Por Carlos Peláez

A principios de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas difundió una nueva filtración de documentos sobre la constitución de empresas offshore en diferentes paraísos fiscales, que revelaron una vez más como ricos y famosos esconden sus fortunas mal habidas en la mayoría de los casos.

Esta filtración se denominó “Pandora Papers” y es la continuación de otra ocurrida en el 2017 y conocida como “Panama Papers”. La diferencia es que ahora abarcó a varios países denominados “paraísos fiscales”.

En esta oportunidad se filtraron casi 12 millones de documentos confidenciales de 14 estudios de abogados especializados en la creación de sociedades y fideicomisos offshore en paraísos fiscales, como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros. Son documentos que van desde 1970 a 2018, considerando fecha de creación de empresas, pero la mayoría de los archivos relacionados cubren el rango temporal hasta 2020. Muestran distintas operaciones como el establecimiento de empresas fantasma hasta movimientos de cuentas bancarias en más de 30 jurisdicciones y al menos 10 paraísos fiscales. El trabajo revela negocios y secretos financieros de más de 30 líderes de Estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países, decenas de multimillonarios que integran los rankings de la revista Forbes, empresarios. También celebridades, cantantes y estrellas del fútbol mundial, según informó la agencia de noticias uruguaya Uy Press.

En Uruguay se crearon 418 sociedades offshore y nuestro país aparece con 485 beneficiarios finales de estas compañías, entre los que hay uruguayos, argentinos y brasileños.

Tener una sociedad offshore no es ilegal siempre y cuando se declaren sus activos y beneficios ante  las autoridades locales y se paguen los impuestos correspondientes.

Pero si no se puede demostrar el origen lícito de esos activos, las empresas se usan para evadir impuestos o para transacciones comerciales que no se pueden declarar, son ilegales.

Este es el destino principal de una empresa offshore.

Y aquí es donde aparecen los estudios jurídicos que se encargan de “hacer legal lo ilegal”.

El estudio más mencionado en esta oportunidad es Alcogal, propiedad de los abogados  panameños Alemán, Cordero, Galindo & Lee.

Según dice su web “la oficina de Alcogal en Uruguay se inauguró en julio de 2012. La apertura de esta oficina reforzó el plan de expansión de Alcogal y la intención de la firma de lograr una presencia sólida en todas las regiones principales del mundo. Cumple con dos objetivos claros: por un lado, atraer nuevos clientes del cono sur y, por el otro, satisfacer de forma más eficiente y cercana las necesidades de los clientes existentes de la firma en dicha región”

Agrega que “la oficina está instalada en el centro financiero del World Trade Center III, Luis Alberto de Herrera 1248, Oficina 361, un punto neurálgico de Montevideo. Su actividad se centra fundamentalmente en la incorporación de sociedades offshore en distintas jurisdicciones, así como en el asesoramiento con respecto a la planificación hereditaria, a través de fundaciones de interés privado y fideicomisos. Asimismo, ofrece también el servicio de apertura de cuentas bancarias”. La responsable de esta filial es la abogada Jacqueline Schwartz

Pero además del World Trade Center también aparece Zonamérica, concretamente la oficina 001 del edificio @ 1, General de Brigada Juan Antonio Lavalleja (ruta 8). Esa oficina es parte de la Industria de Servicios de Consultoría Gerencial, Científica y Técnica. Tiene tres empleados en total en todas sus ubicaciones y genera US$ 1.68 millones en ventas. Como el principal de esta sociedad figura Roberto Martín Guerineau.

Vale recordar que por una pequeña oficina propiedad de Latinur S.A. ubicada también en Zonamérica se fugaron en el 2002  millones dólares hacia el TCB de Isla Caymán, propiedad  del Grupo Peirano.

Varias veces mencionada aparece una oscura oficina ubicada en el edificio de Cerrito 571 de Montevideo Allí se han construido sociedades offshore para diversas personas investigadas por lavado o evasión en otros países.

En el World Trade Center del Buceo, estaba la filial uruguaya de la Banca de Andorra, encabezada por el contador Eduardo Ache, Desde esa oficina Andrés “Betingo” Sanguinetti, hermano de Julio Maria, lavó plata con la empresa Odebrecht por los que fue procesado en Andorra. Esa sucursal fue cerrada por el BCU, precisamente por lavar dinero. 

En el World Trade Center tenía una oficina Jorge “Charleta” Guldensoph donde ejercía el deleznable trabajo de usurero.

