el cual dichas variables explicativas se relacionan de determinada manera con las explicadas.
Como es sabido, todo modelo se apoya en múltiples supuestos y no siempre es posible llegar a construir algo manejable y mucho menos cuanto mayor sea el plazo de proyección. En suma, no ayuda sino que resulta una liviana especulación, lanzar al aire una proyección sobre el resultado a 50 años de una variable compleja como APORTE ESTATAL al BPS /PBI, cuando no se explicita la metodología utilizada, ni los supuestos, ni las relaciones entre variables, ni los cambios en el escenario económico, político y social del periodo. Sin lugar a dudas suponer invariable este último sería un error que descalificaría cualquier resultado proyectado.
¿Ineluctible evolución demográfica conduce a un inexorable aumento de las tasas de retiro?
Es innegable que la evolución demográfica tiene incidencia sobre la tasa de retiro, pero decir que es determinante es una gruesa simplificación. Proviene de pretender aplicar a la seguridad social los parámetros actuariales de un seguro individual. No se mira si el objetivo es vivir más y mejor, sino que presupone que para preservar la ecuación actuarial, si se vive más años no se tiene que vivir mejor, ya sea percibiendo menos remuneración de pasividad, ya sea trabajando y aportando por más tiempo.
En ese equivocado enfoque, no se concibe la seguridad social como la necesaria protección estatal, sino como una carga al presupuesto del Estado. Desde nuestro enfoque, el nivel de empleo y la formalización laboral son más importantes que la edad de retiro. El dejar espacio para el empleo juvenil es otra variable relevante, desde lo laboral, que no parece ser tenida en cuenta cuando todo se reduce a la edad de retiro. El enfoque progresista de la seguridad social no mira solo el financiamiento sino otras cosas como las condiciones de trabajo que determinan distintas edades de retiro, las prestaciones a los activos para preservar su condición de tales, las situaciones de desempleo, etc.
La exigencia de mayor edad viene asociada al modelo privatizador e individualista que entrañó la introducción de las AFAP. Después de un grueso error de diseño (obligación de aportar al comienzo a los menores de 40 años y estimular a los restantes) que nadie revisó ni se hizo cargo, ahora se quiere corregir con más de lo mismo: se afirma que aportar más y por más tiempo va a generar mejor capitalización y por ende mejor jubilación por ese tramo. A lo que decimos es falso, la ecuación no da favorable al trabajador porque depende de otros factores: a) las comisiones de las AFAP restan 20% del aporte a capitalizar; b) las rentabilidades no pueden ser brillantes (hay restricciones de moneda y destino); c) la tasa de interés técnica que se fija para ser aplicada al capital acumulado que pasa de la AFAP al Banco de Seguros a efectos de determinar el haber jubilatorio, es muy baja; d) la esperanza de vida que considera el Banco de Seguros, desde los edad jubilatoria hasta el fallecimiento puede llegar a los 100 años.
¿Es imaginable un pilar de ahorro colectivo sin lucro?
La seguridad social es un ámbito en donde se redistribuye el ingreso. Los países más avanzados así lo entienden, sin perjuicio de los intentos del capitalismo salvaje para neutralizar ese efecto. Es evidente que la solidaridad redistributiva encuentra cauce propicio en el sistema de reparto, no así en el de capitalización. No obstante, puede concebirse la existencia de un pilar de ahorro colectivo, no individual, alimentado por aportes de los ingresos muy altos, después del tramo del aporte solidario. El fondo creado debería ser administrado por entidad estatal, con controles y garantía de rentabilidad mínima, que podría ser destinado a mejorar el nivel de los topes jubilatorios.
¿Qué puedes decirnos acerca de la funcionalidad de las AFAP en la dinámica del endeudamiento que han llevado adelante las orientaciones económicas de los gobiernos de diferente signo desde 1997 en adelante?
Las AFAP debieron suprimirse junto con las reformas tributarias y jubilatorias que tuvieron lugar en el primer gobierno del FA. Su existencia, induciendo mentalidad individualista y anti-estatal entre los trabajadores, fue un capricho ideológico fracasado en su propia lógica. En efecto, al restarle al BPS ingresos genuinos por aportes para transferírselos a las AFAP, quedó plasmado un mayor desfinanciamiento en el corto plazo con miras a aliviar el gasto por jubilaciones en el muy largo plazo. Estamos hablando de desfinanciar al BPS en 20.000 millones de dólares en 27 años, originando el consiguiente endeudamiento del sector público para absorberlo. Las trasferencias anuales del BPS a las AFAP fueron creciendo y totalizan actualmente el 1,8% del PBI. Como consecuencia crece el gasto público porque dichas transferencias se consideran gastos y crece también por el monto de intereses de deuda pública que el Estado paga al tomar en préstamo su propio dinero desde las AFAP. Si no existieran las AFAP, como aspiramos que ocurra en el futuro cercano, el mercado de capitales no se vería afectado porque la demanda adicional existente proviene de fondos del propio estado, lo que está en pleno conocimiento de los actores del mercado financiero.
¿Cómo ves el déficit del BPS?
El drama del elevado déficit del BPS es una mentira que repetida diez veces se ha convertido en verdad. En primer lugar porque la palabra déficit está mal usada, debería llamarse asistencia financiera. En segundo lugar, porque la misma se ubica en 1 punto del PBI, pero las transferencias a las AFAP que se contabilizan como gasto del BPS, ascienden a 1,8 puntos del PBI. Cabe deducir que es la propia existencia de las AFAP lo que provoca el llamado déficit. En tercer lugar, supongamos que la gran inquietud se exprese en relación al aporte estatal por todo concepto (aplicando impuestos afectados según lo marca la Constitución y la propia asistencia financiera). Al respecto los números arrojan lo siguiente: El gasto total del BPS, incluyendo como tal las transferencias a las AFAP son cerca del 12% del PIB, pero los ingresos por aportes llegan al 7,6% por lo que así definido, el aporte estatal es 4,4% del PBI, lo que significa 36% de ese gasto total, lo que podría considerarse razonable a menos que se niegue la aportación tripartita: trabajadores, patrones y Estado. Pero téngase en cuenta que si las AFAP no existieran la recaudación por aportes cubrirían el 73% del gasto total del BPS, en cuyo caso no existiría asistencia financiera porque los impuestos afectados cubrirían con creces ese 27% restante. Tendríamos superávit o bien bajar de 7 a 5 los puntos de IVA asignados al financiamiento de la seguridad social. En términos del PBI la aportación estatal sería de 2,8%, que puede ser del 2,3% si consideramos el IASS como otro aporte interno del sistema.
Ahora bien, consideremos el argumento de que la aprobación de la reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT impusiese una suba del gasto de 3 puntos del PBI adicionales. Al respecto cabe recordar que sin las AFAP, el BPS cesaría el drenaje de recursos genuinos (1,8% del PBI) y recuperaría paulatinamente los 21.500 millones de dólares a razón de 2 puntos del PBI en cada uno de los próximos 15 años.
No cabe alertar sobre un exagerado presunto déficit. En todo caso, satisfacer derechos no debería ser el problema, financiarlos con equidad en el marco de la pulseada entre capital y trabajo, un objetivo viable, habida cuenta de mejorar la convivencia ciudadana y la abrumadora concentración de la riqueza.