Esto es lo que debemos priorizar a partir del 2020

Escribe: Daniel Olesker

El Frente Amplio asumió en 2005 luego de una profunda crisis económica y social que llevó a un desempleo de 15%, a una precariedad laboral de 40%, a una pobreza de 40% y a una caída del salario real de 26% en el quinquenio anterior.

Las políticas públicas en el marco del modelo de desarrollo que aplicó el Frente Amplio, y que hemos denominado de “crecimiento con distribución simultánea” posibilitó, al mismo tiempo que recuperar el crecimiento económico, redistribuir el ingreso, reduciendo el desempleo a un orden de 8%, la precariedad laboral al 25%, la pobreza al 7,5% y recuperó la caída salarial en el primer período de gobierno y mantuvo luego el crecimiento del salario real y del salario mínimo nacional.

¿Cuáles fueron las razones de este crecimiento incluyente?

No hay duda que la explicación de este crecimiento con distribución, que nos diferencia del crecimiento concentrador y excluyente de los años 90 se encuentra en la política pública.

En primer lugar una reglamentación de la ley de inversiones extremadamente permisiva y liberal desde el año 1996 que cambió con los decretos reglamentarios de 2008 y 2012. Éstos dieron mayores garantías al proceso inversor lo que generó un fuerte direccionamiento desde el estado e impactando  sobre el nivel de empleo y la localización de las inversiones, entre otros factores.

En segundo lugar, la convocatoria a consejos de salarios por rama de actividad que generó condiciones políticas, sindicales y económicas para la mejora global del salario real y la reducción de las desigualdades, mejorando sustantivamente los salarios más bajos.

En tercer lugar, la política de salario mínimo que tuvo entre 2005 y 2018 un crecimiento de más de 250%.

En cuarto lugar, las políticas activas de empleo, desde la propia ley de inversiones antes mencionada, pasando por las políticas de INEFOP y los estímulos diversos al empleo de sectores de actividad durante estos últimos 14 años.

En quinto lugar, los cambios en el acceso a las políticas sociales tanto desde el punto de vista de los recursos destinados, que se multiplicaron por más del doble en valores reales desde 2005, así como respecto a las formas igualitarias de acceso. 

En sexto lugar, un factor que también contribuyó a conjugar crecimiento con distribución fue la reforma tributaria en particular la derogación del impuesto a las retribuciones personales (conocido como el impuesto a los sueldos pues sólo a eso gravaba) por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

La lista de  Prioridades

El Valor Agregado

Es necesario desarrollar mayores cambios en la matriz productiva con el objetivo de agregar mayor valor a nuestra producción, tanto agregando más valor a los recursos naturales, por ejemplo en la exportación de celulosa o de carne, como nuevos sectores no dependientes de recursos naturales.

Ello supone aplicar políticas sectoriales que permitan el desarrollo de nuevos sectores productivos y exportadores, basados en la aplicación intensiva de trabajo y conocimiento o agregar mayor valor a los tradicionales, todo lo cual permitirá  diversificar nuestra economía, acceder a nuevos mercados y disminuir la dependencia del país con pocos productos y de alto contenido primario, así como la dependencia tecnológica de nuestra economía que es la principal restricción del desarrollo a mediano plazo.

En el ámbito legal esto supone modificaciones en la ley de promoción de inversiones y en los subsidios públicos con enfoque sectorial. Es decir ya no alcanza con los relevantes cambios de la promoción de inversiones de las normas reglamentarias de 2008 y 2012 que revirtiendo el enfoque neoliberal de esa ley,  se enfocaron en una intervención del Estado que prioriza en el crecimiento de la inversión el empleo, la localización en zonas más deprimidas, etc. Es necesario ahora poner el centro en promover sectores de actividad que definimos prioritarios para el cambio en la matriz productiva. 

En el ámbito de la innovación supone destinar más recursos a estas áreas por parte de la Universidad de la República y un estímulo a las empresas públicas y privadas a fin de priorizar el uso endógeno de tecnologías. Es necesario llegar al 1% del PBI para Investigación y Desarrollo.

El Trabajo

Es necesario potenciar las políticas activas de empleo y una buena base es la ley aprobada recientemente de un Programa Temporal de Subsidio al Empleo con subsidios de 25% sobre el salario en general y de 40% para mayores de 45 años.

Pensamos que sobre esa base debe diseñarse de manera prioritaria un programa que sea permanente a lo largo del quinquenio próximo, con un monto superior al de este programa (que fue de 15 millones de dólares para 18 meses), con un diferencial de subsidio no sólo por edad sino especialmente como hemos dicho antes con enfoque sectorial que premie la capacitación a los trabajadores nuevos que realicen las empresas.

Al mismo tiempo que subsidiar la demanda es necesario apoyar la calificación de los trabajadores para acompañar los procesos de cambio técnico de la producción. Se proponen 80 mil capacitaciones/año con ese fin y fondos de INEFOP.

En esta misma línea de 2005 a 2014 el mercado interno ha tenido un rol decisivo y en él han sido claves los salarios y las jubilaciones, principal ingreso de las familias uruguayas. A lo largo de estos años de gobierno del Frente Amplio el Salario Mínimo Nacional ha jugado un rol relevante en la mejora de la distribución del ingreso y ha permitido que los salarios más bajos de las ramas de actividad privada crecieran impulsados por dicho salario mínimo.

Sin embargo este proceso se ha enlentecido desde 2013 y es necesario recuperar su ritmo de crecimiento para empujar los salarios aún bajos y con ello dinamizar el mercado interno y contribuir al tema del empleo.

