Por Gabriel Portillo
Esta es una Ley que modifica otras 70 leyes, y que tuvo plazos muy reducidos para ser abordada. A pesar de ello, lo que se pretende anular el 27 de marzo próximo, es un 24% del total de la ley que son a nuestro entender, los peores artículos de la ley. Estos artículos que queremos impugnar son fruto de una larga discusión que dimos las organizaciones sociales y políticas, donde finalmente logramos un acuerdo en cuanto a lo más nocivo de una ley que es muy amplia y compleja. El tema es de tal magnitud que en plena pandemia y con una fuerte ofensiva contra los sindicatos de parte del gobierno, se juntaron 800.000 firmas para hacer uso de un recurso legítimo y democrático, para poner un freno al avasallamiento en derechos y libertades que esta ley implica. Se llenaron la boca con la libertad responsable, pero a la hora de la disputa democrática no hay libertad para el disenso y aplican todo el peso del autoritarismo de un gobierno: censuras en el carnaval; persecución e intimidación policial de los militantes que están el espacio público realizando pintadas o repartiendo volantes, censuras en los lugares de trabajo, prohíben usar la cadena nacional, así como el Estadio Centenario; y la última medida se dio a través de una transnacional prohibiendo el uso de la Pantera Rosa, cuando ya estaba todo el despliegue publicitario comprometido.
El ejercicio de la democracia directa tiene un importante apoyo popular, y de lo que se trata de ser legisladores por un día.
Lo que se cuestiona en el referéndum son 135 artículos de una Ley que tiene más de 400. Que la coalición la haya transformado en la ley madre, eje de toda su política, que la hayan metido bajo la consideración de urgente, cuando no lo era, que los socios de la coalición la conocieran luego de ser designado Luis Lacalle Pou recién en enero del 2020, es un riesgo asumido por la coalición gobernante, no es ésta responsabilidad de la oposición social y política que tiene el derecho constitucional de impugnar leyes. No es de recibo los fundamentos mal intencionados sobre que no se los deja gobernar, victimizándose y desconociendo el derecho a cuestionar en el marco jurídico constitucional.
Hay que ser muy soberbio y prepotente, así como muy autoritario para en plena pandemia sin movilidad y con la gente pasando hambre y sufriendo el coronavirus, imponer de manera desleal, a través de un mecanismo que no está hecho para ello, un programa de gobierno. Los programas de gobierno y los temas más sensibles para la sociedad, no se imponen a través de una Ley exprés.
La LUC pretende imponer lo que una mayoría circunstancial quiere imponer. Lejos de construir consensos, lejos de políticas nacionales.
Detrás del contenido de este programa echo ley, está la ideología del mercado y la utilización del estado para favorecer y financiar a ese mercado y a sus representantes privados que detentan el poder económico.
Y el gobierno utilizando los recursos de toda la sociedad, hacen proselitismo recorriendo el país sin defender la ley, pero sí atacando al recurso democrático, diciendo imprecisiones cuando no, mentiras. Hacen demagogia política desde el gobierno aplicando la LUC solo con aquello que les conviene, evaluando los efectos, así están los combustibles que de aplicarse la LUC estarían subiendo de precio todos los meses. Y sabemos que cuando suben los combustibles suben los precios de todos los artículos de la canasta familiar.
No podemos dejar de lado el contexto:
Durante toda la pandemia la principal preocupación del gobierno fue el déficit fiscal, mientras bajaba salarios y jubilaciones, y se exoneraba de impuestos a los “malla oro”.
Los jubilados reciben un ajuste inferior a la inflación, es decir que en términos reales perdieron poder adquisitivo. En 2019 se perdieron 0,4 puntos porcentuales, en 2020 1,83 puntos porcentuales y el último año la perdida fue de 1,8 puntos porcentuales. ¡Son 100 millones de dólares que el Estado “ahorra”, en lugar de haber destinado ese dinero a las jubilaciones!
Hay 100 mil nuevos pobres. Siguen siendo sostenidas por la solidaridad popular las ollas populares, si habrá necesidad de recursos del estado para el pueblo que la está pasando mal. Así y todo, la primera dama viaja a Dubái en primera clase, contra la normativa y gastando miles de dólares del estado.
El presupuesto para la educación se encuentra congelado y el salario real docente tuvo una nueva caída. A falta de ideas educativas, aumentan las normativas, circulares y proyectos de ley de orientación represiva. Las empresas públicas se deterioran rápidamente, lo que significa deterioro del servicio público, es decir repuesta eficiente y rebaja de tarifas para la gente, falta de personal e inversiones dado la regla fiscal que achica la participación del Estado como motor de la economía, justo en momento donde más lo necesitamos. Aplicación de la portabilidad numérica a pesar de estar en curso el referéndum, esto significa millones de dólares en juicios sumados a la inversión inicial para poner a punto el sistema para su implementación, todo innecesariamente para la Empresa Pública ANTEL y a favor de las transnacionales. Lo ya mencionado con respecto a la suba del combustible y sus maniobras para impedir quedar al descubierto en su objetivo de liquidar ANCAP, la ofensiva contra el Instituto de Colonización, permitiendo que ahora los colonos no vivan en los predios y un camino que promueve la venta y privatización de hasta un 49% del paquete accionarios de las sociedades anónimas con participación estatal que tienen las distintas empresas públicas incluido los bancos públicos, por tanto AFAP República también estaría en juego.
Gobierno claramente pro-Patronal: En las negociaciones de los consejos de salario 2021 que fueron resueltas por votación, el Ejecutivo votó en 17 veces con los empresarios y en cuatro con los trabajadores. Todo esto y más está en juego el 27 de marzo.
No subestimamos los problemas existentes, pero está claro que las soluciones están lejos de lo que nos propone el gobierno con la LUC.