Un programa movilizador para detener la entrega del país

Por Gabriel Portillo

El reciente paro general parcial del Pit-Cnt en el marco de la Rendición de Cuentas 2022, “en defensa de la negociación colectiva, por el rol social de las empresas pública, y para generar empleo de calidad”, demostró la capacidad de los trabajadores organizados para ofrecer resistencia al programa de ajuste que lleva adelante el gobierno. Programa que incluye, desde la intención de debilitar a los sindicatos en su defensa del salario y el empleo, reformando la ley de negociación colectiva, hasta el avance autoritario como telón de fondo, pasando por la militarización de la Guardia Republicana vía rendición de cuentas, con lo que esto implica, así como la intervención de colectivos populares como sucedió con  el club Villa Española.

Para algunos casos se esgrime el viejo argumento de “la competencia nos hará más libres”, así como la tan mentada rebaja en los costos de los servicios públicos. Es como un chiste de mal gusto que el gobierno nos quiera “vender” un relato de la situación, ocultando una política de desmantelamiento del Estado y entrega a privados, como con la desmonopolización de Internet, del puerto o el Proyecto Neptuno, afectando, una y otra vez, a las empresas públicas para beneficiar a sus amigos, esos que le hacen al gobierno las campañas de desinformación con el propósito de contener los reclamos del pueblo. 

Se trata de la receta neoliberal de siempre: recorte de las inversiones y no ingreso de personal lo que trae como consecuencia el deterioro del servicio, por ejemplo: apagones, o peor calidad en el agua que tomamos. A quien afecta todo esto es a la gente “de a pie”. Sin duda se resiente su calidad de vida ya que son servicios esenciales, y de lo que deberíamos estar discutiendo es cómo los mejoramos y no cómo los defendemos.

Y ¿con qué se insiste de parte de los economistas, que son usinas ideológicas de la derecha?: “…una batería profunda de reformas que impliquen mejorar la productividad, generar incentivos para la inversión y rentabilidad en el sector productivo” “bajar las barreras profundas de Uruguay…” ¿Cuáles son esas barreras? Los empresarios señalan, como era de suponer, la rigidez salarial: “hay que revisar categorías”, convenios que son “ridículos” en este momento y jornada “laboral estricta”, la “carga impositiva alta.” Terminan diciendo que esta agenda es ineludible y urgente.

En el ojo de la tormenta están tanto OSE, como ANTEL y sigue estando ANCAP. Por dar solo algunos ejemplos de lo más actual: vinculado a OSE está sobre la mesa el Proyecto Neptuno. Los compañeros  de FFOSE desarrollan en torno a esto una serie de actividades y movilizaciones muy buenas que hemos tenido oportunidad de acompañar. Esta entrega atenta contra la Constitución y va contra la reforma de la misma, pasando a empresas  privadas, vinculadas a la industria de la construcción la posibilidad producir agua potable extraída del Rio de la Plata y venderle la misma a OSE por 30 años. Iniciativa que técnicamente fue desestimada por cuanto informe se hizo, salvo cuando la fiscalización la hace la empresa que pretende cerrar el negocio, sin llamados ni licitaciones mediante ni nada que brinde una mínima transparencia. Además de lo ya gastado en la empresa estatal israelí para mejorar el proyecto de los privados, que no dijo nada muy concreto ni serio que pueda ser sustentado (esto dicho por los propios gerentes de OSE), el mismo le saldría más caro que el proyecto que ya tenía sobre la mesa OSE vinculado a Casupá. Lo ideológico se impone por sobre lo técnico.

La ofensiva contra ANCAP es recurrente pues siguen sin dar una solución a todos los problemas que ellos diagnosticaban, mientras se vive con la zozobra de cuándo y cuánto van a subir el precio del combustible y las tarifas, además de la liquidación del Portland. 

