Por Anahit Aharonian Ingeniera Agrónoma
En una primera nota* hice referencia a asuntos que necesitan otros espacios para explicar en profundidad; veamos entonces algunos de dichos asuntos.
Agua, un bien común; agua, esencial para la vida; agua, un derecho humano, “el agua no se le niega a nadie”, agua, agua, agua. Se lee, se habla con enfoques diversos en también diversos tonos de catástrofe, de miedo**, ¿con qué objetivo se amedrenta si lo que ocurre pudo ser prevenido y estamos aún a tiempo para revertir daños? En general, esta temática se trata públicamente como si el accionar de las grandes corporaciones no tuviera responsabilidad alguna en el cambio de uso de la tierra y por tanto en la situación crítica a la que el agua ha llegado y –de alguna manera- se va conduciendo el pensar/sentir colectivo a una suerte de fatal resignación.
Seamos claros: quienes detentan la tenencia de las tierras son las grandes corporaciones, que son también quienes se llevan las ganancias y a su vez degradan los bienes naturales al hacer un uso exhaustivo de los mismos (agua, energía, fertilidad de los suelos, etcétera). Pero quien tendrá que restaurar o remediar lo degradado será la sociedad toda. ¿Alguien ha hecho el cálculo de cuál sería el costo de dicha restauración en caso de ser posible? ¿Y si no es posible?
Recordemos que la naturaleza no es sólo un recurso en sentido económico, sino también un “servicio” en términos ecosistémicos. Éste es el caso de los suelos cuyos “servicios” permiten la recarga de acuíferos, el control de inundación, la renovación de la fertilidad que sustenta a la agricultura alimentaria, entre otros bienes. Pero lo más importante es que todos estos servicios no tienen un valor en la economía de mercado que hoy “invierte” en su explotación como recurso.
A vertiginosa velocidad se suceden obras a gran escala, las que no incluyen una planificación en el ordenamiento territorial, tampoco la debida información de los estudios previos ni la posibilidad de discutir los mismos por parte de la ciudadanía.
Un ejemplo es la falta de información sobre los impactos causados por el trazado de la nueva vía del “tren de upm” al atravesar el territorio de la Cuenca del Santa Lucía de norte a sur para acortar distancias y maximizar ganancias, sin mencionar los impactos sociales y culturales. Cero planificación hidro-ambiental de nuestros territorios, máximo lucro empresarial. ¿Cómo un mismo estado habilita semejante obra, invisibilizando alertas y cuestionamientos bien fundados de la sociedad organizada, mientras paralelamente transmite miedo ante posibles derrames que podrían colapsar la planta de OSE que abastece al 60% de la población?
Otro ejemplo es que desde hace casi una década se conoce la determinación de la empresa estatal israelí Mekorot para desalinizar nuestras aguas: en reuniones de Cuenca fue cuestionado –por ser Uruguay un territorio rico en agua dulce, por ser violatorio de nuestra Constitución y por las características de esta empresa- pero en ese entonces nos negaban que fuera a ocurrir. Con estos nuevos proyectos, Mekorot ya tiene el camino allanado, es tiempo de retomar denuncias que hemos expuesto ante diferentes audiencias: Mekorot se ha desarrollado en base al robo de aguas y territorios al pueblo palestino, practicando –además- el apartheid, lo que significa segregar a un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales.
En este caso –nuestro caso- quizá estemos frente a un futuro apartheid líquido.
Si bien el río Jordán, es compartido entre los países vecinos: Jordania, Siria y Líbano, este río es el único recurso hídrico superficial permanente y confiable en Palestina pero debido a los proyectos israelíes de desvío de aguas, el flujo anual promedio ha disminuido drásticamente. Asimismo, la calidad de su agua se ha deteriorado debido al desvío y por la disposición de aguas residuales sin tratar de las colonias israelíes de ocupación.
¿Podremos creer que aquí tendrán otro comportamiento?
* http://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-nacional/962-agua-un-bien-comun-no-una-mercancia