La extrema pobreza en Uruguay

 

Escribe: Álvaro José Portillo*

A lo largo de toda la historia del país hubo ricos y pobres. Esta divisoria estuvo estuvo pautada por la naturaleza de las relaciones de producción que fueron desenvolviéndose  generando distintas expresiones de la desigualdad social.

La expresión de estas diferencias sociales si bien fue desde la modernidad del desarrollo nacional (fines del siglo XIX) en el correlato del desarrollo capitalista operado, ofrecieron muy distintas características.

En la actualidad se observa con preocupación y alerta una determinada franja social no muy numerosas que se constituye de diversas situaciones: las personas que viven en la calle, buena partes de los que “trabajan” en los espacios públicos, o las bandas de delincuentes armados cuya actividad principal es el hurto, la rapiña o el tráfico de estupefacientes en el último eslabón de la cadena.

Esta expresión de la pobreza contemporánea genera alarma pública por el incremento de la delincuencia y profundo rechazo frente al espectáculo de seres humanos totalmente degradados habitando los espacios urbanos. Incluso ello ha dado lugar a algo prácticamente inexistente en la sociedad uruguaya, la aporofobia (“la repugnancia y hostilidad ante las personas pobres, sin recursos o desamparadas “).

La pobreza es inherente al sistema capitalista, en particular en un escenario de capitalismo dependiente como es el de nuestra sociedad. Está en el adn del capitalismo producto de la explotación que  caracteriza la exclusión de sectores sociales, entre otras razones como un factor favorecedor del abatimiento del precio de la fuerza de trabajo.

Las expresiones actuales tienen una naturaleza y características especiales. A diferencia de lo que fuera en otro tiempo el “ejército de reserva de la fuerza de trabajo”, es decir un contingente de población que queda fuera de la ocupación laboral momentáneamente pero con la expectativa de un ingreso o reingreso a la actividad asalariada.

Los pobres del presente no tienen expectativas de reinserción, son el sentido más fuerte del término excluídos sin perspectiva existencial. Como lo indican las investigaciones realizadas, se trata mayoritariamente de personas que cumplieron penas en prisión, adictos o enfermos siquiátricos desinstitucionalizados,  todos ellos carentes de entorno familiar o con relaciones muy complejas con la misma.

A modo de ejemplo sirve la comparación de los pobres actuales con la pobreza que conoció la sociedad uruguaya a la salida de la dictadura. En aquella oportunidad, el férreo acotamiento producto del autoritarismo represivo, generó que con el regreso de la  democracia ser produjera una “invasión” de los sectores más empobrecidos –especialmente del interior del país- sobre las áreas centrales de las ciudades, en particular Montevideo. Venta callejera o vivir de la de la basura fueron las expresiones más visibles de esta pobreza.

Entrados los noventa ello se acotó al “hurgado de la basura”por la progresiva incorporación al mercado laboral de buena parte de este contingente de desfavorecidos.

La crisis del 2002 nuevamente empujó al espacio público a los vastos grupos castigados por la crisis. De nuevo la alternativa que más se asumió fue el vivir de los residuos. El curso de los acontecimientos iniciado en 2005 disminuyó notoriamente el contingente de hurgadores correlativamente a una incorporación masiva al mundo del trabajo.

Las políticas sociales del nuevo gobierno, en particular el Plan de Emergencia, sumado a la reactivación del mercado laboral, explican la caída a apenas un 9% de pobreza y un 0,5 de indigencia.

Estas cifras en términos generales se mantienen, aún con el freno relativo del crecimiento económico reciente. Un problema no previsto y mal conocido estaba incubándose mientras se producían estos cambios. En la sociedad uruguaya se instalaba una nueva cultura del delito como forma de vida (y de muerte) vinculada al narcotráfico y expresando un objetivo de apropiación violenta de los bienes materiales como forma rápida y fácil de gozar de la ilimitada oferta de consumo propiciada por una sociedad crecientemente inserta en los circuitos mercantiles globales.

Esta nueva realidad enfrenta  la sociedad a un grupo de personas en las que la exclusión sufrida los transforma en individuos desestructurados que los lleva al abandono total en un vida de calle alimentada por la droga o directamente la opción de la violencia delictiva y relacional expresada en el enfrentamiento armado con cualquiera  que se oponga a los fines personales.

Para esta nueva realidad las políticas sociales implementadas desde 2005 pierden su efectividad en la medida que no son capaces de hacer posible la resiliencia de los excluídos. Esto es lo que explica en parte el sentimiento de temor y estupefacción ante un escenario hasta ahora desconocido.

Lo que ocurre aquí no es más que una tímida réplica de una nueva realidad que está presente en todo el continente latinoamericano  con efectos aún menores que en otros países (piénsese en México, Brasil o la propia Argentina).