El “cuchillero” mayor

 

El 31 de mayo de 1999 la revista Noticias (Argentina) publicó una extensa entrevista a Abel Reynoso entonces jefe regional de la DEA quién afirmó que “investigaba una red delictiva que lavó unos 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico”. En su agenda figuran 3 bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay, Brasil y México”.
El agente especial explicó que “en esa investigación participaron el FBI y la US Securities Exchanges Commission (SEC) y desemboca en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el ex presidente Luis Alberto Lacalle”.

Reynoso explicó detalladamente lo que todos los uruguayos sabían: cómo y dónde se arma una sociedad anónima. Los nombres que expuso son los de: “Ignacio de Posadas, Alcides Diniz, Emir Yoma, Juan Salinas de Gortari, Fernando Collor de Mello, Carlos Menen y Luis Alberto Lacalle”.

Lacalle aseguró que no sabía “de ninguna investigación y que el país tiene leyes especiales. Es una acusación infundada”. El ex presidente sostuvo que “el Estudio Posadas se dedica a la confección de holdings. Pero él vende una sociedad anónima como un herrero le vende un cuchillo. Después, lo que usted haga con el cuchillo es problema suyo”. A su vez Ignacio De Posadas calificó como “macanas” las acusaciones formuladas por el Senado de Brasil sobre su participación en el caso Collor.

Pero el Estudio Posadas, Posadas y Vecino ya había tenido problemas antes. Según relató en abril del 2002 el sitio La Onda Digital: “Lo más granado de la capacidad investigativa argentina avanzó la semana pasada sobre Uruguay. No pedían grandes allanamientos –proclaman no querer invadir el fuero judicial uruguayo ni alterar la estabilidad financiera del país–, sino que venían a buscar información de dos compañías off shore que operan en realidad fuera de Uruguay. La información buscada les puede confirmar las pistas de evaporación de cientos de millones de dólares en que incurrieron los hermanos Röhm. Querían conocer el tenor de la denuncia del Banco Central contra los Röhm y querían allanar la Compañía General de Negocios (de los mismo dueños del Banco Comercial) en sus dos locales, como Sociedad Anónima uruguaya y como Sociedad Anónima de las Islas Vírgenes con sede en Uruguay. 

Vinieron la jueza doctora María Romilda Servini de Cubría, un contador experto de su Juzgado, la fiscal doctora Alejandra Perroud y la directora de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), alta jerarquía del Banco Central de la República Argentina, contadora Alicia López. Estas dos últimas ya habían venido a realizar un allanamiento en la firma Merril Lynch en mayo de 1994, junto con un delegado de la misma jueza, porque este equipo, entre otras causas, hace once años persigue el lavado de dinero (drogas, armas, sobornos, evasión) del mayor lavador del mundo, Gaith Pharaon, buscado en todo el planeta y probablemente oculto en Arabia Saudita. Cuando a la hora y media de estar allanando estaban ya repletos de información, básicamente empresas de Pharaon manejadas por el estudio Posadas, Posadas y Vecino, abogados de este estudio interrumpieron el allanamiento aduciendo secreto bancario. Merril Lynch fue declarada casa bancaria una semana después. Tanto Merril Lynch (1994) como Compañía General de Negocios (2002) tienen el mismo estudio de abogados, el que en la primera, además, tiene participación: Posadas, Posadas y Vecino. Nadie convence a personal de ese Juzgado que De Posadas no es el dueño de Uruguay, o, por lo menos, inasible a la ley. 

Con un juez querían conocer la denuncia del Banco Central del Uruguay contra los hermanos Röhm, sobre lo que se supone es el fraude más grande en la historia de Uruguay. Si uno tiene bonos, oro, títulos de cualquier especie en los medios financieros de los Röhm, ya no los tiene. Se los robaron los Röhm. Con contribución del Estado uruguayo y, muy probablemente, de los socios de los Röhm, el banco se los pueda devolver. Un Röhm está preso y otro prófugo. Se fueron sin saber si realmente hay una denuncia, un informe, un ‘algo’ contra los Röhm en Uruguay. Les extrañó mucho, porque los Röhm robaron sobre todo en Uruguay. La parte argentina del daño es menor que la uruguaya. 

