Por Carlos Peláez

La formalización del comisario mayor Fernando Pereira, Coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, acusado por varios delitos, reveló una situación extremadamente grave que afecta la seguridad ciudadana y la credibilidad policial.

Si bien Pereira, que era el tercero en el Comando de Jefatura, es el de mayor jerarquía procesado alguna vez en este departamento, el fondo del asunto, es decir la corrupción policial, no es tema nuevo.

Cinco delitos de corrupción y abuso de funciones determinaron la imputación por parte del fiscal Jorge Vaz. Pero luego de la audiencia Vaz fue claro al afirmar que la investigación recién  comenzaba y era probable que Pereira hubiera cometido otros presuntos delitos, como vinculaciones con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito, que si bien no existe como figura penal si existe el cohecho, es decir coima.

El Sindicato Policial de Maldonado (SIPOLMA) se reunió hace 15 días  con el  ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para explicarle las razones de su reclamo para que el Jefe de Policía, comisario general Julio Pioli, sea destituido o renuncie al cargo.

Pioli es un vejo oficial de policía que ha hecho casi toda su carrera en Maldonado . En el período pasado se desempeñó como Sub Jefe de Erode Ruiz. Por lo tanto conocía muy bien al jerarca ahora formalizado quién también hizo toda su carrera en este departamento.

Sabía, por ejemplo, que el 5 de febrero del año 2002  Pereira  fue procesado con prisión y condenado por la jueza penal Fanny Canessa como autor penalmente responsable de “un delito de lesiones graves especialmente agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales especialmente agravado y un delito de abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de violencia privada”. Se lo condeno a una pena de tres años y ocho meses, de la que cumplió pocos meses. La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de lo penal de 2do. Turno en sentencia 418/2009.

Siendo Sub Jefe Pioli también  fue informado por el SIPOLMA que en la Escuela Departamental de Policía se torturó a varios aspirantes “introduciéndoles la cabeza en baldes con agua fría”. Pero solamente removió a los instructores. Nada más hizo. Por ejemplo, no dio cuenta a fiscalía.

El Jefe de Policía sabe que muchos oficiales y funcionarios realizan el servicio 223 (seguridad privada) que está prohibido por la ley Orgánica policial. Dirigentes sindicales dijeron a Claridad que “en Maldonado hay una red ilegal de trabajo en negro dentro de la propia Jefatura”.

Pioli también sabe que hay oficiales de policía que  tienen empresas de seguridad, algo también prohibido por la citada ley.

El ministro lo ratificó en el cargo, el intendente Enrique Antía lo apoyó, pero cuando avancen las investigaciones se verá cuál es la verdadera responsabilidad del Jefe de Policía.

En tanto Pereira que en principio fue condenado por el juez Vital Rodríguez con  90 días de prisión domiciliaria, ante la apelación del fiscal Vaz un Tribunal ordenó que el oficial de policía fuera trasladado a la cárcel. Desde la semana pasada se encuentra alojado en el establecimiento carcelario de Conventos, Cerro Largo. 

Su amigo Cardoso

El caso tuvo como figura lateral al ministro de Turismo, Germán Cardoso, quién apareció varias veces en la intercepción de llamadas que por orden judicial se hicieron durante un año sobre los teléfonos de Pereira. Ambos dijeron ser amigos tanto que el comisario dijo al que quisiera oírlo que “Cardoso lo había colocado como el tercero de Jefatura”. El fiscal Vaz señaló que “en las llamadas interceptadas surgía esa información”.

Según el dictamen fiscal “Cardoso aparece 11 veces en esas llamadas” y en todos los casos fue para interesarse sobre temas personales. Cardoso dijo que “las comunicaciones con el oficial Pereira eran de interés público. Hice lo que debía hacer como funcionario público: denunciar presuntos delitos”.

Ocurre que las llamadas revelan que todos los asuntos por los cuáles se comunicó con el comisario Pereira eran de su interés personal. Veamos el detalle de 8 llamadas de las 11 difundidas por Fiscalía.

El 2 de noviembre de 2020 a las 20:15 Fernando Pereira llamó a Jhonny Silva, jefe del Distrito 3, para pedirle que mande un móvil a la Ruta 39, tras la rotura de un vidrio del auto de Cardoso con una piedra. En «el marco de la amistad» existente, el Coordinador de Jefatura, nuevamente saltea los procedimientos normales, utilizando los bienes públicos para «atender el llamado de un amigo», que logra «un trato preferencial que no obtiene el resto de los ciudadanos».

El 1° de diciembre de 2020 a las 16:25, Cardoso llama Pereira para decirle que a su madre le hicieron «el cuento del tío», y quiere saber el número desde donde la llamaron.

El 13 de diciembre de 2020 a la hora 02:28 Cardoso llama a Pereira consultando los datos de una camioneta de alta gama incautada durante un procedimiento por drogas. El ministro manifiesta que «la camioneta es muy nueva y que se la va a pedir al presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), que es quien la incauta», que se la otorgue a su cartera. Ocho días después, a las 08:37, lo vuelve a llamar pidiéndole «todos los datos de la camioneta» para pedírsela a la JND. El jerarca policial llama al Director de Narcóticos de Maldonado y le traslada el pedido de Cardoso. Ante esto, el oficial le advierte al Fiscal que tratándose de un vehículo embargado, incautado, a disposición de la Justicia, y por su carácter reservado, no se daría información a terceros. Esto configuró otro acto abusivo de su cargo, según el artículo 9 de la Ley 19.823, la cual prohíbe «tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista».

