Gustavo Ricci (52) es el presidente de FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE). Ingresó al ente hace poco más de tres décadas y es firme militante de su sindicato apenas un poco menos de esa treintena. Un tiempo, más o menos igual al que lleva afiliado al Partido Socialista. Durante ocho años fue representante de los trabajadores en el Seguro de Salud para los funcionarios de OSE. Es también periodista deportivo. Una mata de pelo ensortijado cubre su cráneo y corona un físico robusto, tiene aspecto juvenil y está, casi siempre, de buen talante. Sus manos y sus movimientos confirman el mensaje de sus palabras. Su planteo brinda seguridad. No es un improvisado, sabe de lo que habla y actúa sobre la base de la experiencia acumulada. Y cuando lo hace, mira de frente. Irradia confianza. Y así lo hace cuando responde a nuestras preguntas.

Claridad.- Esta Ley de Riego tiene el respaldo de la mayoría del bloque político parlamentario y su largo tiempo de gestación y estudio como garantía de seriedad. En cambio, el sindicato que usted dirige elaboró una respuesta muy rápida que no tiene en cuenta estos antecedentes y ha salido a la palestra con términos tajantes en el planteo. ¿Han tenido tiempo de estudiar la propuesta, de elaborar respuestas que fundamenten el rechazo, o se trata simplemente de una actitud de militancia opositora, como afirman algunas opiniones críticas de este emprendimiento sindical?

Gustavo Ricci.- No es así, aunque haya quienes difundan versiones de ese tipo. El tiempo que demoraron en plasmar la Ley no es argumento a favor, sino que denota otros aspectos no tan positivos. Del mismo modo, la bondad de la ley no es general sino que es buena para un determinado sector, al que se quiere favorecer. Para ellos, sin duda que esta ley es buena. Y en cuanto a nuestra movilización y su rapidez de respuesta es el reconocimiento de que no estábamos “esperando que lloviera para abrir el paraguas”. Estábamos alertas y dimos señales de ello.  

Pero respondiendo a la pregunta que me formula, le digo en forma sintética que nuestra oposición a esta Ley de Riego no es improvisada sino que se basa en tres aspectos fundamentales: porque transgrede principios constitucionales; porque impone bajo su amparo un modelo de producción sin que se haya difundido y consultado la opinión generalizada de la población que es receptora de sus consecuencias y por los impactos ambientales negativos que genera.

Esta Ley de Riego al dejar en manos de los privados la gestión de las aguas superficiales, algo expresamente prohibido por la Constitución, desconoce el artículo 47 de la misma establecido por la ciudadanía en el plebiscito del año 2004. Además, el parlamento aprueba esta ley que gestiona y planifica el recurso hídrico sin dar participación a la sociedad civil (Comité de Cuencas). Y esto violenta nuestra carta magna que establece claramente que para la gestión, planificación y control del agua se debe dar participación a la sociedad civil. Un aspecto que, evidentemente, se ha omitido en este caso.

C.- Sin dudar de la honestidad y capacidad de los asesores sindicales, no puede desconocerse que ellos siempre van a tener un sesgo favorable al que sustenta la organización sindical, pero ustedes, frente al bloque parlamentario carecen, al menos por ahora, de una opinión que pudiera calificarse como autónoma y guiada por el principio del interés general ,y eso les hace poner a la defensiva, intentando explicarse, de modo que, lo que denuncian, pese al sustento que tiene, siempre es  la visión particular del sindicato. ¿Cómo pueden ustedes modificar la posición defensiva que ha adoptado el bloque parlamentario?

GR.- Veo que esto va en la línea de sus preguntas anteriores que no le quitan legitimidad al planteo de nuestro sindicato pero si ponen en duda el cumplimiento  de los requisitos necesarios para darle sustentabilidad al rechazo de esta ley. Parecería que de un lado está la seriedad y del otro la improvisación Lo invito a que vaya haciendo la lista de las referencias, además de nuestra opinión, muy válida por cierto, de otros actores de la sociedad civil a los que nosotros hemos recurrido y que ya señalé en mi respuesta anterior. Y ahora, respondiendo específicamente, le agrego otra referencia más.

Le cito, por ejemplo, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, una institución que integra la estructura del Poder Legislativo. Tiene su independencia técnica de los tres poderes del Estado y su dirección está integrada por personas de reconocida trayectoria pública. Sus conclusiones y recomendaciones son contundentes. Para esta Institución no hay duda y así lo establece su informe, que esta Ley de Riego favorecerá a los grandes capitales, que su orientación apunta a la maximización de la ganancia del privado por sobre el mantenimiento del recurso agua y que tendrá impactos ambientales. FFOSE valora este informe como un documento esencial para que la población tenga un punto de vista independiente sobre la Ley de Riego.

C.- Bien, estos son los aspectos jurídicos constitucionales, pero las apreciaciones de la organización sindical son más severas cuando denuncia posibles consecuencias de la aplicación de esta ley. Considerando que hay mucha gente a favor de la misma  ¿no exageran la nota con denuncias de posibles consecuencias y solo muestran las supuestamente negativas pero omiten sus consecuencias positivas?

