En el marco de tratar el tema del Diálogo Social en Claridad pensamos que había que comenzar intercambiando con Nathalie Barbé, secretaria de ATSS e integrante del secretariado del Pit-Cnt, que actuó como su representante en los trabajos del Diálogo.
Nathalie Barbe
1. ¿Cómo pesó el apoyo recogido por los tres puntos de la papeleta del plebiscito en lo consignado en dicho documento?
El apoyo que recogieron los tres puntos de la papeleta tuvo un peso político y social muy importante. Más allá de no haber alcanzado el resultado necesario para aprobar el plebiscito, hubo cientos de miles de uruguayos y uruguayas, un millón de votos que expresaron una voluntad clara de transformar el sistema de seguridad social. Eso dejó en evidencia que existe una preocupación profunda en nuestro pueblo sobre las jubilaciones, las AFAP y las condiciones de retiro de los trabajadores y trabajadoras.
Ese respaldo popular no puede ser ignorado ni por el sistema político ni por quienes impulsaron la reforma. De alguna manera, obligó a que muchos de esos planteos estuvieran presentes en el debate del Diálogo Social y en la discusión pública. El plebiscito logró instalar temas que durante mucho tiempo se intentaron presentar como incuestionables, y hoy hay una parte importante de la sociedad que entiende que el actual sistema genera desigualdades e incertidumbre para el futuro.
Además, el proceso de recolección de firmas y de campaña también dejó algo muy importante: un nivel de organización y conciencia colectiva que sigue existiendo. Se recorrió el país, se discutió cara a cara con miles de personas y se construyó una acumulación política y social que continúa más allá del resultado electoral.
2.¿Podés señalar cuáles serían los cambios que surgirían del documento del Diálogo Social? Naturaleza y alcances.
El documento del Diálogo Social plantea algunos cambios importantes, sin embargo, entendemos que siguen siendo cambios insuficientes si no se toca el núcleo del modelo impuesto por la reforma. Porque el problema de fondo continúa siendo un sistema que traslada cada vez más peso sobre los trabajadores y trabajadoras, que obliga a extender la vida laboral y que mantiene la lógica de las AFAP como parte central del sistema previsional.
En cuanto a la naturaleza de esos cambios, aparecen medidas orientadas a mejorar algunas coberturas y atender situaciones de mayor vulnerabilidad social. También hay planteos vinculados a flexibilizar determinados aspectos del acceso a prestaciones. Pero respecto a sus alcances, vemos límites importantes, porque no hay una transformación estructural del sistema ni se cuestiona seriamente el papel de las AFAP ni el proceso de privatización parcial de la seguridad social.
Nosotros creemos que discutir la seguridad social implica discutir qué modelo de país queremos. Si queremos un sistema basado en la solidaridad y en el derecho a una vejez digna, o un sistema donde predomine la lógica del mercado y del ahorro individual.
3. ¿Existe un estimado de sus costos?
Siempre que se habla de ampliar derechos aparece rápidamente la discusión sobre los costos, pero muchas veces no se pone el mismo énfasis cuando se habla de beneficios al gran capital, exoneraciones fiscales o privilegios para determinados sectores económicos. Nosotros creemos que la discusión debe darse sobre cómo se distribuye la riqueza que genera nuestro país.
Uruguay genera riqueza, produce y tiene recursos. El problema es hacia dónde se orientan y cuáles son las prioridades políticas. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de garantizar derechos básicos para la población, especialmente para quienes trabajaron toda su vida. Por eso creemos que no se puede analizar únicamente desde una lógica de ajuste fiscal o de equilibrio contable.
Además, muchas veces se presentan cifras alarmistas sin discutir también el costo social que tiene mantener jubilaciones insuficientes, obligar a la gente a trabajar más años o sostener un sistema que beneficia financieramente a las AFAP mientras miles de personas llegan a la vejez con incertidumbre.
La discusión económica es válida y necesaria, pero tiene que estar acompañada de una discusión política y ética sobre el modelo de sociedad que queremos construir.
4. A partir de la lectura de la correlación de fuerzas, en el movimiento social y en el sistema político, ¿cómo se puede desarrollar un curso de acción para que dichos cambios se traduzcan en medidas concretas?
La correlación de fuerzas muestra que ninguna transformación profunda va a venir solamente desde arriba. Los cambios concretos dependen de la capacidad de organización y movilización del movimiento sindical y social, de acumular fuerza en la sociedad y de sostener estos temas en la agenda pública de manera permanente.
El plebiscito dejó una base muy importante sobre la cual seguir trabajando. Demostró que existe una parte muy significativa de la población dispuesta a discutir estos temas y a enfrentar una reforma que sintió injusta. Ahora el desafío es transformar esa acumulación social en una fuerza capaz de incidir políticamente y de seguir construyendo mayorías.
También es necesario ampliar el debate y llegar a sectores que quizás todavía no sienten el impacto inmediato de estas medidas, pero que lo van a vivir en el futuro. Porque el problema de la seguridad social no afecta solamente a quienes están próximos a jubilarse; afecta a generaciones enteras de trabajadores y trabajadoras jóvenes que hoy viven condiciones laborales más precarias e inestables.
Creemos que el camino sigue siendo la organización colectiva, la unidad del movimiento popular y la construcción de propuestas que permitan enfrentar el discurso de que no hay alternativas. Sí hay alternativas, pero requieren voluntad política y fuerza social para llevarlas adelante.
5. ¿Cuáles son las condiciones y las posibilidades de continuar luchando por los grandes postulados del plebiscito: jubilación a los 60 años, eliminación de las AFAP y equiparación de las prestaciones con el salario mínimo?
Nosotros creemos que siguen existiendo condiciones para continuar luchando por los grandes postulados del plebiscito: la jubilación a los 60 años, la eliminación de las AFAP y la equiparación de las jubilaciones mínimas con el salario mínimo. Son reivindicaciones profundamente justas y que siguen teniendo respaldo popular, porque parten de necesidades concretas que vive nuestro pueblo.
La jubilación a los 60 años tiene que ver con reconocer que no todos los trabajos se realizan en las mismas condiciones y que miles de trabajadores llegan con desgaste físico y mental después de décadas de trabajo. La posibilidad de retirarse con dignidad no puede transformarse en un privilegio para unos pocos.
La eliminación de las AFAP también sigue siendo una bandera central porque entendemos que la seguridad social no debe ser un negocio financiero. Las AFAP trasladaron enormes recursos al sector privado y generaron mucha incertidumbre sobre las futuras jubilaciones. Creemos que el sistema debe volver a basarse en principios de solidaridad y distribución colectiva.
Y la equiparación de las prestaciones mínimas con el salario mínimo apunta a algo básico: que ningún jubilado o jubilada viva por debajo de condiciones mínimas de dignidad después de haber trabajado toda su vida.
Sabemos que estos objetivos no se conquistan de un día para otro. Pero también sabemos que en Uruguay ningún derecho importante fue un regalo. Las conquistas sociales y laborales siempre fueron resultado de la organización, de la lucha y de la persistencia colectiva. Por eso entendemos que este proceso no terminó con el resultado electoral; al contrario, abrió una nueva etapa de debate, organización y acumulación social para seguir peleando por una seguridad social más justa.