Por Jorge  Ramada

1.- Casa de Galicia

La situación de los trabajadores en Casa de Galicia es bastante compleja. Por un lado, como es de las pocas mutualistas que quedaban (solo otras dos en Montevideo, el resto son sociedades médicas), los trabajadores son, además, socios de la misma; es decir, el cierre los afecta doblemente.

Pero además, como socios, son parcialmente responsables de la elección de las directivas. Y han sido sucesivas directivas las que llevaron (por errores de gestión, o por mal manejo de los fondos) a la situación de crisis financiera que se arrastra desde hace ya  varios años.

Eso no quiere decir que haya que considerar a los trabajadores culpables de lo sucedido, pero explica un sentido de pertenencia que puede ser más fuerte que el de otros trabajadores de la salud. Y explica su insistencia en conservar el centro de salud como tal y su trabajo en ese centro de salud.

Radica aquí el motivo de las diferencias con la dirección de la FUS (sin entrar en considerar las contradicciones surgidas por la forma en que se manejaron las asambleas). La FUS apostó –en base a acuerdos surgidos de anteriores cierres– a mantener la fuente de trabajo para todos los trabajadores. Dando por sentado que el cierre era inevitable –pues venía de una resolución judicial mantenida tras una apelación– se trataba de distribuirlos en otros centros de salud, manteniendo los derechos adquiridos en cuanto a salario, antigüedad, etc..

Para completar las complicaciones, por un lado, el Parlamento aprueba una ley para distribuir a los afiliados, que va a ser recurrida por posible inconstitucionalidad; y por otro, anda en la vuelta un intermediario prometiendo que va a presentar un inversor con un plan para mantener el centro de salud, aunque no da más detalles por razones de confidencialidad.

Todo lleva a una situación de inseguridad para los trabajadores (especialmente los no médicos, ya que los médicos en su mayoría tienen el trabajo asegurado en otras clínicas o centros de salud). Y el gobierno –como era de esperar– no sale a afirmar con fuerza que los puestos se van a mantener, máxime teniendo en cuenta la situación actual del sistema de salud, tensionado por la pandemia, donde por todos lados aparecen insuficiencias en la atención de los pacientes.

Los centros de salud por fuera de ASSE, sean mutualistas o sociedades médicas, son empresas privadas y se rigen por esa lógica. Cumplen un servicio –esencial sin duda– pero en el cual los trabajadores son un número más en la ecuación económica, en la que son intocables los enormes sueldos de especialistas y cargos gerenciales. Una vez más el hilo se va a romper por lo más fino.

Salen a luz las debilidades del Sistema Nacional Integrado de Salud, que significó un gran avance en cuanto a la mejora y universalización de la atención en salud, pero que mantiene diferencias entre lo que es atención para ricos y para pobres (expresión de las diferencias propias de la sociedad) y que sigue dependiendo en buena parte de decisiones empresariales donde la salud queda relegada ante la lógica del capital.

No entramos a discutir los problemas internos del sindicato de base: la desautorización de la directiva anterior; la insistencia de la actual en mantener íntegro el centro de salud, confiando en parte en la llegada del supuesto inversor; la apuesta a reclamar junto con los socios de la mutualista, promoviendo una huelga de hambre que duró 15 días, sin que se vean resultados.

La FUS, pese al rechazo del sindicato de base a su principal dirigente, se ha mantenido en las negociaciones y anuncia un paro para el 22 de este mes en reclamo no solo por los trabajadores de Casa de Galicia, sino por la situación laboral en CASMU y algunos centros de salud del interior.

La lucha es por más y mejores puestos de trabajo, por salarios dignos que no obliguen al multiempleo, por condiciones de trabajo dignas que permitan cumplir mejor la atención a los pacientes; por respeto a la organización sindical. Soluciones que van a depender sin duda de la lucha de los trabajadores y no de decisiones empresariales o de economistas neoliberales.