El 30 de diciembre de 2020, a las 19:29, Pereira llama al comisario Sánchez de la 10ª de Punta del Este, «por una mujer que chocó con una columna ya que lo llamó Germán Cardoso, pues la misma es conocida de la mujer de éste, y quiere saber si le habían realizado una espirometría» ya que había ingerido alcohol. El comisario le confirmó la realización de la espirometría. Solicitó información reservada sin un fin de interés público, lo que da a entender que se intentaba evitar la prueba de espirometría si eso era posible, explicó el fiscal.

El 27 de enero del 2021 el hermano del ministro llama a Pereira y le pregunta sobre un siniestro de tránsito que tuvo una amiga de ambos el 19 de enero. Le expresa que su amiga «lleva las de perder, ya que las abogadas están arregladas», por lo que habló con las fiscales y que quiere «saber si la ha visto médico forense». Pereira le solicita el número de evento policial. El hermano del ministro, sondea la situación en marzo, pero el jerarca se excusa señalando que «ellos dependen de lo que diga el Fiscal, que está quieto», ante lo cual el hermano de Cardoso expresa que quiere «ver las pruebas que tiene la Policía», y Pereira le insiste con que a eso no puede acceder. Si bien no hubo revelación de secreto, si consta que el jerarca se interiorizó en un asunto policial, en un acto abusivo de su cargo desviándose de la actuación en función del interés público.

El 7 de marzo de 2021 a las 02:24,Cardoso llama a su amigo Pereira  porque frente a su casa se estaban realizando  “picadas de motos, música, escándalo y corridas”. Pereira dispuso el envío de un móvil.

El 13 de abril de 2021 a la 17:07 Pereira llama al fiscal Vaz para informarle que “el ministro Cardoso quería hablar con él por un asunto particular”. El encuentro nunca se concretó.

El 24 de abril de 2021 a las 19:05, Pereira llama al ministro y este le pregunta cómo hacer una denuncia «ya que se utilizaba su nombre para hacer estafas». El efectivo le ofrece hacer la denuncia personalmente o la posibilidad de que concurriera un policía a su domicilio. Si bien no se constató la concurrencia de un efectivo, la sola oferta muestra un abuso de su cargo, ya que a ningún ciudadano se le ofrece algo así, explicó Vaz.

Resulta difícil creerle a Cardoso conociendo su pasado político. Comenzó su vida laboral y política junto al ex senador Wilson Sanabria. Primero al frente de una rentadora de autos propiedad del fallecido dirigente colorado, luego como secretario en el despacho de quien era entonces diputado.

Fue el dinero y el poder político de Sanabria los que catapultaron como edil a Cardoso, que entonces era su yerno. Cuando dejaron de  ser “familia política”, el novel edil perdió todos sus privilegios, incluida una camioneta 4 x 4 que usaba para sus tareas.

Pero las relaciones políticas se recompusieron. Sanabria fundó Cambio Nelson, se hizo del control de 5 frecuencias radiales en Maldonado – la más conocida FM Gente – compró campos, puso una  inmobiliaria, una concesionaria de vehículos, amplió su tambo, construyó edificios. Y encontró en Cardoso a un socio ideal para impulsar a Francisco Sanabria, hijo del senador.

Antes de ir preso Francisco fue suplente de Cardoso en Diputados y secretario general colorado en el departamento.

El dinero lavado por Cambio Nelson pagó por lo menos dos campañas electorales de Cardoso, quién dejó a Sanguinetti y se pasó con Pedro Bordaberry y luego fue gestor de un acuerdo político con Enrique Antía para desplazar al Frente Amplio del gobierno departamental.

Mediante ese acuerdo logró “colocar” como jerarcas a varios de sus dirigentes, incluido su propio hermano que ingresó con un grado 10C.  

Cardoso logró nuevos bríos cuando conoció y luego se casó con María Noel Ortiz, autodefinida como “militante lacallista” e hija del ex senador y actual diputado suplente por el Herrerismo, Francisco Ortiz, y de la también diputada herrerista Mabel Quintela. Ambos importantes empresarios laneros de Treinta y Tres.

Antes, la esposa de Cardoso fue pareja del hoy intendente olimareño, Mario Silvera, con quién tuvo un hijo llamado Matías, actual edil herrerista en ese departamento. Según informó el semanario Brecha “en setiembre de 2020 el joven edil tuiteó, como si fuera un mérito político y no familiar,  que  Cardoso depositó en él “su confianza como embajador en su departamento para «los próximos años”.

El actual ministro de Turismo siempre hizo carrera política apoyado en sus vinculaciones, nunca en su capacidad. Aunque tal vez esa sea su mayor capacidad: saber con quién debe estar en el momento adecuado.

En Maldonado, no es un dirigente respetado precisamente porque sus vínculos pasados son demasiados públicos.

Después del dictamen fiscal, que sancionó a Pereira pero lo exoneró a él,  tanto el presidente Luis Lacalle Pou, como Julio María Sanguinetti líder del Partido Colorado, hicieron público su más decidido apoyo al ministro.

Esta semana, y antes que terminen las investigaciones del fiscal Vaz, Cardoso deberá responder ante una comisión Parlamentaria y también ante la JUTEP, quién primero dijo que no veían elementos para investigarlo pero luego, “por una denuncia anónima”, decidió abrir un expediente.