Por Clara Amorin
Trabajadores de la Salud Privada en En Lucha
En conferencia de prensa La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) dio a conocer los motivos de su movilización que incluye una paro general el viernes 23 de agosto. Para la FUS“ “Esta medida tiene como principal responsable la intransigencia del sector empresarial de la salud privada, que niega mejoras salariales en el marco del Consejo de Salarios del sector para trabajadores de la salud que realizan tareas vinculadas a la nueva realidad en el mundo del trabajo y que no están contempladas en el laudo. Mientras, los usuarios deben esperar hasta tres meses para poder ser atendidos por un especialista y hasta 12 horas pueden permanecer en una emergencia para tener acceso a una cama, o al momento de retirar medicamentos tienen que realizar una operación bancaria para poder pagarlos.
El Secretario General de la Federación , Jorge Bermudez afirmó,” buscaremos ofuscar de la menor manera posible a la población porque sufre un muy mal funcionamiento del Sistema de Salud, sobre todo del privado, el que a pesar de mover 2.000 millones de dólares al año, aquí quienes se benefician son gerentes que ganan un millón de pesos por mes, sectores en extensión quirúrgica que ganan entre 400.000 y 600.000 pesos por mes, mientras tanto la gente espera 2 meses para ver un especialista, o estar hasta 12 horas en una emergencia, o el alto valor de los tickets, lo que ya hemos propuesto con medidas concretas e ir disminuyendo gradualmente.
Hay un estancamiento en la reforma de salud en este tercer gobierno del FA y creemos que los principales sectores contrarios a los cambios, que están vinculados a las corporaciones médicas empresariales, son los que han bloqueado este proceso.”
Adeom ocupa el piso 2 del Palacio Municipal
El secretario general de la IM dijo que si en el gremio “quieren seguir jugando a este juego, que sigan jugando”
El jueves22 de mañana, representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), que sigue en conflicto, ocuparon el segundo piso de la Intendencia de Montevideo (IM), donde se encuentra el despacho del intendente Christian Di Candia. Inmediatamente la comuna se amparó en el decreto 354/010, que en su primer artículo establece que al ocurrir una ocupación de una institución pública por parte de trabajadores, el jerarca de esa dependencia solicitará el desalojo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que “procederá en forma perentoria a tentar una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata”. Pero como luego de establecido el procedimiento no se logró la desocupación, el ministro de esa cartera, Ernesto Murro,le solicitó a Eduardo Bonomi, ministro del Interior, que procediera al desalojo,c omo establece el segundo artículo del decreto mencionado.
“Lo lamentable de la jornada fue que volvieron a mandarnos al Ministerio del Interior para el desalojo. Abajo estaban los autos y las camionetas, y la Policía entró a la IM. Pero en ningún momento pasó la administración para buscar una solución”, dijo a la diaria Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom. Sostuvo que los jerarcas de la IM se habían comprometido a responder sus reivindicaciones, pero ninguno se hizo presente donde estaban ocupando, al igual que el anterior intendente, Daniel Martínez, que “nunca hablaba con los trabajadores y nunca daba una respuesta”.
A su vez, Fernando Nopitsch, secretario general de la IM, manifestó ue con Adeom se han reunido “todo este tiempo”, y lo seguirán haciendo mientras “no haya medidas”, por lo tanto, “si quieren seguir jugando a este juego, que sigan jugando”.
Cómo está la situación de la planta 10 San Carlos?
Claridad , a cuenta de un reportaje que aparecerá en el N| 26 recogió las últimas informaciones de Enrique González, dirigente sindical de la usina carolina.
La empresa desde fines de 2018 viene anunciando una reestructura que incluye el cierre de esta planta para el 1er trimestre de 2020.
Como es lógico los trabajadores solicitaron conocer la información económica sobre la que se funda esta decisión de cierre. La primera respuesta de la empresa fue que esta información era sensible y que no sería facilitada al sindicato y que si seria facilitada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su estudio y evaluación. Los trabajadores subieron el envido y propusieron que fuera entrega al Instituto Cuesta Duarte, entonces. Conaprole hace un quiebre de cintura, manifiesta estar dispuesta a entregar la información, si en sindicato firma con un contrato de confidencialidad..
El texto ha sido estudiado por los asesores jurídicos del sindicato y los trabajadores llegan a la conclusión que el mismo es una mordaza, que le impide seguir informando, denunciando la situación, por lo cual se disponen a rechazar su firma-
Fiscales en conflicto
La Asociación de Fiscales resolvió no atender al público y dejar de asistir a algunas audiencias, como forma de reclamar ante cargas de trabajo que consideran desmedidas. Un grupo de afiliados entendió que la medida era desproporcionada porque afectaba a las víctimas de delitos y decidió renunciar al gremio en protesta. Otro grupo de fiscales fue suspendido de la asociación porque tiene cargos de jerarquía en la Fiscalía General y sus compañeros consideran que “no pueden estar en los dos lados”. Al mismo tiempo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, asegura que la institución está abierta al “diálogo” para solucionar el conflicto, aunque aprobó una resolución que advierte sobre descuentos salariales a quienes tomen medidas, y desde la asociación replican que de esa forma no se puede negociar.