por Luis Vignolo

 

Lo esencial es invisible a los ojos

Antoine de Saint-Exupéry

 

Cientos de miles de uruguayas y uruguayos serán afectados

El artículo 285 de la LUC (Ley de Urgente Consideración) privatiza hasta el 49% de las acciones de las Sociedades Anónimas que son 100% propiedad de las Empresas Públicas uruguayas. Las 78 -o más- Sociedades Anónimas de ese tipo incluyen nada menos que REPÚBLICA AFAP. Varias de las otras empresas no son muy conocidas, a pesar de su gran importancia. Sin embargo inevitablemente cientos de miles de uruguayas y uruguayos conocemos REPÚBLICA AFAP, de la que dependen nuestras futuras jubilaciones. 

Cuando se nos obligó, sin opción, a ingresar al sistema de las AFAP, elegimos REPÚBLICA AFAP precisamente porque es propiedad del Estado. Son dueños de la totalidad de sus acciones Bancos públicos como el Banco de la República.

Ahora sigilosamente, casi sin ninguna discusión pública, nos arrancan del refugio estatal y habilitan la privatización. Cuando los cientos de miles de uruguayas y uruguayos afiliados a REPÚBLICA AFAP se enteren de que capitales privados extranjeros se apropiarán de sus futuras jubilaciones, comenzarán a perder el sueño, para el caso de que no sean anulados con el SI los 135 artículos de la LUC el próximo 27 de marzo. 

La mayoría aún no lo sabe porque, a pesar de la gravedad del tema, todavía no ha sido debatido en profundidad durante la campaña del Referéndum.

A decir verdad si bien el grueso de la Reforma Jubilatoria se pasó para adelante, y se definirá después según sea el resultado del Referéndum, sin embargo contra la opinión dominante la Reforma Jubilatoria ya comenzó con el artículo 285 de la LUC que habilita la privatización de REPÚBLICA AFAP.

No faltará quien argumente, como hace 30 años, que sólo se privatizará el 49% del capital de esta y las demás Sociedades de propiedad estatal. ¿Pero será así? Los memoriosos lo ponemos en duda. Entre otras razones porque el artículo 285 de la LUC, verdadero corazón privatizador de la ley, aún no fue reglamentado, ni aplicado. Obviamente el gobierno está esperando el resultado del Referéndum. Solo se animarán a reglamentar y aplicar el artículo privatizador si ganan.

El cangrejo bajo la piedra

Cuando en 1992 se realizó el Referéndum para derogar 5 artículos de la ley privatizadora de las Empresas Públicas, impulsada por el gobierno de Lacalle padre, buena parte de la muy exitosa campaña por el Si contra dicha ley, se basó no solamente en el contenido privatizador, extranjerizador y contrario al patrimonio nacional, sino que la polémica se centró intensamente en el DECRETO REGLAMENTARIO que adulteraba el contenido de la ley.

Por dicho decreto el capital extranjero -de la empresa transnacional- que en el texto de la ley tendría el 49% de las acciones, pasaba a controlar el 51% a través de un consorcio obligatorio con el 2% del capital privado nacional. A la vez que adquiría la mayoría del directorio con 6 directores en 11, incluido el presidente con voto doble.

El problema había sido advertido por legisladores del Frente Amplio, e integrantes de la Comisión Pro Referendum como el nacionalista Alberto Zumarán, aunque sin obtener mucho eco en los medios.

Sin embargo cuando el ex presidente batllista Julio María Sanguinetti y su grupo, -que habían apoyado la ley en general, pero no los 5 artículos posteriormente impugnados-, volcó su posición a favor del SI y de la derogación, le dedicó una extensa argumentación al cuestionamiento del decreto. A partir de entonces la discusión sobre la reglamentación se volvió muy mediática e intensa, como lo demuestran las colecciones de la prensa de la época.

