El  Estado uruguayo sigue  torturando

Por Carlos Peláez

Esta semana se realizará la 27º Marcha del Silencio, que tiene como sentido fundamental no olvidar a los desaparecidos uruguayos durante la dictadura.

Será la primera presencial pos pandemia, probablemente sea la más grande de la historia tanto en Montevideo como en el Interior y también la primera durante el gobierno de coalición.

Varias circunstancias confluyen para que el 20 de mayo se escuche más fuerte que nunca el nombre de cada uno de los desaparecidos.

La importante presencia de un partido militar en la coalición, que intenta con varias acciones reivindicar el papel de los terroristas de Estado ante la complacencia de sus socios blancos, colorados e independientes, propone una nueva situación en la histórica lucha por verdad y justicia.

En los hechos mediante una ley se intenta enviar a prisión domiciliaria a los varios represores condenados; se ha descalificado al fiscal de DD.HH, Ricardo Perciballe; se instala el ·”Día del Soldado Oriental” en un mes en que grandes mayorías lo han instalado como el de la memoria respecto a los desaparecidos.

Son muy obvios los intentos del gobierno y muchos de sus integrantes más destacados para construir un nuevo relato sobre la tragedia ocurrida en Uruguay entre 1973 y 1985.

La “teoría de los dos demonios” difundida por propios y ajenos, pone en el mismo plano a la fuerza militar del Estado con una fuerza civil que ni de cerca tuvo el poder que hoy se le pretende atribuir y que estaba militarmente derrotada cuando los dictadores cívicos-militares asaltaron el poder.

Pero esa teoría sirve a los peores fines y esconde el salvajismo con el que actuaron los terroristas de Estado haciendo desaparecer detenidos, violando mujeres presas, aplicando brutales métodos de tortura sobre quienes caían en sus manos.  

La desaparición de  detenidos es una forma de conculcación de derechos elementales de las personas, Tanto de las víctimas directas como de sus familias.

Y puede entenderse, más allá de debates jurídicos, como una forma de tortura que causa “angustia física y mental” sobre familiares que les buscan, tal como lo  establece el artículo 22 de la ley 18.026 aprobada en setiembre del 2006.

Por lo tanto es un delito permanente hasta que aparezcan, según normas internacionales de protección a los DD.HH. Y como tal, el Estado es el principal responsable.

Más allá de situaciones puntuales, en estos 37 años transcurridos desde el fin de la dictadura, el Estado uruguayo no ha sido suficientemente diligente en la búsqueda de los desaparecidos.

Y ello ocurre porque no hay una política de Estado que considere indispensable dar respuestas a un grupo de familias que quieren, con todo derecho, saber qué pasó con sus hijos, padres o nietos.

Difícilmente se logre hoy, cuando hay gobernantes que se expresan en sentido ambiguo sobre el terrorismo de Estado.

 

Las cárceles uruguayas son un método de tortura

 

Al amparo de una creciente cultura de odio, los legisladores reaccionan al reclamo de muchos ciudadanos por seguridad, estableciendo penas cada vez más duras y configurando nuevos delitos.

Mucha gente cree que metiendo gente en la cárcel se resuelven los problemas, Aunque a veces parece que más que justicia, pretenden venganza.

La mayoría absoluta de los uruguayos sólo conoce las cárceles por lo que las autoridades permiten mostrar a través de la televisión.

Nadie que no haya estado allí, conoce el horror de nuestras cárceles o los centros del SIRPA.

Y no es una situación que se pueda adjudicar al actual gobierno, tiene décadas.

Sin embargo, la Ley de Urgente Consideración promovida por la Coalición gobernante agravó la situación.

Según el Comisionado para Cárceles, Juan Miguel Petit., “Uruguay está entre los primeros 30 países de todo el mundo con más presos en relación a su población”. Estamos peor ubicados que muchas dictaduras.

 Sin embargo está claro que no sólo no se ha resuelto la problemática de la seguridad, sino que se ha agravado. No ya por el número  de delitos cometidos, sino por la saña empleada por los victimarios.

Cadáveres descuartizados, otros quemados; una pareja asesinada frente a sus hijos, balaceras en plena calle y frente a centros educativos son algunos de los hechos cada vez más frecuentes de las últimas semanas.

Cada vez hay más reincidentes lo que debería demostrarle a todos que las cárceles uruguayas no recuperan a nadie, o a muy pocos. 

Recientemente el Comité contra la Tortura, un órgano que forma parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un informe sobre Uruguay en el que plantea sus en el que plantea sus preocupaciones por algunos puntos de la ley de urgente consideración (LUC) del área de la seguridad pública.

Según publicó La Diaria “el informe señala que aún está pendiente por parte del país darles seguimiento a las denuncias de torturas y malos tratos en centros penitenciarios, justicia juvenil y centros de menores, y que el Estado no ha tipificado aún el delito de tortura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde 1984”.

Agrega que “si bien en Uruguay existe la Ley 18.026, que define la tortura en su artículo 22, esta no refiere al fin específico de la conducta o cualquier razón basada en la discriminación como elemento constitutivo de actos de tortura, ni a los actos de tortura realizados para intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de otra persona distinta de la torturada”, explica el documento.

El informe muestra preocupación por las condiciones de las personas privadas de libertad, así como por algunas situaciones que se dan dentro de las cárceles.

El documento señala que “las informaciones que indican un aumento de la población reclusa, así como por las malas condiciones de reclusión descritas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura tras su vista a Uruguay en marzo de 2018”, son cuestiones a atender, así como las demoras en la atención médica a personas privadas de libertad en el momento del arresto, así como las carencias de los exámenes médicos a detenidos, en particular la ausencia de confidencialidad durante las consultas y respecto de la documentación expedida, además de deficiencias en la constatación de lesiones”.

También destaca que el aumento de muertes registradas en las cárceles durante el período examinado fue de 79% en 2021 y que buena parte de ese incremento se debe a la “falta de asistencia médica y tratamiento médico para personas con problemas de salud mental”..

El Comité señala su preocupación por “las informaciones recibidas sobre la falta de observancia de las salvaguardias legales fundamentales de las personas privadas de libertad”, al tiempo que “lamenta” que Uruguay “no haya proporcionado información sobre las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento en la práctica” de esto, particularmente en lo que refiere a “los derechos de las personas arrestadas o detenidas a ser informadas de sus derechos, a recibir asistencia letrada y médica independientes y a notificar su detención a un familiar o a cualquier otra persona de su elección”.

Alguien con autoridad de gobierno, debería explicar las diferencias entre estos actos y los cometidos en dictadura.