Rodrigo Alonso entrevistado por Eduardo Aparicio
Rodrigo Alonso
Rodrigo Alonso es economista y Eduardo Aparicio lo entrevistó procurando recoger comentarios relevantes sobre algunos aspectos de la coyuntura, donde la economía crece y los salarios pierden poder adquisitivo y tener además una visión sobre las medidas de naturaleza paliativas y transitorias que tanto desde el Pit.Cnt como del Frente Amplio, se han presentando recientemente al gobierno. Estas fueron sus respuestas:
Claridad : -¿De qué manera y en qué medida la política del gobierno ataca al consumo?
-R.A.-Lo hace en la medida en que ha adoptado una política salarial que no garantiza la manutención del poder de compra de la población, aún en un escenario de crecimiento económico. Las pautas salariales definidas por el Poder Ejecutivo implicaron pérdida del salario real para públicos y privados y como las jubilaciones se ajustan con la variación promedio de los salarios nominales, también esto ha afectado a los jubilados en el mismo sentido. De modo que en 2021 vivimos la paradoja de que Uruguay incrementó su Producto Bruto Interno (PBI) cerca de un 4,5% respecto al año anterior, pero la mayor parte de su población se hizo más pobre, porque aproximadamente 2/3 de las personas vive en hogares cuyo principal ingreso son salarios o jubilaciones y en ese año cayó casi 2% el salario real.
Lo razonable hubiera sido una política salarial que al menos apostara a mantener la participación de la masa salarial (el valor total del conjunto de los salarios) en el PBI, y así mantener un equilibrio en la distribución del ingreso entre trabajo y capital. Sin embargo está ocurriendo lo contrario, los sectores asalariados pierden participación en la torta. Lo que queda de manifiesto es que la política de caída salarial ha sido parte de la estrategia de recomposición de la ganancia empresarial y de la reducción del déficit fiscal y qué, por tanto, estamos asistiendo a un proceso de redistribución regresiva del ingreso planificado. Dicho en otras palabras, y para conectar con el foco de la pregunta, la apuesta del gobierno fue por ganar márgenes de rentabilidad para el capital a costa de comprometer el consumo de la mayoría de la población. El consumo privado ha caído 3,4% respecto a sus niveles pre-pandemia según el Instituto Cuesta Duarte. Es la “teoría del derrame” pero a la inversa: derrama de abajo hacia arriba.
Esto no debería extrañarnos porque de alguna manera la recomposición de los márgenes del empresariado fue el mandato con el que asumió este gobierno. Aunque igualmente esto produce tensiones a la interna del propio campo empresarial, con aquellos sectores que pierden dinamismo cuando se retrae el consumo de la clase trabajadora.
Desde una perspectiva histórica, la política del gobierno expresa la necesidad del capital de promover un proceso de ajuste luego de una fase de agregación de demandas, expansión del salario y del peso relativo de la clase trabajadora (2005-2014), favorecido por casi una década de expansión del precio de las materias primas que vendemos al exterior, al que le sucedió una etapa de relativo estancamiento (2015-2019). En ese sentido, el herrerismo es la contracara del momento “batllista” o “progresista”. No es casualidad que esa polaridad recorra casi todo nuestro Siglo XX.
- ¿Por qué los precios de productos alimenticios trepan más que la inflación?
- La inflación en el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” superó el 11% anual y ha estado por encima de la la inflación del conjunto de rubros que componen el índice de precios al consumo (IPC). Esto en parte responde a aspectos de carácter coyuntural, como el encarecimiento del rubro frutas y verduras o la presión de la suba de los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos, por ejemplo carne y trigo. Este último aspecto se vio profundizado por la guerra en Ucrania.
El promedio de los hogares uruguayos gasta el 26% de su ingreso en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. Las familias más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, por lo que la pérdida del poder adquisitivo en las franjas de menores ingresos es superior a la media.
-¿Se puede concebir medidas transitorias para frenar los precios de los productos básicos, sin atacar la tasa de ganancia de los capitalistas?
