Por Clara Amorin

Si nos atenemos a las dimensiones macro y a las cuentas nacionales podemos aceptar que la economía uruguaya atraviesa una moderada recuperación. El gobierno, amparado en los niveles de aprobación que le otorgan las encuestadoras se encarga de amplificar la vigorización  y el repunte después de las primeras olas del Covid 19, en base a su potente línea comunicacional.

Para el movimiento popular es fundamental saber identificar este fenómeno y no situarse en el “negacionismo” del repunte para explicarlo sabiendo  que, en parte, se justifica por la evolución del escenario mundial. Pero, sobre todo, debemos focalizarnos en quienes son los ganadores y perdedores. Algo que resulta fácil desde  una perspectiva de  izquierda,  la apuesta a los “malla oro”, es la opción a favor por los propietarios de los medios de producción, el gran empresariado, el agro negocio, los terratenientes, los exportadores en general. En tanto que,  nítidamente se detecta que los perdidosos son los trabajadores, los jubilados y pensionistas, los micro empresarios, la economía social, sectores que han perdido, resignado ingresos y han visto deteriorase rápidamente sus condiciones de vida. Desde el abordaje de este tema, siempre es importante recurrir al contraste entre la información estadística y la realidad de la peripecia económica cotidiana de quienes viven de ingresos bajos y/o moderados. A mero título de ejemplo, digamos que el aumento de los precios de los productos que componen el mínimo vital, está totalmente desfasado de  la inflación y el crecimiento. Por ejemplo los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron  en el 2021 un incremento anual de 6,50%, vestido y calzado alcanzaron el 6,55% y el  transporte se ubicó en el  13,38%.

A mediano y largo plazo, la situación económica de Uruguay es complicada y con ribetes delicados; en lo inmediato se ve afectada por el aumento de la tasa de interés en los EE:UU, y no es descartable  que sufra una cierta afectación por las situaciones de conflictos geopolíticos, el caso del aumento del barril de petróleo  así lo confirma.

Una de las palancas del modelo adoptado por este gobierno, así como por los progresistas que lo precedieron, consiste en apostar fuerte a la Inversión Extranjera Directa (IED) que se ve amenazado por estos fenómenos.

Nosotros, leyendo la situación desde el campo popular debemos insistir machaconamente que las ganancias de los capitalistas, que se han acrecentado, provienen de  un sostenido ataque a los ingresos de los trabajadores, el aumento de las tarifas y la continuidad de la política impositiva beneficiosa al gran capital; tendencia que no se disipara sino que, por el contrario, se consolida. Los elementos que operan como  llamador para atraer  la inversión extranjera comienzan a erosionarse. La recuperación que hoy se exhibe en gran parte se apoya en el crecimiento de las exportaciones en volumen y precios, donde se destacan la carne bovina, la celulosa, la soja, energía eléctrica (ventas a Brasil), etc; que corren de la mano de la reactivación de la construcción, en la que inciden la obra de UPM 2 y el Ferrocarril Central,  sabiendo que las mismas tienen término y en el horizonte no se divisan proyectos sustitutivos.

Según datos recogidos en un informe de AEBU en los primeros 7 meses del 2021 los “malla oro”, depositaron la friolera de 2.900 millones de dólares, igual monto anual antes de instalada la pandemia.

Del lado de los trabajadores el Instituto Cuesta Duarte  habla  que en los primeros diez meses del 2021 hubo una pérdida del salario real del 2,19%, surgida de la diferencia entre el Índice Medio de Salarios (IMS) que fue de 5,6% y la inflación que llegó a 7,79%. Según un informe del Instituto Cuesta Duarte el salario real está en un escenario de pérdida desde marzo de 2020, el salario real promedio cayó 1,7% en 2020 (en comparación al mismo promedio de 2019) y en 2021 llegaba a 1,2% a octubre.

El desempleo es un indicador de cómo el costo de la crisis por la pandemia del Covid 19 fue pagado por los trabajadores, desde las medidas impositivas impuestas por el gobierno contra los trabajadores estatales, hasta por los picos en la tasa de desempleo que, por ejemplo, todavía en julio del 2021 estaba en un 10,4%. En diciembre de 2021, se reflejó una recuperación situándose en 7,4 %.

También se puede sostener que en la caída del salario tuvieron incidencia los acuerdos  salariales puentes, que representaron una opción adoptada por la mayoría de la dirección sindical, perp cuyo resultado no tuvo hasta ahora una evaluación autocrítica de carácter público. En ese marco de análisis tal vez esas decisiones pudieran constituir un error, enmarcado en una línea conciliadora afín a la realización de concesiones.

Claro está que desde el gobierno concentran su mensaje en trasmitir resultados  que dan cuenta de una  mejoría en materia de empleo, principalmente  esa ha sido la faena del Ministro Mieres.