ANTEL, empresa sólida si las hay, comienza a verse el inicio del fin con la decisión del directorio de desmonopolizar el servicio de internet. El gobierno les regala a los privados toda la inversión hecha por el estado. Reducir los contenidos de Vera Tv y la portabilidad numérica que se concreta con la LUC, fueron las primeras medidas. Ahora resuelven que Vera tv le pague la cifra de 1 millón de dólares a los canales 4, 10 y 12 por año, que no invirtieron en infraestructura y tampoco en contenidos de calidad, para pasar contenido que nadie ve. Negocio que solo cierra cuando el que pierde es el Estado. De nuevo, violando y rompiendo en los hechos y por decreto el monopolio de Antel en Internet para favorecer a dedo al grupo de amigos, como ya dijimos.

Hay un hilo conductor de resistencia y de regreso a lógicas que pretenden privatizarlo todo y reducir el Estado lo suficiente pero que a la vez pueda mantener los compromisos y las ganancias con los privados. ANTEL se la defendió en el 92 y ganamos. A partir de este momento se vuelve empresa de punta, del primer mundo, reconocida a nivel mundial. Hoy empieza a estar cuestionada su viabilidad y continuidad eficiente. En el 2003 tuvimos el plebiscito en defensa de Ancap. Y en el 2004 la reforma constitucional transformando el agua como un derecho humano fundamental (Art. 47) que debe ser gestionada exclusivamente (Art. 188) por una empresa pública.

Encima de todo esto persiste el aumento de tarifas. incumpliendo desde el arranque con las  promesas realizadas en la  campaña electoral. A esta altura está más que claro que para los de abajo no serán los cinco mejores años de su vida si no por el contario, alcanza con ver la agudización de las situaciones de hambre y pobreza en los sectores populares. Además del debate de la Seguridad Social que recién comienza y donde parece que la única solución es: que se jodan los trabajadores.

En cuanto a la Rendición de Cuentas, podemos decir que se ahorraron plata en plena crisis y con pandemia, se jactan de ello y ahora nos  dan menos dinero que lo que ahorraron, menos de lo que no ejecutaron, y pretenden venderlo como un mérito.

 

Lo que subyace es el intento de despolitizarlo todo. Solo despolitizando y yendo en contra de la democratización es que se logra en todo caso hacer creer a la gente que lo que les pasa es lo natural y lo único esperable y que el gobierno no tiene nada que ver con la crisis que se vive. Despolitizar la vida, las instituciones, la educación, las ollas. Hay un comodín que se usa sistemáticamente y es el “que no se partidice” que “no se hace política, sino que se está gobernando”, los dichos del presidente recientemente frente a la intervención de Villa Española: “el gobierno no interviene porque le gusta…”

Cuando el neoliberalismo aplica su programa de reformas nunca son válidas las razones técnicas, el interés nacional o el bien común nada de eso los hará retroceder. Solo el pueblo organizado con disposición de lucha podrá detener la aplicación de su programa.

En ese sentido, al conjunto de las organizaciones populares se le presenta el desafío no solo de resistir a estas políticas de ajustes, sino de intentar construir una propuesta que cierre el paso en el futuro, a las políticas neoliberales de entrega del patrimonio público. Y construir un programa con todas las fuerzas sociales que tenga como eje la salida de la crisis, y en el mediano plazo la recomposición del desastre. Así como insistir en la perspectiva de construcción de una serie de reformas de fondo capaces de cambiar el rumbo del país para varias generaciones. Podrá ser una reforma constitucional, una nueva reforma tributaria, la reforma de salud y una verdadera reforma educativa, habrá que verlo con el conjunto de los actores sociales. El programa de nuevas y más radicales transformaciones del Estado, la economía y la sociedad deben ser un producto social; no va a ser un producto académico, que tendrá sin duda aportes para hacer, ni tampoco saldrá de un debate político partidario, ni desde un gobierno sino incorporando la presencia activa y protagónica, como actores fundamentales, de quienes luchan y sufren el programa antipopular y autoritario.