Por Garabed Arakelian

“Sin consecuencias”, tituló  EL País, en una exhalación de alivio, al dia siguiente de la interpelación -19 de mayo de 2021-. Es que todo el oficialismo vivía, desconfiando de sí mismo, el temor de que la mayoría parlamentaria no respondiera a la disciplina partidaria respaldando, sí o sí, la actuación de  la ministra Azucena Arbeleche como broche oro a la interpelación realizada por la bancada del Frente Amplio, en este caso por el diputado socialista Gonzalo Civila.

 Ministra Arbeleche en  el recinto de la Cámara de diputados durante la interpelación

La iniciativa se fundaba en las exenciones tributarias concedidas a una empresa propiedad de Isaac Alfie, titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y venía precedida por un reclamo de renuncia  para ambos: Ministra y Director, por parte del Partido Socialista.

La gozosa afirmación del órgano oficialista conjeturando que no habría consecuencias, contó con el antecedente ofrecido por la bancada de los diputados afiliados al partido de gobierno.  En una festiva conferencia de prensa y desdeñando todo protocolo sanitario -entre vivas y aplausos dedicados a exaltar en última instancia el magro desempeño de la ministra, intentaron poner en el brindis de despedida lo que había faltado durante la sosa, tediosa y prolongada intervención ministerial.

Diputados socialistas durante la interpelación

Se trató de la primera interpelación que se le planteaba al gobierno parduzco y fue recibida por la ciudadanía con un: “al fin el FA sale a dar la pelea”. Mientras el interpelante subrayó, con firmeza y tal como lo había anunciado, la colusión de intereses en perjuicio del bien público y los aspectos éticos de la acción ministerial al firmar los  beneficios denunciados, la interpelada se limitó a resaltar que todo se había desarrollado dentro de la más estricta legalidad. Escuchando ese sonsonete argumentativo, reiterado como un mantra por parte de la ministra, y que además no respondía a los aspectos esenciales del llamado a sala y a las preguntas planteadas, se puede hacer un paralelismo comparativo con “Cara Cortada” (Scarface), célebre delincuente que reinó en las calles de Chicago cuando imperaba la ley seca, que fue detenido tras larga persecución judicial imputado por crímenes, asaltos y una larga serie de barbaridades siendo sentenciado finalmente por eludir el pago de sus obligaciones impositivas. De modo que, se puede decir que si bien la legalidad sin desmerecerla en absoluto, es necesaria, ella no resulta suficiente para evaluar y juzgar la actividad y el desempeño de quienes trabajan en el terreno político. La Justicia quizás analice el tema y lo circunscriba al cumplimiento o no  de los requisitos legales y allí seguramente se verificará que no hay falta sino cumplimiento de tales requisitos, pero el tema no es ese sino el usufructo de beneficios que, pese a ser legales, tiene todas las características del aprovechamiento y el  beneficio que otorga estar cerca de la fuente de poder. La condición de “merodeador” de dichas fuentes y ser además integrante de las mismas en reiteradas oportunidades, genera el respetable “principio de la duda” acerca de la condición de beneficiario privilegiado como la tiene sin duda el sujeto que provocó el llamado a sala: Isaac Alfie  Stochek

Una premisa: Alfie no es un contador que solo entiende de números. Es inteligente y entiende de muchas cosas más. Primordialmente sabe de seguridad personal, defensa propia e interés personal. ¿Está esto reñido con la legalidad? Obviamente que no. Y menos aún luego del pronunciamiento realizado por la ministra interpelada que quizás curándose en salud, reivindicó el derecho de todo funcionario público a mantener actividades en el campo privado.  

El “Lito”” así lo conocían y lo conocen desde niño en los ámbitos que frecuentó, ingresó en 1985 a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el cargo de asesor. En 1991 pasó al Ministerio de Economía y Finanzas como asesor en el área de macroeconomía y de allí, en 1995, entró a dirigir la Asesoría Macroeconómica. Fue Jorge Batlle quien lo introdujo en el mundo de la política en agosto de 2003. Cuando el Ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, renunció a su cargo le ofreció el puesto, el Lito aceptó y se quedó como ministro hasta el 1º de marzo del 2005. Después, sin nada de inversión en su inexistente carrera política y sin caudal de votos, merced a un dedazo de su mentor primereó en la nómina y ocupó un escaño como senador por la Lista 15 del Partido Colorado hasta que finalmente desapareció de la actividad política, aunque eso no signifique alejarse de las actividades vinculadas con la política, por ejemplo todo lo referente a la economía y el asesoramiento en ese terreno. Con su currículum, su clara ideología y su “saber hacer” en el terreno político, y sin trabas de carácter subjetivo que actuaran como impedimentos, obtuvo de buen modo, y en términos absolutamente legales, jugosos contratos por parte de varias intendencias y numerosas empresas nacionales e internacionales.  

En ese fructífero desempeño tienen destaque los contratos “de obra” firmados y justificados por la Intendencia de Maldonado en la administración Antía y el “asesoramiento” supuestamente técnico que brindó a la empresa Aratirí para su juicio contra el estado uruguayo. Todo eso siempre dentro de la más estricta legalidad. Patriotismo, amor, respeto y sensibilidad por las aspiraciones populares y los intereses superiores de la nación, aceptados como elevados valores ¿entran o no en colusión con la legalidad defendida por la Ministra y practicada de manera fervorosa por gran cantidad de dirigentes políticos de la coalición de gobierno? En el área de la Justicia y en particular de la justicia penal dar cobertura, y justificación a todo acto reñido con la legalidad o que sea proclive a esa actitud suele denominarse complicidad. ¿Existe eso en este caso?

Ni las respuestas de la ministra ni el alborozo de la charanga parda han dado respuesta a las interrogantes, planteadas y deducidas, a esto que no se mide solamente por el monto de los dineros exonerados sino por la actitud ante el bien que todo funcionario público debe defender. Es que cuando se asocian Ministerios y OPP, Poderes,  partidocracia y legalistas al tanto por cuanto, el estado queda inerme porque no se trata ya del abordaje pirata sino del ataque corsario de la peor calaña. Porque todo está siempre dentro de la legalidad.

¿Qué se le puede achacar como ilegal al presidente de la OPP?  Pues nada. Y hay que andarse con cuidado pues si se le pregunta demasiado y con detalle puede el sujeto  iniciar un juicio por injurias y otros etcéteras con altísimas probabilidades de tener éxito en su demanda. Si Scarface “la sacó barata” y salió incólume de su paso ante la justicia, acá en el Uruguay hay mejores condiciones aún: si lo descubren renuncia al privilegio y aquí no ha pasado nada. Solo un intento y eso no tiene pena. Pero las preguntas que formuló Civila y que no fueron respondidas, son deudas con él y con la ciudadanía que las seguirá formulando