La política clasista y conservadora del gobierno tiene otra pata en el  endurecimiento de las relaciones con los sindicatos y el mantenimiento de una tesitura antisindical junto con la tendencia a la política represiva, que se manifiesta  frente a la protesta e intensificación del control, así como a la criminalización de la pobreza en general. Mencionemos  tan solo tres episodios, todas perlas del collar represivo antisindical y que despiertan las alertas frente a las derivas, de “palo y palo”: represión en 3 Cruces frente a obreros del transporte, represión en el puerto, desocupación en despliegue intimidatorio de la UTU.

La vocación anti protesta y represiva  está recogida en la LUC, pero tiene una hilo conductor con el comportamiento anti obrero a lo largo del tiempo, no podemos abstennos de mencionar la ofensiva contra los piquetes, la inicio el progresismo en 2017 con decretos que pretendían evitarle problemas a Montes del Plata, también esos gobiernos prohibieron las ocupaciones de locales públicos, limitando la capacidad de movilización y repuesta de los trabajadores del sector público que hoy se ve ampliada por los avances de la derecha, pero  confirmándose que siempre las claudicaciones, las agachadas de los progresismos, o de  las izquierdas, sirven de estribo para las políticas desembozadas de la burguesía. Y esto no es más que una enseñanza que emana de la lectura de las luchas de los trabajadores en los últimos 150 años.

El 27 de marzo será un hito importante, puede ser un hecho relevante, aleccionador en el desbrozar un camino de derrota del proyecto y orientaciones del gobierno Lacalle. Los 50 días que tenemos por delante  serán decisivos, se está frente a una paridad de fuerza,  para ganar es necesario captar para el SI a un porcentaje de ciudadanos que todavía no tienen un posicionamiento firme y definitivo sobre el qué votar.

Dependerá de la capacidad de movilización, y las campaña de publicidad juegan, pero la movilización, el cuerpo a cuerpo, el convencimiento capilar es central. Jugarán los aspectos informativos y la claridad de lo que se trasmite, sin perder de vista el peso de lo afectivo. Al que se le suma ciertos reflejos incorporados en el comportamiento  y las cosmovisiones ciudadanas. Un posible resultado adverso no representará en modo alguno, un obstáculo insalvable de las capacidades y condiciones de lucha que caracterizan a nuestras mayorías si encuentran orientaciones correctas que estimulen su movilización y auto organización.

Sin vacilaciones, el movimiento popular debe transitar la unidad de acción engarzada con la diferenciación y la lucha ideológica, pregonando y forjando la unificación de las luchas sin tranzar.

Se trata de una batalla importante, pero no es la única, ni tendrá un valor definitivo e irreversible. En la batalla contra la LUC subyace  el combate mayor  de oposición y rechazo a la reforma de la Seguridad Social, de naturaleza regresiva, privatizadora, de cercenamiento de conquistas, de extensión y amplificación del papel lucrativo de las AFAPs. La mayoría de las direcciones han practicado un “etapismo” y no han querido fundir las dos luchas en una,  pese a que sobraban los elementos para hacerlo, entre los cuales figura el pronunciamiento del último Congreso del Pit-Cnt que por el momento solo tiene un valor declarativo. La mayoría de los sindicatos, de los partidos de izquierda, no se han involucrado con el movimiento en defensa de la seguridad social, lo cual es un error y un elemento revelador del comportamiento de ciertas direcciones.

La lucha por el salario también tendrá un rol central, donde habrá que empujar para recuperar lo perdido. Pero el combate por el empleo va mas allá del salario, porque abarca las condiciones de trabajo y la calidad del mismo,  elementos que emergen con fuerza como postulados a levantar y sobre los cuales hay que organizar al movimiento popular. Sin  olvidar que todo esto comprende y se complica por una lucha de base amplia que abarque los derechos y las libertadas, en planos múltiples, el de las mujeres, los jóvenes, las minorías, el medio ambiente, etc...

Si se logra avanzar dentro de estas coordenadas todo indica que existe la posibilidad de torcer  el brazo al gobierno, deteniendo en parte su propuesta de transformaciones estructurales. 

El desafío mayor que está planteado es transformar una serie de combates defensivos,  (Luc, Salario. etc..) por otros de índole  y naturaleza ofensiva: Seguridad Social, donde no que hay que quedarse en defender las conquistas, sino que hay que ampliarlas en clave de derechos, lo mismo ocurre en el plano de las libertades y la construcción de ciudanía democrática.

Posiblemente la Convocatoria de una instancia inspirada en el Congreso del Pueblo (1965) sea una de las herramientas que ayuden a catalizar y encausar este proceso.