- Si, a base de incrementar el déficit fiscal, por ejemplo reduciendo impuestos como el IVA a determinados productos. Las medidas del FA van en ese sentido. Si las medidas impulsan el crecimiento parte del déficit puede pagarse con el propio crecimiento. Las medidas del PIT-CNT proponen una serie impuestos que afectarían la tasa de ganancia del capital y la riqueza acumulada.
Igualmente me parece importante decir que la línea de fuga de la clase trabajadora no puede ser únicamente morder sobre las ganancias del capital para redistribuir. Eso implicaría un enfoque meramente distribucionista y además es evidente que eso como política tiene un límite, que es el cual el capital ya no se va a poder reproducir más. Creo que la clave tiene que ver con la diagramación de un proyecto estratégico y la producción de una fuerza social capaz de disciplinar al capital. Es decir, pensar a la clase trabajadora no como la expresión de una conciencia distribucionista y reivindicativa, sino como una conciencia productiva nacional
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- ¿Puede darnos una opinión sobre las propuestas que cada uno por su lado, PIT-CNT y FA le trasladaron al Poder Ejecutivo? ¿Estas son complementarias o contradictorias entre sí? ¿Qué grado de eficacia le atribuye a estos paquetes?
- Son complementarias y van en la misma dirección. De hecho en el núcleo central son las mismas: que los salarios y las jubilaciones se recompongan y recuperen participación en la puja distributiva, suba del Salario Mínimo Nacional, incremento en los montos de las transferencias directas a los sectores más pobres (aumentos para Tarjeta Uruguay Social y Asignación Familiar Plan de Equidad), recuperación de los niveles de inversión pública. Adicionalmente el FA propone crear un Fondo de Estabilización del Precio del Combustible; alivio fiscal a los comercios de frontera por el diferencial cambiario con Argentina, eliminación del IVA en productos de la canasta básica. Y el PIT-CNT plantea un plan de vivienda, un plan de compras públicas y una serie de iniciativas impositivas para financiar las medidas obteniendo ingresos en los sectores que más se han beneficiado en esta coyuntura: suba del impuesto al patrimonio, suba del IRAE para empresas de mayor porte y con resultados positivos, impuesto transitorio a los sectores exportadores que han visto crecer sus precios de exportación en más de un 20%, 2% de impuestos a los depósitos de uruguayos en el exterior.
Se trata de medidas muy razonables en el marco de un escenario donde hay perspectivas de crecimiento económico y los salarios y los ingresos de los sectores populares en general continúan rezagados. En ese sentido son paquetes con una impronta distribucionista que buscan componer un arco de demandas que el gobierno, en lo fundamental por su fuerte sesgo herrerista, no ha contemplado.
- A parte de los alimentos ¿cómo inciden en la capacidad de consumo el alza de las tarifas de los servicios públicos y la no regulación de los alquileres urbanos, sujetos a la oferta y la demanda?
- Si las tarifas crecen por encima de los salarios nominales eso repercute negativamente en el poder de compra de la gente. Pero si crecen por debajo de la inflación, entonces eso progresivamente debilita a las Empresas Públicas porque sus ingresos no acompañan los costos. Por otra parte es discutible que anclar los precios de las tarifas públicas sea una medida aconsejable como política de sostenimiento del poder adquisitivo de la población. En primer lugar porque se vuelve un subsidio universal a una población muy heterogénea en materia de ingresos, en segundo porque compromete la potencia de ese capital público y lo debilita. Y eso es negativo para quienes pensamos que el capital público debe ser defendido y potenciado porque tiene un rol clave a jugar en una política de desarrollo nacional. Esto no quiere decir que no se pueda segmentar tarifas según las condiciones de quien recibe el servicio y que de esa forma la Empresa Pública también cumpla un rol re-distributivo. En síntesis, las Empresas Públicas pueden ser parte de una política anti-inflacionaria pero si se trata de una inflación coyuntural; si el proceso inflacionario expresa una necesidad más estructural del capital de reducir el precio de la fuerza de trabajo un 10 o un 20% como ocurrió en la crisis del 2002, ya la respuesta debe tener otra envergadura. Igualmente hoy no estamos en este último escenario.