La respuesta a todo ello ha tenido distintas vertientes. Por un lado una determinada cultura garantista de los derechos humanos ha pretendido desde esa perspectiva responder obviamente con total ineficacia. La continuidad de las políticas sociales experimentadas en el pasado reciente con cierto éxito (refugios, asistencia alimenticia, etc.) queda muy lejos de resolver la problemática, así como un abordaje exclusivamente desde los derechos de los involucrados.

Hay un contingente de la sociedad excluído y desintegrado que hay que atender con mucho más complejidad más allá de sus legítimos derechos a los  que obviamente hay que respetar

Por otro lado ha surgido la respuesta punitiva. Más penas, más encierro, cadena perpetua (en Uruguay todavía nadie se ha animado a sostener la pena de muerte), generalización de las armas en la gente, apoyo a la justicia por la propia mano, linchamientos, etc. Todo ello haciéndose eco de un sentir universal.  Es el resucitar de la ultraderecha tanto con el formato neo nazi en Europa, o como las modalidades genocidas del Presidente de Filipinas Duterte o el candidato a presidente del Brasil, Jair Bolsonaro.

El común de la gente, particularmente los sectores populares que son los que más sufren, es muy sensible a acompañar este discurso de respuesta violenta. Ni el “garantismo” ni la represión generalizada son solución de nada, es más, ambas alternativas terminan agravando el problema.

Los 1600 individuos que duermen, se alimentan  y defecan en la calle, requieren un abordaje específico.  

También  las distintas bandas delictivas que asolan con rapiñas y otros delitos graves requieren un abordaje en el que lo fundamental es un esfuerzo de recuperación cultural ineludiblemente precedido en el caso de conductas delictivas por el encierro. La resiliencia de esta extrema pobreza no debe olvidar la protección del resto de la sociedad.

El encierro no debe ser una experiencia de sufrimiento. Se trata de un castigo ante un delito acompañado de un programa de recuperación seguramente particularizado a cada historia personal. Educación, trabajo, asistencia sicológica, acompañamiento a la salida de la reclusión, son alguna de las cosas que ineludiblemente se deben encarar. La reclusión en términos de hacinamiento, abandono, abusos, y otros sufrimientos, solamente sirve para consolidar la desestruturación y el odio con lo que la salida de la prisión es la fase previa de la continuidad de la actividad delictiva o el abandono de sí mismo con la droga y la marginación.

Todo lo anterior es tal vez la parte más sencilla del problema: el adecuado diagnóstico de la nueva extrema pobreza y la identificación de las formas de encarar la resiliencia de sus actores no es  lo que puede operar como solución.

El principal problema es que ello cuesta dinero. Cárceles de nuevo tipo sin hacinamiento y con trabajo y educación obligatorios, seguimiento de los ex reclusos, oportunidades laborales, tratamiento sistemático a los adictos y a quienes padecen problemas siquiátricos, entre otras cosas conforman el menú ineludible de una actividad programada de recuperar  a los actualmente excluídos.

Es aquí en donde el clamor colectivo por un abordaje exitoso de la problemática se desdibuja. Por el  contrario, el déficit fiscal, el supuesto excesivo costo del Estado, el no aumento del gasto público, aparecen y todo el problema queda intacto, alimentando el descontento y en ocasiones la desesperación de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

El gran problema que está en el trasfondo es que el bienestar y la convivencia armónica en la sociedad uruguaya requieren nuevos recursos que hay que definir, Decíamos al principio que siempre hubieron ricos y pobres, entre otras cosas porque ello es inherente al capitalismo, por lo tanto las soluciones de fondo a la extrema pobreza actual requieren de una voluntad política que haga posible contar con los recursos necesarios.

Cada vez es más frecuente oir desde la opinión pública y en particular por parte de los voceros de la oposición, reclamos para la enseñanza, la universidad, la salud, la infraestructura productiva, entre otros, que vienen acompañados de una categórica afirmación en cuanto a disminuir el gasto público y achicar el Estado. Encontrar satisfacción a las necesidades no resueltas (la seguridad y la convivencia entre ellas) implica decisiones redistributivas de los ingresos y una estrategia para incrementarlos, de lo contrario es demagogia.

Los pobres no son la causa sino la consecuencia, por lo tanto es perseguir la sombra no encarar las formas de revertir el proceso de producción de pobreza y violencia. Instalar el debate acerca de cómo obtener los recursos necesarios es imperioso sin olvidar que es el sistema capitalista el que alimenta la herida dejando esas huellas de ignominia.

 

   

Dr. en sociología y abogado Prof Catedrático de Sociología Urbana en la Facultad de Arquitectura UDELAR. Miembro del MAS e integrante del Área Programática del Frente Amplio