GR.- No puede ignorarse que esta ley de Riego impone un modelo de mercantilización del agua, ya que permite a los inversores, nacionales y extranjeros, cobrar por la utilización de este elemento que como se sabe -y debe recordarse- es considerado por ley un recurso natural propiedad de todos nosotros. Además, permite cortar el suministro por falta de pago y habilita a estos propietarios privados utilizar el agua almacenada para generar energía eléctrica y luego comercializarla en el mercado interno.

Pero no es solo esto, es decir, un desembozado privilegio que se adjudica a un determinado y pequeño sector. Complementariamente, la ley de riego transfiere recursos de toda la sociedad a estos inversores privados al exonerarlos del pago del IRAE. Y a esto hay que sumarle que desde enero de 2017 todos los usuarios de OSE pagamos –eso viene incluido en la tarifa- un sobrecargo para financiar obras que permitan mitigar el impacto ambiental de la actividad agropecuaria. Es decir, todo pagamos por la contaminación que provocan unos pocos.

C-. Permítame una interrupción. Usted dice que  en la tarifa de Ose está incluida  digamos que una “contribución o aporte” que no se sabe cómo fue aprobado, pero que por esta vía, es obligatoria para todo aquel que esté conectado al servicio que brinda OSE pero ¿no cree que  es un instrumento efectivo  para superar las lamentables condiciones en que se hallan las principales cuencas hídricas de nuestro país?  

GR.- Lamentablemente no es así. Lamentable no solo por el desembolso general, injustamente igualitario en este caso, sino por sus resultados. Porque esta ley ahonda más aún las condiciones de importante deterioro que al día de hoy ostentan esas cuencas que usted señala. En el estudio y aprobación de la ley en sus instancias parlamentarias faltó esta visión, pero los trabajadores, sin saber cuál podría ser la respuesta, recurrimos a ella para aceptar o rechazar los criterios de aplicación. Para sustentar esta afirmación, nos apoyamos en la declaración de cientos de científicos integrantes del Departamento de Limnología de la Facultad de Ciencias que hicieron saber su punto de vista crítico al respecto.

Y vaya sumando todas las referencias que aportamos y que resultan críticas a la Ley de Riego.

C.- No puede desconocerse que esta es una lucha desigual ya la Ley tuvo el apoyo mayoritario del sistema político representado en el parlamento y sin entrar en los detalles, en términos generales, podemos decir que la aprobación de esta Ley de Riego tiene el aval de todo el sistema político y ustedes, el movimiento sindical, es, por ahora, el protestante, el disconforme, el que se alza contra el statu quo en una actitud insumisa ante los resuelto por el sistema. ¿Con qué medios e instrumentos piensan oponerse y mantenerse movilizados ante esta evidencia que podemos decir es abrumadora?

GR.- Parece que fuera así, pero no lo es tanto. Es cierto, salvo las excepciones constituidas por  una senadora y un diputado del Partido Nacional y otro de Unión Popular, el resto la votó. Más allá de este dato de la realidad, hemos venido recibido desde el lanzamiento de esta campaña, poco a poco, adhesiones de diversos movimientos políticos, incluso de adentro del Frente Amplio que manifiestan desconocimiento anterior o que han revisado sus opiniones. Además los argumentos sostenidos de la garantía que significa eso que usted señala, están ahora muy debilitados. Y, debo reconocerlo, no lo es por mérito nuestro sino del propio cuerpo parlamentario.

Lo que algunos están haciendo es cálculo aritmético para ver si podemos llegar o no al número de firmas. Esos son los apostadores de quiniela que quieren el número salidor. Nosotros nos movemos, lo hemos demostrado y lo seguimos haciendo, con rigor, con seriedad y defendiendo principios. Cuando nosotros convocamos a firmar “para derogar la ley y defender la constitución” decimos eso y ni la idea, ni la expresión que utilizamos, da lugar a sustituciones. ¿Soy claro?  

C.- Sí que lo es, por eso insisto en este punto. Han surgido iniciativas que buscan modificar algunos aspectos de esta ley, son muy tímidos y modestos aún, ¿cómo los ha recibido FFOSE.?

CS.- Nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Tampoco estamos anhelantes aguardando que nos llegue algo. Si algo se nos propone  en el sentido de mitigar los aspectos negativos de la Ley de Riego, serán bien recibidos por nuestra parte y estamos dispuesto a escuchar, dialogar y asesorar, si se nos pide. Pero, sin perjuicio de eso, consideramos que si lo hicieran llegarían tarde.

El camino a recorrer hubiese sido el inverso a este planteo. Estas reuniones deberían haber acontecido antes de la aprobación de la Ley y no después. Sin rehusar el diálogo, ni la consulta nosotros tenemos claro que hay situaciones que no son negociables. Si el Gobierno sigue manteniendo la postura de esta Ley de permitir a inversores privados, nacionales o extranjeros, gestionar para su comercialización un recurso natural de todos los uruguayos, la campaña de firmas seguirá adelante. De la única manera que esta campaña se suspenda es que el Gobierno y el Parlamento, deroguen la Ley de Riego.*