Creo que la cuestión de los alquileres urbanos más que un tema que incida en las variaciones del IPC y por ende en la evolución de la capacidad de consumo de la gente, es un problema de rango más estructural y se relaciona con dos aspectos. Por un lado la posibilidad de acceso a la vivienda, por otro la transferencia regresiva del ingreso desde los sectores asalariados hacia los sectores con propiedades que representa el actual mercado inmobiliario. Un montón de asalariados destinando a veces un sueldo entero en pagar una renta para otro sujeto, que si bien en algunas ocasiones es alguien que solo cuenta con esa propiedad como fuente de ingreso, en muchos otros casos son formas de valorización de capital. Se trata de una masiva transferencia de ingresos desde abajo hacia arriba y eso reproduce y ahonda la desigualdad social. No conozco trabajos que hayan cuantificado esa situación y monitoreen el estado de la renta urbana. Entiendo que FUCVAM ha intentado poner el tema en agenda, así como algunas fuerzas políticas dentro del FA. Pero hasta ahora parece que sigue siendo un tema por demás relevante al que aún no le hemos dedicado la atención suficiente.
- Acciones de mitigación como las nombradas ¿nos acercan o nos alejan de un modelo alternativo ya que este es uno de los grandes desafíos que tiene por delante el campo popular?
- Como bien señalan en la pregunta, las medidas propuestas son en parte de “mitigación”, distribucionistas y en general de rango coyuntural. En tanto son medidas que apuntan a un crecimiento más endógeno, con mejor distribución, entiendo que nos acercan a un modelo alternativo.
Comparto plenamente que la definición de un modelo alternativo es el gran desafío que tiene por delante el campo popular. Esto se nos presenta así porque difícilmente el Uruguay y América Latina vuelvan a registrar el ciclo de expansión de materias primas que vivió entre 2005 y 2014 y que dio condiciones de posibilidad para procesar el proceso de agregación social, no excento de contradicciones, que expresaron los progresismos y las izquierdas de la región. Paradojalmente, esa agregación hoy es un peso para el capital y está buscando las formas de librarse de ello. No en vano las economías de la región están con dificultades económicas al menos desde 2015, y ello también ha abierto el regreso político de las derechas regionales. Uruguay también ha acusado ese golpe, aunque de forma menos dramática.
Creo que el nudo del problema es la identificación de los pilares programáticos desde el campo popular para una etapa donde se agudizan las contradicciones sociales y la puja distributiva, y la “estabilidad batllista” se ve lenta pero progresivamente corroída por el devenir histórico, la nueva división internacional del trabajo, etc.
Hay sectores del empresariado y del estabilshment económico que están construyendo consensos en torno a una nueva agenda de reformas estructurales (seguridad social, inserción internacional, reforma laboral, reforma educativa, fomento de la competencia, etc.), que en general tienen por orientación la profundización de la lógica mercantil, el aperturismo, la reducción del peso del Estado, etc., bajo el rótulo de que hay que liberalizar la energía del sector privado.
Es clave que el campo popular y las fuerzas de izquierda y progresistas puedan construir a su vez una perspectiva alternativa para esta nueva etapa. Ello implica ir más allá de una perspectiva distribucionista y requiere pensar en clave de proyecto estratégico de desarrollo nacional, articulado a una escala continental. Implica también visualizar al campo popular y a la izquierda no solo como un actor social parcial y reivindicativo, sino como un factor de ordenamiento político del conjunto de la sociedad en un contexto de mucha incertidumbre.
Creo que el Congreso del Pueblo que está proponiendo el PIT-CNT para el año próximo, pensado como un gran encuentro programático del campo popular, da cuenta de que hay conciencia de esta problemática.