Escribe:Edmundo Ballesteros

Antes de completar el año de su entrada en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal CPP), es objeto de una propuesta de ajuste. La iniciativa de modificación presentada por Poder Ejecutivo fue tratada y votada en el senado, resultando aprobada con 12 votos frenteamplistas y el concurso de toda la oposición.

La discusión encierra un debate profundo sobre la concepción de la seguridad y la dinámica punitiva. Las diferencias, que ahora se vuelven manifiestas mostrando una grieta profunda  en el frenteamplismo, son de larga data, y no hacen más que expresar las contradicciones que surcan y hasta desgarran al movimiento-coalición que hace 14 años es el inquilino de la casa presidencial.

No nos ocuparemos en esta nota de la disputa de ideas y concepciones que  hacen de telón de fondo a esta peripecia política, que tiene un anclaje ideológico, - ligado a las señas de identidad de la izquierda-, a sus raíces humanistas, a su largo  historial de defensa de la libertad frente al autoritarismo, a la incorporación de una perspectiva sociológica para entender los fenómenos de la delincuencia, unida al rechazo de toda tentación en pos de la inflación punitivita. Tampoco,  por supuesto, a los aspectos jurídicos, doctrinarios, de filosofía del derecho, que están en las bases del asunto y donde, mayoritariamente, la academia, los expertos y operadores del derecho se han pronunciando en forma contundente y mayoritaria, denunciado el retroceso al que conduce la reforma proyectada que ahora cuenta con media sanción y que, entre otras cosas, da pie, es decir posibilita, facilita, el regreso a la prisión preventiva preceptiva.

Vamos pues, a apuntar a algunas consideraciones de base y naturaleza política, pretendiendo hacer una lectura de  izquierda del tema. El proyecto fué piloteado en el senado por Charles Carrera (MPP), que es, digamos. el número tres del Ministerio del Interior; en tanto que los cuatro senadores de la mayoría que no acompañaron fueron los legisladores de: Casa Grande, PCU y PS (2). Se trata de sectores que han mantenido posturas claras de cara a esta problemática. Los comunistas exhibiendo apego a su posicionamiento histórico, Casa Grande haciendo parte de los motores de propulsión de la nueva agenda de derechos y oponiéndose a la deriva securitaria y,  los socialistas, imprimiéndole como cuando ocuparon la cartera, una gestión diferente al Ministerio del Interior, debutando en el gobierno progresista con la Ley de Humanización del Sistema Penitenciario, una ley que contrasta nítidamente con el rumbo posterior, adoptado por el MPP al frente del mismo, que redujo la cartera a un ministerio de la policía y transformó a su ministro en el primer policía del país.

Lo interesante y tal vez llamativo es que surja este arco de posiciones  que expresa una disidencia que rompe la lógica del disciplinamiento, en aras de la salvaguardia del proyecto político. Sin restarle valor, ni desconocer posibles perspectivas y desarrollos ulteriores, esta salida de libreto se explica porque la propuesta de reforma - contaminada de un perfumillo conservador- tenía y tuvo el respaldo unánime de la oposición.

El arco de posiciones que comentamos, no cuenta en la instancia senaturial con el aporte del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) pero en el terreno político puede considerarse dentro del mismo pues coincide con estos disidentes del FA al igual que el IR.

Entonces vale la pena preguntarse cómo se establece en el escenario de la política nacional  la demarcación entre progresistas y conservadores; constando una vez más que muchos de estos últimos se encuentran en las filas de la mayoría gubernamental y punitiva.

De este modo se confirma esta constante que el policlasismo del FA posibilita. Es que son muchas y diversas las expresiones que converjen en su seno y que, especialmente, posiciones conservadoras sean hegemónicas en muchas ocasiones y en distintos planos. En este terreno, asistíamos a una cierta paridad de fuerza, que ahora parece revertirse para inclinarse más sobre el platillo conservador.

Hay que saber valor en su justo término este episodio, por lo que encierra en cuanto a la reafirmación de posturas de principios, así como por la significación que encierra la ruptura  con el voto robotizado.

Asistiremos a un segundo episodio cuando el proyecto llegue a diputados, allí observaremos los comportamientosya que se sumarán al juego los sectores que no tienen representación en senadores, incluida Unidad Popular.

Corresponde entonces que nos interroguemos sobre sus límites: ¿será un  acto aislado y puntual?, presagiará nuevos entendimiento en estos planos, es decir estamos ante un reflejo de política de principios que se mantendrá y repetirá?. Y,  sobre todo, ¿podrán transformarse estas visiones críticas, en actos de disidencia y desobediencia con las orientaciones de la política económica? Ya que se sabe que las mismas están influenciadas por orientaciones neodesarrollistas de cuño socio liberal- que representan el núcleo duro a alterar para producir un cambio de rumbo y profundizar el proyecto, como gusta decir a muchos?  Estas orientaciones, que no son otras que las impulsadas desde 2005, en mayor o menor medida, han recibido por parte de quienes conforman el citado “arco crítico”, diferencias, críticas y oposiciones, pero nunca han querido, o podido, trascender las expresiones aisladas, puntuales, para transformarlas en actos positivos y tangibles, incluidos en una perspectiva de pulseada frontal.

Este episodio tal vez este augurando las peripecias y las encrucijadas de un cuarto gobierno frenteamplista sin mayorías parlamentarias, que es el escenario que hoy estaría planteado para el próximo desenlace electoral.

Habrá que estar atento y verificar si este arco crítico que ahora emergió, tiene vocación de ir a más y  trasladarse a otros planos, o quedará como un simple y episódico acto reflejo.