Con otro juez querían allanar dos compañías de los Röhm, donde guardaban la documentación de sus irregularidades. El jueves 14 de marzo el juez les dijo que lo llamaran a las 14.30 del viernes 15 al Juzgado porque iba a consultar a la Fiscal. En rigor no era necesaria la consulta. Es viernes el juez les dijo que llamaran a la fiscal, cosa que hicieron a las 14.45. Esta les dijo no saber que estaban en Montevideo esperando y que les iba a contestar a las 17.30. A esa hora se les comunicó que llamaran el lunes. El lunes llamaron desde Buenos Aires y les dijeron que vinieran que hacían los allanamientos el martes a las 15.00. Con el juez, la fiscal, personal del Juzgado uruguayo, el equipo argentino se presentó a allanar la Compañía General de Negocios. A la gente del Banco Central, sin embargo, no le pareció adecuado. El Poder Ejecutivo paró al Poder Judicial. In situ el juez uruguayo resolvió no allanar ese lugar ni el otro. Los argentinos no entienden: los Röhm son uruguayos –los dos–, robaron acá y no pasa nada”, afirmó el  citado medio.

La semana pasada fue el semanario Búsqueda quién reveló actividades recientes del más famoso estudio uruguayo.

“Los Pandora Papers revelan el alcance del trabajo desarrollado por estudios jurídicos para políticos brasileños acusados de corrupción

Posadas, Posadas & Vecino y Asiaciti Trust armaron una compleja estructura de sociedades anónimas que no fue informada a las autoridades uruguayas y crearon documentos con fechas antedatadas que permitieron justificar transferencias bancarias calificadas años más tarde como coimas por la Justicia de Brasil.

El exdirector de Abastecimiento de Petrobrás Paulo Roberto Costa era conocido en 2014 como el “hombre bomba”. Uno de los primeros en caer en el marco de la Operación Lava Jato a mediados de ese año resolvió declarar como arrepentido a cambio de una reducción de su condena. El 19 de diciembre de 2014 el diario O Estado de São Paulo divulgó varios nombres identificados por el “hombre bomba” en sus delaciones como presuntos implicados en la trama de corrupción más grande en la historia de Brasil.

Ese 19 de diciembre de 2014, a las 11.56, un funcionario del estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) envió un correo electrónico a Asiaciti Trust, un proveedor de servicios societarios, para ordenarle que disolviera tres sociedades anónimas, dos de las cuales tenían como beneficiarios finales a políticos de primera línea de Brasil: el diputado Eduardo Cunha y el presidente de la cámara baja, Henrique Eduardo Lyra Alves, quien había sido mencionado de manera explícita en el artículo de O Estado de São Paulo. .

Ese correo electrónico y cientos de documentos incluidos en los Pandora Papers, expedientes judiciales de Brasil y Uruguay muestran el rol que desempeñaron el estudio PPV y Asiaciti Trust en la provisión de servicios a políticos brasileños luego acusados de corrupción, lo que incluyó la creación de estados contables y resoluciones para justificar movimientos de dinero. También permiten ver cómo el bufete uruguayo entregó información parcial sobre el tema a las autoridades locales, según el análisis desarrollado por Búsqueda en los últimos meses”.

 ”Es el sistema, estúpido”

Ese estudio fue el que armó toda la ingeniería jurídica de la Regasificadora  y quién aconsejó contratar a la empresa brasileña OAS, que se retiró del proyecto cuando estalló el escándalo Lavajato.

Fue también quién logró a mitad del 2020 la firma de un decreto por parte del Poder Ejecutivo encabezado por Lacalle Pou, que fortaleció sin pagar impuestos las reservas de calizas para la empresa Cemento Artigas.

De Posadas ayudó a lavar dinero bajo los gobiernos blanco, colorado y frentista. Jamás fue investigado en Uruguay. Lo que da razón a quienes opinan que es el dueño del país y está fuera del alcance de la ley

Hasta el 2017 ese estudio administró la mayoría de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) que dieron soporte legal a  muchos corruptos uruguayos, argentinos, brasileños y españoles.

Desde la aprobación de la reforma tributaria de Danilo Astori, ya no se puede constituir una SAFI. Pero las SA uruguayas se usan para abrir empresas offshore, principalmente en Panamá pero también en Hong Kong, Seychelles, Belice e Islas Vírgenes.

Es bien curioso que mientras por un lado se crean leyes y organismos para combatir el lavado de dinero, por otro se tolera la actividad de quienes permiten el lavado.

“El que abre una offshore algo quiere ocultar”, sentenció en el 2017 el entonces senador suplente del MPP Andrés Berterreche, en los primeros coletazos vernáculos de los “papeles de Panamá”.

Y sin dudas, tenía y tiene razón.

Pero para eso están los estudios, para fabricar esos cuchillos.