 

2.- Clasificadores

La situación de los clasificadores de residuos (su trabajo, sus necesidades, sus angustias) parece a primera vista bastante diferente de la de los trabajadores de la salud. Pero aquí también está en el tapete la defensa de lugares de trabajo; y para quienes han trabajado buena parte de su vida de manera informal, haber conseguido luego de muchos años un lugar de trabajo medianamente digno (o al menos formal), puede generar también un sentido de pertenencia.

Los clasificadores de residuos de Montevideo se encuentran hoy limitados en las posibilidades de mejorar su situación por la politiquería barata de los ediles de la oposición, trabando los recursos para un plan de limpieza que podría generar cerca de 1000 nuevos puestos de trabajo, tanto para clasificadores como para otros trabajadores que hoy realizan tareas de limpieza en forma precaria o zafral.

Se trata de un plan propuesto por la Intendencia de Montevideo, que contiene cambios importantes a la gestión actual, los cuales coinciden con las propuestas históricas de los clasificadores: más separación en origen, recolección diferenciada y generación de puestos dignos de trabajo. Para llevar adelante ese plan, la Intendencia optó financiarlo mediante un préstamo del BID, para lo que requiere algunos votos de ediles de la oposición, que hoy los niegan.

La supuesta preocupación de los ediles multicolores por los sectores vulnerables (para hacerles llegar la red de saneamiento) ignora la vulnerabilidad de quienes hoy se ganan la vida rescatando valor de lo que otros desechan.

Como bien lo han manifestado la UCRUS y ADEOM, no se trata de defender el método de solicitar préstamos a organismos internacionales; señalan incluso que sería bueno lograr más fondos mediante cargas impositivas a quienes generan la mayor parte del problema, pero tratan de pagar lo menos posible e impiden mejorar la clasificación: las grandes empresas envasadoras e importadoras, defendidas por la Cámara de Industrias del Uruguay (que sistemáticamente ha retaceado fondos para que funcione el Plan de Gestión de Envases y mantiene sueldos miserables a los trabajadores de las plantas de clasificación, además de impedir que crezcan con emprendimientos productivos).

Pero lo que está planteado en el momento es esa forma de financiación y la postergación de un posible apoyo (para verlo después del referéndum, como ha dicho algún edil colorado, no sea cosa de parecer divididos o dar un motivo de lucimiento al gobierno departamental) es postergar la generación y la mejora de puestos de trabajo. Y de paso jugar a favor de los que inundan la ciudad con envases descartables (que representan el 60 % de los “residuos especiales”, según un estudio del Ministerio de Ambiente)

Los clasificadores saben que el plan es mejorable y que sobre la marcha pueden agregar nuevas propuestas. Cuentan para ello con el apoyo del Grupo de Trabajo que integran junto al PIT-CNT, la Universidad y FUCVAM, entre otros; pero reclaman que empiece cuanto antes. Para ello se movilizarán el martes 15 frente a la Junta Departamental de Montevideo que discutirá la prórroga en esa fecha. La movilización se da a impulsos de las cooperativas ya formadas, que los clasificadores defienden y quieren hacerlas crecer, porque también ellos han generado un sentido de pertenencia a algo que han ido construyendo con mucho sacrificio.

Al igual que ocurre con el sistema de salud, un sistema de gestión integral de residuos (que contribuya a un cuidado serio del ambiente) requiere más y mejores puestos de trabajo en tareas de recolección, clasificación y valorización de residuos para reciclarlos o convertirlos en  nuevos productos. Requiere que sean dignas las condiciones de trabajo y los salarios y que se escuche a los clasificadores sindicalizados que tienen mucho para aportar a partir de su larga experiencia, para cumplir mejor un valioso servicio a la población y al ambiente.

Y al igual que ocurre con el sistema de salud será la lucha de los trabajadores la que  impulse las soluciones necesarias, esas que no quieren los empresarios involucrados ni los economistas neoliberales.