Por  Jorge Ramada

En los últimos días, varios integrantes de la derecha en el gobierno (Lacalle, Delgado, Mieres) han salido en tono alarmista a hablar de una escalada de paros, de una alta conflictividad y del carácter “político” de los conflictos. Nada extraño teniendo en cuenta de dónde viene.

Desde el movimiento sindical se le ha respondido que no hay una conflictividad mayor que en otros períodos y para eso se ha mencionado el índice de conflictividad elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.

Vayamos por partes:

1.- El Índice de Conflictividad

Desde 1995 se elabora este índice con frecuencia mensual y salen a la luz pública los sucesivos resultados, como consecuencia -pienso yo- de ese afán obsesivo de algunos cientistas sociales (sean sociólogos, economistas o politólogos) de reducir la realidad a cifras, porcentajes y estadísticas.

Pero, ¿qué mide este índice?

Según lo dicen sus elaboradores (“Índice de conflictividad laboral” ucu.edu.uy): “...siguiendo las estadísticas internacionales en la materia, el Instituto resolvió analizar los conflictos laborales que involucran a trabajadores dependientes e implican interrupción de actividades”, reconociendo que “la investigación tiene sus limitaciones, y las fuentes de información son una muy importante”.

Una limitación importante es que se restrinja a trabajadores dependientes y eso nos indica que las múltiples situaciones conflictivas que viven los trabajadores informales no van a ser consideradas (como no son considerados los trabajadores informales para tantos derechos...); pero además como se trata de conflictos que “implican interrupción de actividades”, queda claro que se va a dedicar a medir los paros y huelgas, con lo que va a achacar a ellos toda la conflictividad. En teoría debería considerar también las interrupciones producidas por cierres patronales, pero en los hechos es seguro que van a estar subestimadas: no creo que la interrupción de actividades producida por los cierres de Colgate-Palmolive o Lyfan, por mencionar sólo algunas, se esté considerando desde que se produjo hasta ahora. Como no se ha de incluir la pérdida de horas de trabajo provocada por la explosión en el laboratorio Fármaco-Uruguayo o tantas otras que surgen de accidentes o enfermedades laborales, porque no se producen a raíz de un conflicto sindical; pero detrás de la gran mayoría de ellas también está el conflicto de intereses que lleva a los patrones a no atender legítimos reclamos de los trabajadores sobre condiciones de trabajo -o dejar de lado los ámbitos bipartitos respectivos- privilegiando la productividad ante la seguridad y salud laborales.

En conclusión, el tal “índice” refleja una concepción para la cual la armonía social se mantiene mientras los trabajadores no interrumpan sus actividades, no generen paros o huelgas, de modo que siga fluyendo armónicamente la plusvalía que garantizará la continuidad de la empresa y el enriquecimiento de empresarios, gerentes y altos mandos empresariales, por supuesto.

2.- La conflictividad en sí

Aunque la lucha de clases no derive necesariamente en guerra de clases, en la sociedad capitalista es algo permanente y, por tanto, el conflicto y la conflictividad también son permanentes, es decir: inherentes a ella, o al menos latentes y se agudizan cuando aumenta la explotación.

Pero esa conflictividad no se agudiza solamente cuando los trabajadores detienen sus actividades en reclamo de mejoras o de respeto de sus derechos. Se agudiza también cuando se despide arbitrariamente a un trabajador, o se le acosa por los mandos de la empresa o se le persigue por su militancia sindical. Cosa de todos los días en las empresas privadas, que no siempre derivan en interrupciones de tareas.

La conflictividad también se agudiza (esta vez con el Estado) cuando a los trabajadores informales se les excluye de determinadas zonas, limitando su posibilidad de “hacer el peso”; o cuando a los diferentes clasificadores ambulantes se les retacea sus ingresos por la arbitrariedad en la fijación de precios por parte de los grandes depósitos.

No vale la pena entonces discutir sobre si la conflictividad crece o disminuye. Para los trabajadores lo que importa es visualizarla, comprender sus causas y desarrollar los conflictos que les permitan tanto frenar atropellos, como obtener nuevas conquistas, a la vez que ir avanzando en organización y conciencia del colectivo.

3.- Los conflictos actuales

Hay múltiples razones para que por estos días haya conflictos en diferentes sectores: en varias ramas de actividad (especialmente las vinculadas al agro), los empresarios que están teniendo enormes ganancias, se resisten a mejorar los salarios e incluso tratan de bajarlos (la Asociación Rural propuso crear una nueva categoría de “aprendiz de peón”, con menor salario); los transportistas interdepartamentales de pasajeros han conseguido un aumento de tarifas, sin reflejarlo en salarios y utilizando los seguros de paro como elementos de persecución sindical (y ante una movilización para nada conmocionante, aparecieron las balas de goma); la banda de Robert Silva en la enseñanza sigue insistiendo en perseguir docentes; los directores oficialistas de ANCAP provocan un conflicto y luego tratan de responsabilizar al sindicato por fallas operativas que, además, se magnifican.

Es claro que la salida concertada de los figurones del gobierno (con el apoyo de varios “periodistas” afines) para poner el grito en el cielo por la alta conflictividad actual, es un aspecto más de su política antisindical, a la vez que buscan influir sobre ciertos sectores de la población, que pueden ver con temor la posibilidad de un aumento de las luchas incluyendo posibles enfrentamientos. El gobierno quiere instalar una imagen (un relato) de dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, generando la idea de que son los trabajadores sindicalizados los que la alteran.

La respuesta del movimiento sindical en el sentido de indicar que el índice de conflictividad demuestra lo contrario apunta a cuestionar el relato oficial; y es legítimo que se denuncie el intento de estigmatizar a los trabajadores organizados. Sin embargo, no me parece adecuado que para ello se utilice de referencia el famoso índice que responde a la visión de clase que se quiere combatir.

No se trata de mostrar que los sindicatos no son conflictivos, sino de marcar claramente quiénes generan los conflictos y la legitimidad de los trabajadores de responder con medidas de lucha a los atropellos patronales o gubernamentales. Los sindicatos apuestan al diálogo, pero no renuncian a la lucha. No buscan un “estallido social”, pero tampoco se asustan de su posibilidad (como si parecían estar asustados algunos dirigentes progresistas que saludaron que la juntada de firmas evitó un posible estallido social). Las “olas” de conflictos y los estallidos sociales pueden ayudar a avanzar a los sectores populares, aunque también pueden generar duras represiones. El reciente estallido social en Chile generó una importante reforma constitucional y debilitó a la derecha en el gobierno, aunque costó muchas vidas y lesiones graves. La historia indica que solo con lucha se conquistan y refuerzan derechos, pero hay que buscar el mejor momento para desarrollar y si es preciso profundizar la lucha. Para esto no hay recetas, los trabajadores organizados deben tener la capacidad de responder adecuadamente en cada coyuntura. En ellos confiamos.