Brenda Bogliaccini[1]

Todo indica que nuevamente vivienda y hábitat no serán una prioridad en la Rendición de cuentas. ¿Alcanza el presupuesto de vivienda que tiene hoy el MVOTMA para enfrentar las demandas y necesidades existentes? No. Sabemos que no. El 0,48% del PBI es un presupuesto que está muy por debajo de lo necesario para avanzar.

El conjunto de líneas de trabajo del Ministerio de vivienda es amplio y diverso porque no hay una respuesta que por sí sola resuelva la multiplicidad de necesidades que existen. Sin embargo, sabemos que los recursos destinados son pocos en relación con las necesidades. Las prioridades del Poder Ejecutivo se han situado en otros lados y la vivienda y hábitat han quedado en un lugar secundario. En la primera administración se puede comprender que hubieran otras urgencias, pero en esta tercera administración del FA se hace difícil de sostener.

En especial porque si algo hemos aprendido en estos años es que la superación de las desigualdades y la inclusión social requieren del protagonismo de las políticas de vivienda y hábitat. Existen estudios realizados a solicitud del MIDES que señalan que avanzar en resolver las situaciones de exclusión social es muy difícil sin una política de vivienda que respalde las otras políticas sociales. Sin vivienda y trabajo, las transferencias económicas, los acompañamientos psicosociales, la promoción de la inclusión en los servicios universales de salud y educación no logran por sí solos tener un efecto de superación de las situaciones de exclusión, no logran romper el círculo de reproducción de la pobreza. La sostenibilidad de los procesos es muy difícil y requieren de una respuesta en vivienda. Y esto tiene un efecto en la vida de las personas en el presente y en el futuro porque los niños y niñas en situaciones de pobreza siguen siendo muchos en el Uruguay de hoy pese a la mejora de estos indicadores en general. La pobreza se concentra en la niñez y adolescencia (17,4% de los niños menores de seis años vive en hogares con ingresos menores a los de la línea de pobreza, INE).

Una estimación realizada por la Unidad temática de Vivienda y hábitat de la Comisión Nacional de Programa del FA, de acuerdo a datos del Censo 2011, calculaba en unas 20 a 25.000 viviendas las que están en situación de precariedad habitacional extrema. Afrontar seriamente la emergencia sociohabitacional requiere una respuesta inmediata y con impacto real. Exige más recursos en esta Rendición de cuentas, para avanzar sin quitarle recursos a los otros programas del MVOTMA que de por sí son limitados y sustantivos para avanzar en otras políticas de vivienda.

Como decíamos al comienzo, una política de vivienda y hábitat debe abrir una amplio abanico de posibilidades para responder a necesidades múltiples de la población. En nuestro país tenemos un acumulado extraordinario con el cooperativismo de vivienda, en particular con el de ayuda mutua. Apostar a cubrir el total de la demanda del cooperativismo sería un objetivo a jerarquizar. Nuevamente para esto necesitamos más recursos, en este caso con la certeza de que se cuenta con un actor social con gran experiencia y buenos resultados.


Otro tema central es el de los alquileres, especialmente para los jóvenes y sectores de ingresos bajos y medios que no quieren o no pueden afrontar el tema de la vivienda de forma definitiva. En este caso la solución no está centralmente en la obtención de más recursos. Hoy estamos pagando las consecuencias de la liberalización del mercado de los alquileres que ha tenido como efecto el encarecimiento de sus precios. Son prácticamente inaccesibles para importantes sectores de la población. En 1974, durante la dictadura, junto con la liberalización del mercado de arrendamientos se incorporó el compromiso asumido por el Estado de indemnizar a los propietarios afectados si el sistema se modificaba en los siguientes veinte años, plazo extendido hoy hasta 2034. La viabilización del mercado de alquileres requiere introducir otra lógica que contemple la necesidad social del inquilino y no solo la ganancia del propietario. Para ello es necesario la creación de un subsistema, dentro del régimen legal actual que, para propietarios que acepten condiciones de regulación de precio y estabilidad de los contratos, establezca beneficios como sistemas de garantías de cobro y subsidios para ampliar la demanda. Asimismo, préstamos “blandos” a pagarse con retenciones de los alquileres, para que esas viviendas se puedan poner en condiciones de arrendar. 
Esta oferta privada deberá ser complementada por una oferta pública, como existe en otros países del mundo.

Las carencias de vivienda y hábitat dignos siguen siendo un problema para muchos uruguayos, así como la falta de respuesta a la altura de las necesidades. Es uno de los debe más importantes de las políticas del gobierno del FA.

En el caso de los arrendamientos la ausencia de debate y el silencio en torno al problema evidencian la falta de voluntad para cambiar la realidad en el mercado inmobiliario y la ausencia de iniciativa a nivel gubernamental para procurar una solución a este problema.

Por otro lado, la falta de visibilidad pública y de cuestionamiento de lo que significa que el presupuesto del MVOTMA sea el 0,48% del PBI ha sido uno de los factores que ha impedido avanzar en forma significativa en los planes y programas. En este caso la escasez de recursos es la razón fundamental de las carencias de vivienda y hábitat dignos para muchos uruguayos

[1] Integra el Secretariado del PVP-Espacio 567, Frente Amplio.