Impacto del TLC Uruguay - Chile realizado por el Poder Ejecutivo para el Plenario del F.A.

Publicamos este artículo, producido desde Casa Grande, sabiendo que el mismo  centra la atención en uno de los temas centrales de la discusión del Plenario, el estudio de impacto, pieza con la que se reforzó la argumentación y la presión para que finalmente la instancia del FA dijera SI al TLC con Chile

Por: Natalia Carrau y Gustavo Buquet

   

Publicado el 20/06/2018 en Sitio Web de Casa Grande FA.

Sin cumplir con las expectativas técnicas, termina siendo un alegato ideológico.

El propósito de un estudio de impacto económico es obtener un resultado que permita tomar una decisión objetiva sobre la conveniencia o no, en este caso particular, de firmar un acuerdo comercial.

El estudio de impacto provisto por el PE es sustantivamente una reiteración de todos los argumentos que la Cancillería ha explicitado a favor del TLC, repitiendo sus bondades sin fundamentos constatables; aunque en este caso se pidió explícitamente que, a favor o en contra, fueran sustentados con evidencia empírica.

Un estudio de impacto sobre un acuerdo comercial de servicios, debería incluir, como mínimo, un análisis detallado por sectores, estimar exportaciones, importaciones, crecimiento de empleo, valor agregado e impacto sobre el producto.

Sin embargo, este estudio dedica 65 páginas a fundamentar las ventajas de cada uno de los capítulos integrantes del Acuerdo, y 5 páginas al estudio de impacto, y en estas últimas, lo primero que advierte es que “cabe aclarar que las limitaciones estadísticas de la información disponible sobre comercio de servicios por destino y origen imposibilitan la estimación de impactos de este Acuerdo en materia de servicios”.

Es decir, no se realiza una evaluación estadística del Capítulo 7, “Comercio Transfronterizo de Servicios”, que es el corazón del Acuerdo, y en el cual se centra la discusión sobre si aprobar o no el TLC. Si bien, existe también polémica en otros capítulos, como Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, y Solución de Controversias –sobre el cual tampoco el informe aporta ningún análisis- el documento del PE analiza el impacto en el comercio de bienes que resultaría de la aprobación del Capítulo 3 “Facilitación de Comercio”, Capítulo 5 “Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, y Capítulo 6 “Obstáculos técnicos al comercio”, todos ellos referidos a tornar más eficiente la administración en relación a la velocidad de los trámites y la transparencia en la regulación; elementos que han estado hasta ahora fuera de la polémica del tratado, y que perfectamente se podrían haber incluido en el TLC de bienes que Uruguay tiene firmado con Chile.

Asimismo, el estudio plantea que se hará una simulación sobre las exportaciones, es decir tampoco incluye las importaciones, por lo que no hace un estudio del impacto que el Acuerdo tendrá sobre el comercio. Tampoco ofrece un link a un anexo donde esté la base de datos, la metodología, y otros resultados, por lo que queda la duda, entre otras, de si los 15 millones no podrían estar dentro del error estadístico del estudio.

A continuación de mostrar el resultado de incremento de las exportaciones en bienes en 15 millones de dólares, advierte que, como Argentina está por firmar con Chile un acuerdo similar al que Uruguay firmaría, en caso de que Uruguay no firmase el acuerdo, se podrían perder 60 millones de dólares de exportaciones. Además de intentar generar temor, tampoco explica por qué se genera desvío de comercio hacia los mercados de Argentina y Chile, no explica que pasaría con las importaciones uruguayas provenientes de ambos países en ese caso, y mucho menos expone de forma transparente la información que le permite arribar a esas conclusiones.

Casualmente, en otra parte del documento, se provee información abundante sobre el mercado chileno de servicios, sus importaciones y su déficit comercial; también sobre el crecimiento de las exportaciones uruguayas de servicios, y su superávit. Y concluye: “Los proveedores de servicios uruguayos podrán acceder al mercado chileno con claras ventajas…”. Otra afirmación sin fundamentos. En primer lugar, el estudio no hace hincapié que Chile es el tercer exportador de servicios modernos de América Latina, omite que sus exportaciones de servicios modernos se sitúan en los 6 mil millones de dólares al año, y que dicha cifra triplica las exportaciones uruguayas de servicios modernos; y tampoco menciona en ninguna parte cuáles son las importaciones de Uruguay de servicios modernos. Cuesta entender cómo los funcionarios con que cuenta, tanto la Asesoría Comercial del MEF, como el equipo negociador de Cancillería, olviden variables tan elementales previo a sacar sus conclusiones.

El resto del documento, como se dijo al principio, en vez de pretender ser un estudio objetivo, es un alegato a favor del Acuerdo, dirigido explícitamente “al interior de la fuerza política del gobierno”, e intentando incidir en la decisión final del Plenario del Frente Amplio. Reproduce los argumentos que se han manejado hasta ahora; por ejemplo, menciona que las “Listas negativas es el sistema preferido en las negociaciones internacionales pues aporta mayor transparencia y por tanto mayor seguridad jurídica”; explica por qué entiende que no existe la Cláusula Trinquete –que ya el Canciller aceptó públicamente que estaba contenida en el Acuerdo; concluyendo que “desconocer los acuerdos… son formas de conspirar contra la diversificación de la matriz productiva y la incorporación de valor”. Otra frase sin demostrar, que genera falsa oposición y pretende atemorizar a aquellos que no comparten la estrategia del PE.

El documento concluye que los 15 millones de dólares que aumentan las exportaciones “pone de manifiesto que el impacto es moderado”. El impacto que tendría este Acuerdo, de firmarse con Chile podría ser moderado. Sin embargo, este es el primer paso del PE en la estrategia de integración a través de tratados de nueva generación que comprometen (y esto es aceptado también por el PE) la autonomía en el diseño e implementación de políticas públicas. Otros acuerdos en la lista del PE son el ya conocido acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el acuerdo con el bloque del EFTA (países no integrantes plenos de la UE), el acuerdo con Canadá, entre otros. Al igual que lo que sucedió con el TLC firmado con Chile, no existe información respecto a los contenidos de estos acuerdos. Ni la ciudadanía, ni los y las parlamentarios y parlamentarias conocen los contenidos de estos acuerdos en negociación. Tampoco se conocen estudios de impacto que se estén realizando al respecto ni en qué medida aportarán a la estrategia de desarrollo del país que incluye la transformación de la matriz productiva.

El único esbozo de intentar una transparencia en este sentido ha sido la convocatoria a consulta pública sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur, en la página del MRREE. La gran pregunta que surge de esta iniciativa es sobre qué comentarían organizaciones sociales y la ciudadanía en general si no existen textos disponibles sobre las negociaciones. Lo único que ha circulado hasta el momento han sido filtraciones que no reflejan necesariamente el estado actual de las negociaciones ni el proceso negociador entre las partes.

Como si esto fuera poco, la transparencia y la participación sólo va en una dirección. El Canciller Rodolfo Nin Novoa en su llamado a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado manifestó que existe un estrecho diálogo con las cámaras empresariales respecto al acuerdo entre la UE y el Mercosur y que incluso mantienen un grupo de Whatsapp con estas gremiales para mantenerlas al tanto del minuto a minuto de las negociaciones. Llama la atención que la política de la cancillería solo considere a las gremiales empresariales como interesadas en los contenidos de acuerdos comerciales, y no a otras organizaciones de la sociedad civil como ser los trabajadores organizados en el PIT-CNT, asociaciones ecologistas y de medio ambiente, o especialistas en propiedad intelectual o comercio electrónico.*

 

Natalia Carrau

 

 Gustavo Buquet