Volviendo a la mirada de mediano plazo que tiene que ver con los procesos de automatización y la propia dinámica futura del trabajo es necesario abordar como lineamiento para la negociación colectiva en los sectores de mayor desarrollo de la productividad, la propuesta de reducción de la jornada de trabajo con igual salario, de manera de compartir las mejoras económicas de dicha productividad con los trabajadores.

La Vivienda

Es clara la necesidad de otorgar a la política de vivienda y hábitat una fuerte prioridad social, en un contexto de profundizar el desarrollo de la matriz de protección social que desde 2005 hemos construido.

Y es claro que ello es imposible sin un aumento sustancial de los recursos asignados. 

Por ello proponemos en primer lugar partir como referencia mínima lo que asignaría hoy la ley 13728 (ley madre de vivienda) que es el 2% de la masa salarial del país. Ello representa una cifra anual de un orden superior a los 400 millones de dólares. Ese mínimo a su vez lo contextualizamos tomando como referencia al programa aprobado, que nos propone duplicar el presupuesto vigente en este quinquenio.

Una política de vivienda tiene que pensar como objetivo el acceso con justicia social a la vivienda.

Ello implica, en primer lugar, potenciar la construcción de nuevas viviendas, con énfasis en la construcción del modelo cooperativo de acceso a la vivienda. Y al mismo tiempo fortalecer los subsidios a la permanencia a partir de la aprobación de la ley vigente (que consolida el decreto reglamentario de 2008), reducir los intereses a las viviendas de carácter social y homogeneizar las exoneraciones tributarias (en particular el IVA a las compras de materiales) a todos los programas de vivienda de interés social. En referencia al rol del sector privado es necesario repensar algunos elementos de la ley 18795 de Vivienda Promovida. Ésta, por un lado permitió un primer objetivo de relocalización de la inversión en vivienda hacia zonas de la ciudad importantes y con servicios. Pero su segundo objetivo de acceso social de sectores de trabajadores de menores ingresos, no lo cumplió. Por ello hay que trabajar en esa dirección. La propuesta de topes a una parte de lo construido era una buena medida y será por ese camin, u otros con vínculos a los subsidios, los que habrá que recorrer para fortalecer y mejorar este instrumento de promoción de la inversión. 

En segundo lugar es necesario fortalecer los programas de mejoramiento de las viviendas existentes y generar condiciones para el acceso al crédito para dicho fin.

En tercer lugar, es evidente que se hace necesario abordar la emergencia habitacional. Se propone por ende que una parte de este significativo aumento de recursos se destine en un plan a mediano plazo,-por ejemplo 10 años- a las situaciones de emergencia socio-habitacional grave. En esta perspectiva el plan debe abordar mejoramientos de viviendas y/o construcción de vivienda nueva, tal  como se plantea más adelante en la propuesta de erradicación de la pobreza.

En cuarto lugar, el tema del acceso a la vivienda debe integrar la idea del acceso por la vía de los alquileres. Por ello, en línea con el programa abordado hay que incidir sobre el mercado de arrendamientos, mediante la creación, como se plantea allí, de un segmento voluntario que funcione con independencia de la ley de libre arrendamiento los alquileres y tenga sus propias reglas en materia de precios, plazos, garantías, etcétera y que será el que reciba estímulos como subsidios, garantías y préstamos blandos para refacciones y otros. 

Todo este programa, de acción sobre la vivienda, debe ir en un contexto que es el de la ley de ordenamiento territorial de manera de equilibrar la vida en las ciudades y adecuar entonces el territorio a la convivencia ciudadana. En ese sentido un tema central es el acceso a la tierra urbana y en ese marco la existencia nacional y departamental de carteras de tierras se transforma en una estrategia fundamental.

Plan de convivencia para contribuir a la eliminación de la pobreza

Es evidente que las acciones de inclusión social y la recuperación de la presencia del Estado como líder estratégico de las políticas de reducción de pobreza ha sido relevante desde 2005. Sin embargo como dice el Programa a pesar de* este importante reposicionamiento del Estado, persisten hoy algunas de las condiciones que reproducen la exclusión ya que por diversas razones, las acciones de fortalecimiento de la matriz de protección social no han logrado impactar en forma suficiente sobre dichos mecanismos de exclusión.

Este diagnóstico fue realizado con rigurosidad en el 2011 y motivó lo que se dio a conocer como la estrategia “7 zonas” que, funcionó, con evaluación positiva hasta 2014, pero luego no fue continuada. 

En aquel momento dicha iniciativa concibió al territorio como un factor clave de producción y reproducción de desigualdad y exclusión, razón por la cual se decidió intervenir en él para transformar la trama urbana. En ese sentido el Plan 7 zonas definió un despliegue sectorial de  políticas con eje en el territorio como la unidad central de intervención. 

Dicho plan construyó un programa de intervención urbano integral, que aumentó la presencia de los llamados programas sociales prioritarios (Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías), fortaleció las prestaciones sectoriales en intensidad y accesibilidad (Salud, Educación, Cuidados, Capacitación Laboral), al tiempo que promovió una intervención contundente en la trama urbana a través de obras de infraestructura para la convivencia así como el despliegue de una estrategia de seguridad local estructurada en torno al urbanismo social y la policía comunitaria.

Es necesario, entonces, reconstruir este programa desde una perspectiva política nacional y una dotación presupuestal adecuada. Se habla ahora de 25 zonas y ése debe ser el camino a emprender.