Sanguinetti dijo:  “...confieso que yo no había leído exhaustivamente esa ley... a la mayoría del país le debe haber pasado lo mismo y a muchos integrantes del Partido Nacional, que de buena fe han estado apoyando esta ley porque todavía no han leído el decreto.” Continuó el ex presidente recordando que a instancias del senador nacionalista Carlos Julio Pereyra se estableció en la ley que hubiera una mayoría accionaria nacional, no extranjera. Sanguinetti remató su argumentación diciendo: “...les aseguro que este decreto no merece el menor análisis de ningún tribunal, esto es violatorio de la ley, el 51% restante de las acciones pertenecerán al futuro socio: art. 13 del decreto. Esto es violatorio de la ley, ésta es una aplicación abusiva y arbitraria de la ley y esto no lo podemos consagrar.”

En los días sucesivos hubo una catarata de declaraciones contrarias al decreto reglamentario por parte de colorados batllistas, blancos wilsonistas como el ex candidato a la presidencia Alberto Zumarán y dirigentes disidentes del Movimiento de Rocha como el senador Singlet, además de, por supuesto, referentes y dirigentes del Frente Ampio que ya habían aludido al tema con anterioridad. Como por ejemplo Danilo Astori y Alberto Couriel, entre tantos otros.

El colmo fue que el vicepresidente de Lacalle padre, el muy erudito abogado Gonzalo Aguirre, a pesar de mantener su apoyo a la ley privatizadora, reconoció públicamente el cuestionamiento del decreto. Dijo Aguirre: “...acepto que la reglamentación va más allá de lo que disponía la ley...”.

Algunos defensores de la ley pensaron entonces que con amigos asi, quizás preferían tener enemigos.

¿Qué relación tienen aquellos sucesos y polémicas de hace 30 años con el presente? Pues precisamente que el artículo 285 de la LUC, el núcleo privatizador de la ley, no ha sido reglamentado, ni aplicado.

¿Qué pasará si los 135 artículos de la LUC no son anulados el 27 de marzo? Conoceremos entonces el decreto reglamentario del artículo 285. ¿Volverán a manifestarse “humillados y ofendidos”, sorprendidos en su buena fe, muchos colorados batllistas, blancos wilsonistas y hasta cabildantes ex frentistas? 

La pregunta es muy necesaria porque la fruta cae cerca del árbol.

Desmantelamiento en cuotas de las empresas públicas

Empresas tan importantes como DUCSA, la gran distribuidora de combustibles, propiedad de ANCAP, o ACCESA propiedad de ANTEL, o REPÚBLICA AFISA administradora de fideicomisos, propiedad del BANCO DE LA REPÚBLICA son solo algunos ejemplos de las Sociedades que junto con REPÚBLICA AFAP serán privatizadas, perjudicando al Estado, a las Empresas Públicas, malvendiendo el patrimonio nacional, yendo en contra del bien común y permitiendo que las transnacionales extranjeras nos metan la mano en nuestros flacos bolsillos.

Sin embargo no solamente las decenas de Sociedades Anónimas ya existentes, propiedad del Estado serán privatizadas, sino todas las decenas o centenares que sean creadas en el futuro, cortando en pedazos las Empresas Públicas, convirtiendo esos trozos en Sociedades Anónimas de propiedad Estatal, para luego privatizarlas.

Por esa razón el artículo 285 de la LUC es el verdadero núcleo de la LUC, la versión actualizada y disimulada de la ley de Empresas Públicas de Lacalle padre de los años 90.

Y ese artículo privatizador 285, junto con los TLC bilaterales que se están negociando así como el intento de ingresar al Tratado Transpacífico, en directo perjuicio de las Empresas Públicas, constituyen el “modelo chileno” para Uruguay. Ese modelo chileno que estalló en sangre con decenas de muertos y miles de heridos en el 2019, mientras algún candidato de la coalición que hoy gobierna el Uruguay hacía su campaña electoral poniendo a Chile como ejemplo. 

Hay quienes han dicho que el mundo vive “una guerra mundial en cuotas”. Siguiendo con la iluminadora imagen podemos decir que mientras en los 90 hubo un intento de desmantelamiento total de las Empresas Públicas a través de la privatización generalizada, hoy existe un intento de desmantelamiento en cuotas, a través de privatizaciones de partes sucesivas.

Hay que reconocer que los ideólogos de la LUC han tenido una gran habilidad para lograr hasta ahora que el propósito central de la ley pase bastante desapercibido, casi invisibilizado.

El tema es demasiado importante como para que volvamos sobre él en las próximas semanas. Volveremos hasta hacer visible lo invisible